Fachada de la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE/ Kai Forsterling/ArchivoEscola Valenciana ha pedido este martes a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados que presenten un recurso de inconstitucionalidad antes del comienzo de curso para paralizar la ley sobre la elección de lengua en la educación.
Así lo ha señalado después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) no haya admitido, por falta de competencia, el recurso de esta entidad contra una ley que consideran contraria al derecho de las familias de iniciar el curso con el proyecto de inmersión lingüística en el que habían comenzado el proceso de admisión del alumnado.
En el escrito presentado en sede judicial, firmado por tres familias afectadas, se explicaba que los centros escogidos por parte de las madres y padres para cursar el próximo curso están incorporados dentro de los denominados "programas experimentales de inmersión lingüística en valenciano", y la nueva ley los dejaba sin efecto para el curso 2024-2025, por lo que pedían la medida cautelar de paralización de esta disposición.
Según un comunicado de Escola Valenciana, el TSJCV ha indicado expresamente que la competencia para impugnar disposiciones legales la tiene el Tribunal Constitucional, motivo por el cual inadmite el recurso presentado.
En consecuencia, la entidad pide a los partidos en el Congreso que recurran al TC y pidan paralizar la disposición final segunda apartado segundo que obliga en los centros de Infantil con programas experimentales autorizados a impartir desde el curso 2024-2025 "un mínimo del 25 % del tiempo lectivo en cada una de las dos lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana".
"No dejaremos que esta traba nos haga decaer, continuaremos trabajando para paralizar, en todos los niveles y en todos los ámbitos educativos, esta ley nefasta para el alumnado", ha asegurado Alexandra Usó, presidenta de Escola Valenciana.
La entidad ha lanzado además una campaña de recogida de firmas para exigir la dimisión del conseller de Educación, José Antonio Rovira, que lleva reunidas más de 3.000 firmas en los primeros días, y ha advertido de que continuará con las movilizaciones y acciones sobre una ley "que arrincona el valenciano" y "no garantiza la enseñanza equitativa de las dos lenguas oficiales".
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