Pleno de diciembre en Lorguilla. / EPDAEl pleno del Ayuntamiento de Loriguilla ha aprobado la actualización del porcentaje de dedicación de la alcaldesa, Montserrat Cervera, que pasa del 65% al 85%, un aumento que eleva su retribución anual de 30.201,61 euros brutos a 39.494,42 euros. La decisión ha generado un debate entre el gobierno local y la oposición sobre la legalidad y la oportunidad del incremento.
Según el Ayuntamiento, la medida responde a la necesidad de ajustar formalmente la dedicación real de la primera edil, que desde el inicio del mandato ha asumido una carga de trabajo superior a la prevista, con nuevas delegaciones y competencias.
Cervera ha defendido que durante el primer año de legislatura no percibió retribución alguna, "asumiendo desde el primer momento una carga de trabajo muy superior a la inicialmente prevista". Si se calcula la media real del mandato, explica, la retribución resultante se sitúa en torno a 1.800 euros brutos mensuales, "una cifra muy alejada de cualquier privilegio y plenamente acorde con la responsabilidad asumida", clarifica.
"Esta actualización no es una decisión puntual, sino un reflejo de la realidad del trabajo que ya veníamos realizando", ha explicado la alcaldesa, que ha insistido en que gobernar un municipio pequeño requiere la misma seriedad y responsabilidad que cualquier otra administración. Cervera también ha recordado que ella y varios concejales abandonaron UCIN en julio y que ahora ejercen como no adscritos.
Una subida "escandalosa" y "sin consenso", según el PP
Sin embargo, el Partido Popular ha criticado duramente la medida. A través de un comunicado, los populares califican la subida como "escandalosa" y denuncian que se ha aprobado "sin consenso, sin explicaciones y de espaldas al pueblo" durante las fiestas navideñas. Para el PP, la subida representa un "aprovechamiento del cargo" y un ejemplo de cómo el gobierno municipal prioriza el interés económico de la alcaldesa sobre el general.
Además, los populares advierten que "la medida podría ser ilegal", al considerar que la alcaldesa, como concejala no adscrita, "no podría incrementar sus derechos económicos respecto a los que tenía cuando pertenecía a UCIN, según el artículo 73.3 de la Ley de Bases del Régimen Local y respaldado por jurisprudencia del Tribunal Supremo". Por ello, han anunciado que impugnarán el acuerdo y solicitarán un informe legal al secretario municipal.
Frente a estas críticas, Cervera ha respondido que se trata de un ataque "de manual" y que la oposición cuestiona la medida porque "sobre la gestión que estoy haciendo poco tienen que decir", haciendo referencia a proyectos estratégicos y decisiones que, según ella, deberían haberse abordado en legislaturas anteriores.
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