Estalla otra bomba de corrupción en Canet d'En Berenguer: Una sentencia tumba el contrato de hace 21 años con Egevasa y confirma la existencia de una organización interna en el Ayuntamiento para adjudicar contratos públicos

José Antonio Sancho Sempere, segundo por la derecha, en la inaguruación del Colegio Mas Camarena de Caner d"En Berenguer. EPDA

Una sentencia reciente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, de la que ha tenido conocimiento en exclusiva El Periódico de Aquí, refiere la existencia de otro caso grave de corrupción en el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer y la existencia de una organización interna estructurada para adjudicar contratos públicos a favor de empresas afines a autoridades, funcionarios y empleados municipales.

Un nuevo escándalo de corrupción se cierne sobre el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer y permite la opción de sentar en el banquillo a todos los miembros de todas las juntas de gobierno del consistorio valenciano, desde los cuatro alcaldes de las últimas seis legislaturas, hasta todos los funcionarios municipales implicados y entre ellos al que fuera secretario general, interventor y jefe de los servicios jurídicos de la corporación, José Antonio Sancho Sempere.

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere ha tenido acceso a una histórica sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer, firmado hace 21 años en concreto en el año 2004 y posteriormente prorrogado por el mismo Ayuntamiento

Se trata de la sentencia 1731/2025 del Tribunal Superior de Justicia, Sala de lo Contencioso, Sección 5 de fecha 31 de marzo de 2025 con el número de recurso 6/2025 y número de resolución 188/2025 de Procedimiento, de la que ha sido ponente el Magistrado Fernando Nieto Martin.

Esta resolución judicial obliga al Ayuntamiento de Canet a revisar de oficio el controvertido contrato original de 2004, así como su prórroga de 2009, por haberse suscrito “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

La sentencia simboliza una derrota judicial importante para el Ayuntamiento y para la empresa adjudicataria Egevasa, tras un recurso de apelación interpuesto por Aqlara Ciclo Integral del Agua, una empresa competidora en el sector del.

El alto tribunal valenciano en dicha resolución judicial revoca un fallo previo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Valencia que inicialmente había inadmitido la revisión de los contratos. Además, el tribunal impone las costas procesales y de apelación al Ayuntamiento de Canet y a Egevasa, lo que subraya la contundencia del fallo.

Procedimiento irregular y falta de transparencia

El Tribunal considera que el contrato original de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer, firmado hace 21 años fue adjudicado mediante un procedimiento “llamativo” por su uso del mecanismo de negociación sin publicidad, una vía que resulta “tan especial, limitada y restrictiva de la competencia” que no es adecuada para la gestión de un servicio tan esencial como el abastecimiento y saneamiento de agua potable en un municipio con más de 7.000 habitantes y un importante atractivo turístico por sus playas.

La resolución destaca el daño a los principios fundamentales de la contratación pública: la transparencia, la libre concurrencia y la adecuada gestión de los recursos económicos públicos.

Otro aspecto crucial que resalta la reciente sentencia es que, aunque el Ayuntamiento solicitó tres ofertas a empresas diferentes, estas estaban vinculadas entre sí, y lo más grave es que el contrato fue adjudicado sin que en el momento de la decisión el municipio tuviera las tres ofertas requeridas legalmente. Esta irregularidad empaña la licitud y validez del contrato.

Pero el aspecto más importante de esta sentencia radica en el acuerdo de fecha 2 de marzo de 2023.

El acuerdo del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer de 2 de marzo de 2023 es de relevancia central en la sentencia STSJ CV 1731/2025, ya que constituye el acto administrativo cuya legalidad estaba siendo cuestionada y que fue finalmente anulado por el tribunal.

Naturaleza y objeto del acuerdo

El acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Canet del 2 de marzo de 2023 consistió en la inadmisión de la petición de revisión de oficio presentada por la mercantil AQLARA Ciclo Integral del Agua S.A. Esta solicitud pretendía que se revisara la validez de los actos administrativos relativos a la adjudicación del contrato de gestión del servicio municipal de agua potable (15 de abril de 2004) y a su prórroga (10 de febrero de 2009), alegando posibles causas de nulidad de pleno derecho por irregularidades en el procedimiento de contratación.

Argumentos del Ayuntamiento para la inadmisión

El Ayuntamiento apoyó su decisión en varios argumentos, entre ellos:

• El carácter excepcional de la revisión de actos administrativos firmes (artículo 106 Ley 39/2015).
• El largo tiempo transcurrido desde la adjudicación y prórroga (18 y 13 años respectivamente), invocando seguridad jurídica y buena fe, así como la posible afectación a derechos de terceros de buena fe y el principio de confianza legítima.
• Consideró que la actitud pasiva del recurrente (AQLARA) y la existencia de una acción concertada con fines de negocio restaban fundamento a la petición de revisión.

Relevancia para el fallo judicial

La sentencia del TSJCV otorga una importancia primordial a ese acuerdo municipal por las siguientes razones:

• Es el acto impugnado por AQLARA a través de la vía contencioso-administrativa.
• El tribunal analiza si estaban justificadas la inadmisión y los argumentos empleados por el Ayuntamiento, concluyendo que no estaban suficientemente motivados en derecho ni en los hechos, y que debía prevalecer una plena revisión judicial del fondo del asunto
• Finalmente, el tribunal anula el acuerdo del 2 de marzo de 2023, ordenando al Ayuntamiento iniciar y tramitar el procedimiento de revisión de oficio de los contratos, por existir indicios fundados de nulidad de pleno derecho por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (artículo 47.1.e) Ley 39/2015). Consecuencia procesal

La anulación de dicho acuerdo es el contenido esencial del fallo, que impone al Ayuntamiento la obligación de dictar en el plazo de tres meses un nuevo acuerdo que aborde la revisión de los contratos mencionados, fundamentando la causa de nulidad de pleno derecho detectada por el tribunal.

Argumentos de la empresa recurrente

Aqlara Ciclo Integral del Agua ha conseguido la anulación del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'En Berenguer basándose en varios argumentos sólidos relacionados con irregularidades en el procedimiento de contratación:

Estos argumentos permitieron a Aqlara recurrir la decisión del juzgado que inicialmente rechazó revisar el contrato, y finalmente consiguió que el TSJCV anulase el contrato por haberse firmado "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Nulidad de la prórroga y alcance económico relevante

La prórroga firmada en 2009 también es anulada por el tribunal, que la considera nula de pleno derecho. Se argumenta que la prórroga “desvirtúa plenamente” el sentido de la contratación negociada sin publicidad, agravando la ilegalidad del vínculo contractual.

El Tribunal valenciano reprocha especialmente que para un contrato que se alarga 25 años y que implica un “notable alcance económico”, con inversiones superiores a 5 millones de euros, se debería haber seguido un procedimiento de contratación pública acorde a esa magnitud y complejidad, que garantizara la competencia real y la transparencia pública.

Implicaciones jurídicas y administrativas

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo o, en su caso, nuevamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV.

Sin embargo, la resolución judicial por la solidez de sus fundamentos jurídicos

y argumentación legal, sienta un precedente significativo para la administración local y la contratación pública en la Comunitat Valenciana y en España.

Porque esta resolución judicial puede abrir la puerta a la revisión de otros contratos públicos con irregularidades similares y supone un llamado a las administraciones municipales para respetar escrupulosamente los procedimientos legales en la contratación, especialmente en servicios esenciales con impacto económico y social tan relevante como el suministro de agua potable y alcantarillado de una población.

En términos prácticos, y según varias fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de Aquí el Ayuntamiento de Canet deberá iniciar un proceso de revisión exhaustiva para anular o renegociar el contrato de agua siguiendo los procedimientos legales que aseguren transparencia, competencia y eficiencia económica.

Este proceso, inevitablemente, podría afectar la gestión del servicio, la estabilidad del contrato y la relación con las empresas involucradas. Además, puede reactivar debates públicos sobre la gestión municipal y la responsabilidad administrativa en contratos a largo plazo.

Este caso refleja la importancia del control judicial sobre la contratación pública de una corporación municipal para defender los principios de legalidad y buen gobierno, así como para proteger a la ciudadanía de actos administrativos nulos que pueden perjudicar la gestión eficiente y honesta de los recursos públicos.

Las responsabilidades administrativas y penales que podrían derivarse para el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer por la anulación del contrato del servicio de agua por irregularidades en su contratación judicialmente constatadas son diversas y relevantes.

Responsabilidades administrativas

Responsabilidades penales

Consecuencias prácticas

Estas responsabilidades implican que el Ayuntamiento debe extremar la diligencia para corregir las irregularidades y evitar incurrir en más infracciones. Además, la decisión judicial que obliga a revisar el contrato abre la puerta a posibles investigaciones penales y procedimientos sancionadores administrativos que podrían afectar a personas concretas dentro del Ayuntamiento, así como a la institución misma a través de sanciones y la obligación de reparar daños.

Y al tratarse de una ilegalidad pública y notoria declarada por un Tribunal cualquier persona física y/o jurídica puede interponer acciones judiciales para restablecer la legalidad y solicitar la reparación de todos los daños y perjuicios de todo tipo que se hayan podido irrogar

En resumen, la anulación del contrato del servicio de agua por incumplir procedimientos legales en la contratación pública puede acarrear para el Ayuntamiento responsabilidades administrativas de diversa índole (incluyendo multas, nulidades y reparaciones patrimoniales) y también responsabilidades penales para los funcionarios o autoridades que participaron en la adjudicación irregular, especialmente bajo la figura de la prevaricación y otros delitos contra la administración pública.

Los presuntamente señalados por la sentencia y que de alguna u otra forma han tenido intervención por acción u omisión, directa o indirectamente en el contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'En Berenguer, firmado hace 21 años son inicialmente y sin perjuicio de nuevas investigaciones, los siguientes:

Amparo Mañó Canet

Octavio Herranz López

Leandro Benito Antoni

Pere Antoni Chordá

Víctor Almor Marzal

Carlos Julián Zahera

José Antonio Sancho Sempere

Carmen Sancho González

Las citadas fuentes jurídicas consultadas también por El Periódico de Aquí señalan que el impacto económico que esta sentencia puede suponer a las arcas municipales es enorme, ya que se debió acudir "a la vía de contratación requerida para un vínculo que se alargaba 25 años y que presentaba un notable alcance económico", pues en dicha renovación contractual se plasmó la necesidad de acometer varias inversiones por un monto total superior a los 5 millones de euros.

La sentencia de fecha 31 de marzo de 2025 sobre anulación del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer se une a una anterior igualmente grave del Juzgado de lo Penal 18 de Valencia de fecha 21 de julio de 2022 que condenó al ex secretario municipal como autor responsable de varios delitos relacionados con la corrupción en la administración local y que supone un coste de varios millones de euros al Ayuntamiento

Ambas sentencias han si conocidas a través de la investigación periodística realizada por El Periódico de Aquí que desde el año 2011 ha puesto al descubierto del opinión pública valencia la existencia en el Ayuntamiento de Canet de una organización criminal estructurada compuesta por autoridades y funcionarios municipales en un caso sin precedentes en la comunidad valenciana.

Así las cosas un portavoz de la Plataforma ha remitido el siguiente comunicado:

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LAS ACTIVIDADES ILICITAS Y DELICTIVAS DE JOSE ANTONIO SANCHO SEMPERE

“La Plataforma ante las recientes sentencias conocidas del Juzgado de lo Penal 18 de Valencia (publicada el día 11 de septiembre de 2024) que ha condenado al ex secretario del Ayuntamiento de Canet por corrupción en la administración pública y la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 31 de marzo de 2025, sobre la anulación del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer, quiere manifestar públicamente su profunda preocupación y rechazo ante la actitud de silencio e inacción del Ayuntamiento de Canet de Berenguer frente al escándalo de corrupción protagonizado por autoridades y funcionarios y especialmente por el que fuera el ex secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere.

El Sr. Sancho Sempere por razón de sus funciones en el consistorio, debía garantizar la legalidad y la transparencia administrativa, pero no solo reconoció ante la justicia ser propietario de uno de los negocios que él mismo supervisaba desde su cargo, la llamada Academia Valenciana de Juristas sino que además intervino en la tramitación del ilegal y declarado nulo contrato de servicio y explotación del servicios de agua potable de Canet.

Estos hechos suponen unos evidentes casos de corrupción en la corporación municipal. A ello se suman otras condenas dictadas por distintos tribunales valencianos, que ponen de manifiesto la existencia de prácticas corruptas en la administración municipal del consistorio.

Sin embargo, lo más alarmante no es solo la conducta del ex secretario, sino la pasividad del propio Ayuntamiento con respecto a las consecuencias y efectos de las dos sentencias citadas.

A día de hoy no se han tomado medidas, no se ha abierto una investigación interna, ni se ha ofrecido una explicación a la ciudadanía y a la opinión pública. El silencio y la falta de transparencia solo contribuyen a aumentar la desconfianza de los vecinos y vecinas hacia sus representantes municipales, dando la impresión de que existe una voluntad deliberada de ocultar información.

Como ciudadanos, nos preguntamos: ¿por qué no se han depurado ya responsabilidades civiles, penales o administrativas? ¿Por qué no se han impulsado acciones legales contra todos los responsables? ¿Qué otros posibles casos de irregularidades pueden estar ocultándose bajo la falta de reacción institucional? Cada día que pasa sin respuestas se agrava el daño a la imagen del municipio y a la legitimidad de sus instituciones.

Desde esta Plataforma cívica denunciamos que la inacción municipal lanza un mensaje muy peligroso: que la corrupción puede quedar impune. Este silencio no solo degrada la confianza pública, sino que también erosiona la moral de los vecinos que trabajan y cumplen con sus obligaciones mientras observan cómo la gestión pública se utiliza para intereses personales.

Por todo ello, exigimos:

La corrupción no puede ser tratada con indiferencia ni con silencios cómplices.

Canet d´En Berenguer merece instituciones limpias, responsables y comprometidas con el interés común. Como ciudadanos, no vamos a permanecer callados ante este atropello a la ética pública y reclamamos que quienes tienen la responsabilidad política actúen con firmeza y transparencia.

Solo así se podrá recuperar la confianza de los vecinos y garantizar que hechos tan graves no vuelvan a repetirse.

El Ayuntamiento de Canet tiene pues ante sí una oportunidad para demostrar si está comprometido con los principios de transparencia, responsabilidad y servicio público o si, por el contrario, prefiere seguir mirando hacia otro lado mientras la corrupción se apodera de sus organismos. El caso del secretario varias veces condenado por sentencias relaciondas con la corrupción en la administración pública es solo la punta del iceberg de un sistema que, si no se corrige a tiempo, podría llevar al municipio a una crisis aún mayor como se aprecia de la lectura de la nueva sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justica este mis año 2025.

Los ciudadanos no pueden permitir que estos episodios se diluyan en la indiferencia. El Ayuntamiento debe rendir cuentas de su inacción y, sobre todo, tomar medidas inmediatas para garantizar que los responsables de esta situación paguen sus desmanes y que se adopten políticas para evitar que algo así vuelva a ocurrir en el futuro. La corrupción no puede seguir siendo tolerada, y mucho menos en un pequeño municipio donde la cercanía entre gobernantes y ciudadanos debería garantizar la honestidad y la transparencia.

Es la hora de la verdad para el Ayuntamiento de Canet. La ciudadanía espera respuestas, y la credibilidad de toda la administración local está en juego.

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Directivas de José Antonio Sancho Sempere es un colectivo que busca justicia, reparación económica y transparencia tras los sucesivos escándalos de corrupción protagonizados por el que fuera interventor de la corporación municipal, jefe de los servicios jurídicos, secretario, todopoderoso funcionario y siniestro personaje de Canet desde principios de los años noventa hasta el año 2015.

Lo que comenzó como una investigación periodística, policial y judicial hace más de una década, ha culminado en un movimiento ciudadano que promete no descansar hasta que se haga luz sobre las sombras de este escandaloso caso de corrupción”.

El Origen de la Trama: Un Funcionario con Poder Desmedido

José Antonio Sancho Sempere no era un desconocido en los pasillos del poder local. Como secretario municipal de Canet d’En Berenguer, un cargo que ocupó durante décadas, se convirtió en una figura clave en la gestión administrativa del municipio. Sin embargo, lo que parecía ser una carrera intachable se transformó en un escándalo de proporciones colosales cuando, en 2013, la Fiscalía Anticorrupción primero, la Comandancia de la Guardia Civil después y finalmente el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, comenzaron a desentrañar una red de empresas y asociaciones privadas diseñadas por Sancho para enriquecerse a costa del erario público.

La “trama de las asesorías” no solo implicó a Canet, sino que salpicó a otros ayuntamientos de la provincia de Valencia, como La Pobla de Farnals, Cheste, San Antonio de Benagéber y Real de Gandía, entre otros así como a otras empresas como Egevasa Aguas de Valencia, el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana y otras empresas.

El modus operandi de Sancho era tan audaz como sofisticado.

Aprovechando su posición como habilitado nacional y su influencia en la toma de decisiones municipales, constituyó entidades como la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), Millena III Milenio, Asesores Profesionales y José Antonio Sancho Abogados SLP. Estas organizaciones, en teoría dedicadas a prestar servicios de asesoramiento jurídico, se convirtieron en herramientas para facturar trabajos innecesarios, inflados o directamente ficticios a ayuntamientos y entes públicos. Los fondos, que ascendieron a millones de euros según las investigaciones oficiales, terminaron en el patrimonio personal de Sancho y su familia, que incluye 7 chiringuitos financieros, 57 cuentas bancarias, 82 fincas rústicas, 4 inmuebles urbanos, un yate privado y varios vehículos de alta gama.

Una Familia Implicada y un Chiringuito Jurídico

Lo que hace aún más inquietante este caso es la participación de la familia de Sancho Sempere. Su esposa, Amparo González Sanchis, y sus hijos —Carmen, José Antonio, Amparo y María Inda— habrían jugado de alguna u otra forma y en mayor o menor medida roles clave en el entramado.

Carmen Sancho González, por ejemplo, funcionaria del departamento de contratación del Ayuntamiento de Canet, facilitó la adjudicación de contratos a las empresas de su padre. En un giro dramático, en 2022, Sancho se auto inculpó en una sentencia de conformidad para evitar que su hija enfrentara penas de cárcel e inhabilitación, reconociendo que él era el verdadero dueño y gestor de la AVJ, una confesión que desmanteló años de negativas.

Porque Sancho en todos los procesasen los que fue investigado por la justicia siempre negó cualquier relación lucrativa con su empresa Academia Valenciana de Jurista. Cuando era preguntado por esta entidad de forma reiterada declaraba que era una asociación sin ánimo de lucro creada para la defensa de los abogados que formaban parte de ella así como para la formación jurídica de los mismos. Un embuste de los muchos que dijo y que acabó con el ingreso en prisión del corrupto funcionario.

La Academia Valenciana de Juristas, el “chiringuito jurídico” predilecto de Sancho, fue el epicentro de la trama. Para ocultar su control, colocó a profesionales del derecho como testaferros en la junta directiva, quienes, según han declarado judicialmente, desconocían los manejos fraudulentos y actuaban bajo sus órdenes. Estos abogados, hoy indignados, han sido algunos de los primeros en sumarse a la plataforma de afectados, reclamando que su reputación fue utilizada como pantalla para los delitos perpetrados por Sancho.

El Impacto en Canet y Más Allá de las tramas corruptas

El daño causado por la trama de las asesorías trasciende lo económico. En Canet d’En Berenguer, un municipio costero que en las últimas décadas experimentó un boom urbanístico, las decisiones de Sancho como secretario municipal habrían facilitado un crecimiento descontrolado que, según activistas medioambientales, traicionó los principios de sostenibilidad.

Su influencia también se vincula a la gestión urbanística del ex alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien ha sido señalado por no frenar este desarrollo en la zona, generando una sensación de traición entre quienes confiaron en su discurso ecologista.

Las cifras son abrumadoras. Solo entre 2007 y 2011, Sancho habría obtenido más de 957.000 euros a través de la AVJ, según investigaciones de la Guardia Civil y resoluciones judiciales. En total, se estima que la trama movió más de dos millones de euros en un periodo más amplio, una suma que ningún organismo público ha reclamado hasta la fecha, lo que ha indignado a los afectados. “¿Por qué nadie exige que devuelva el dinero? ¿Dónde están los alcaldes, los interventores municipales, los concejales, la Sindicatura de Cuentas, la Agencia Antifraude?”, se pregunta uno de los abogados promotor de la iniciativa.

Pero las actividades ilícitas de Sancho Sempere se ampliaron a otras facetas y aquí entra en juego el contrato con la empresa Egevasa sobre gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer.

La vinculación entre la citada empresa y el Ayuntamiento de Canet viene probada por el hecho de que fue personalmente José Antonio Sancho Sempere en calidad de funcionario municipal quien conocía a los representantes de la citada empresa del sector del agua.

Se da la circunstancia que una de las piezas judiciales abiertas por el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia en la denominada trama de las asesorías era precisamen6e la pieza de Egevasa.

El citado Juzgado el día 16 de febrero de 2016 dictó una resolución judicial en la que con referencia a Sancho Sempere y Egevasa implicó a ambos como investigados por cohecho y otros delitos.

El juicio referido a dicha pieza se celebró en el mes de mayo de 2024 y en el acto de la vista oral Sancho presentó unos informes y unas facturas presuntamente falsas que justificaban teóricamente la prestación de unos servicios jurídicos por parte de la empresa de Sancho la Academia Valenciana de Juristas a la empresa Egevasa.

Fuentes jurídicas han señalado que los pagos correspondientes a esas facturas y que fueron satisfechas a Sancho era presuntamente el medio de pago realizado por Egevasa para lograr la ayuda y el apoyo del secretario municipal y por ende del propio Ayuntamiento para lograr la adjudicación del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer.

Y ello porque el método empleado por el Ayuntamiento y por Sancho Sempere para adjudicar el contrato a Egevasa se basó en la misma operativa que uso Sancho para que el Ayuntamiento adjudicara a su empresa privada la Academia Valenciana de Juristas el contrato de asesoramiento jurídico al consistorio: solicitar tres empresas interesadas que no eran sino una pantalla ilegal ya que se trataba de empresa conectadas entre sí para que la adjudicataria fuera la controlada por Egevasa.

La Plataforma: Un Grito de Justicia

La creación de laPlataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Directivas de José Antonio Sancho Sempereresponde a esta frustración colectiva.

La Plataforma está integrada por vecinos indignados, profesionales del derecho engañados, ex funcionarios afectados y representantes de municipios perjudicados.

El colectivo tiene tres objetivos principales:

• Exigir la devolución de los fondos públicos obtenidos ilegal y delictivamente por Sancho Sempere y los miembros de su familia cuya cuantía se estima en un importe cercano a los siete millones de euros.
• Impulsar una investigación exhaustiva sobre Sancho Sempere, sus cómplices, encubridores y colaboradores necesarios de la trama.
• Y presionar por reformas legales que impidan que casos como este se repitan en otros lugares.

Un Legado de Corrupción y una Comunidad Herida

A pesar de las condenas judiciales —que incluyen dos años de prisión por cohecho en 2016 y otra sentencia en 2022 por prevaricación y negociaciones prohibidas—, Sancho Sempere sigue sin devolver todo el dinero que fue saqueando a diversas administraciones públicas desde el año 2000 hasta el año 2015.

La trama de las asesorías ha afectado a 15 municipios valencianos, 3 empresas públicas, implicó como investigados a mas de 50 personas, pasaron por los Juzgados casi 100 testigos y peritos dentro de las 15 piezas judiciales que se incoaron. Ha durado hasta el momento 12 años de investigaciones. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil tiene 2 tomos y 1480 páginas. Afectó a 3 Juzgados de Instrucción, 5 Juzgados de lo penal, 3 Salas de la Audiencia Provincial de Valencia y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estuvieron investigando la causa 4 fiscales adscritos a la Fiscalía Provincial de Valencia.

La trama del contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'en Berenguer declarado nulo por la sentencia del TSJCV de 31 de marzo de 2025, abre una nueva vía de investigación para esclarecer los motivos por los cuales se adjudicó el contrato a la empresa Egevasa, determinar qué autoridades y funcionaron participaron e intervinieron en la adjudicación del contrato y exigir a los responsables el pago de cuantos daños y perjuicio de todo tipo han irrogado a las arcas municipales de Canet.

En definitiva las tramas han supuesto un enorme coste económico para los contribuyentes y el causante principal (aunque no único) no ha sido otro que el corrupto y varias veces condenado por los tribunales, José Antonio Sancho Sempere.

En la actualidad se están tramitando en los Juzgados de Instrucción de la ciudad de Valencia varias causas penales derivadas de todo este gran entramado de corrupción que se asentó hace años en el Ayuntamiento de Canet y que lejos de menguar se acrecienta mas y mas cada día, ya que según las últimas investigaciones judiciales y policiales las tramas hasta ahora desenmascaradas han puesto al descubierto la existencia de mas investigados, mas delitos y por ende mas perjuicios a la sufrida ciudadanía de una pueblo que no merece ser tratado de esa manera.

El libro El Zorro en el Gallinero, publicado en diciembre de 2024, ha avivado el debate al detallar los entramados de Sancho y señala a políticos, empresarios y funcionarios como cómplices, colaboradores necesarios y/o encubridores. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué nadie ha recuperado el dinero?

La inacción de funcionarios que tenían el deber de controlar tamaña ilegalidad como por ejemplo los interventores municipales y el departamento de contratación de los consistorios ha generado desconfianza, y la plataforma promete ser un contrapeso a esta aparente pasividad.

El Periódico de Aquí, siguiendo el principio fundamental del periodismo responsable y ético tiene abiertos todos sus canales para que Sancho Sempere, miembros de su familia o cualesquiera referidos por cualquier información publicada puedan dar su versión de los hechos, ya que este medio de comunicación defiende su compromiso con la credibilidad, la transparencia y el derecho a réplica a través de sus redes y contactos oficiales incluyendo el mail redaccion@elperiodicodeaqui.com y morvedre@elperiodicodeaqui.com.