La Diputació de Valencia avanza en el cierre de Divalterra con el Partido Popular en contra

La Diputació de València da un paso más en el cierre de Divalterra y la asunción de las funciones de la hasta ahora mercantil por parte de la propia corporación y el Consorcio Provincial de Bomberos. Este martes, la Comisión Informativa Especial para la Transformación del Sector Público de la Diputación ha abordado los detalles de la disolución de Divalterra recogidos en un dictamen que se ha aprobado con los votos del equipo de gobierno y que ha contado con las aportaciones y el respaldo de los representantes de los trabajadores.

Los sindicatos han apoyado esta propuesta de disolución de la empresa en la comisión negociadora que se ha celebrado antes de la Comisión Especial. En esta última, Vox y La Vall ens Uneix se han abstenido y el PP y Ciudadanos han votado en contra de un dictamen que ahora deben refrendar el pleno y la Junta General que se convocarán en breve.

El dictamen comienza informando que la Diputación, en el ejercicio de su potestad de autoorganización, ha iniciado el expediente para la gestión, por parte de la propia entidad, de las competencias y funciones de la provincia que en la actualidad gestiona la mercantil Divalterra, así como la consiguiente disolución y extinción de la empresa. A su vez, solicita al Consorcio Provincial de Bomberos que asuma la gestión del servicio provincial de prevención de incendios forestales mediante las Brigadas Forestales.

Tanto la Diputación como el Consorcio de Bomberos adscrito a la misma continuarán prestando todos los servicios que en la actualidad presta Divalterra, con la misma infraestructura y plantilla de la empresa. Se establecerá una fecha de aceptación en la cual tendrá lugar la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones de Divalterra al ente provincial y el Consorcio, así como el personal, vehículos, equipamiento informático, material de oficina y mobiliario de carácter inventariable.

En el dictamen tratado en la comisión especial para el cierre de Divalterra se informa también de que la Diputación financiará íntegramente el coste del servicio que asuma el Consorcio Provincial de Bomberos, con el fin de no poner en riesgo la sostenibilidad financiera del ente adscrito a la corporación. 

La hoja de ruta incluye la propuesta a la Junta General de Divalterra de la disolución de la sociedad, que lleva aparejado el nombramiento de los liquidadores que gestionarán los servicios de la actual mercantil hasta la fecha de aceptación definitiva en la que la Diputación y el Consorcio asuman todas las competencias.

En cuanto a la Diputación, se hará cargo de la promoción turística de la provincia de Valencia, de la que hasta ahora se encargaba el Patronato desde Divalterra; de la información territorial que se ofrece a los ayuntamientos a través de la herramienta ‘Geoportal Dival’; de la coordinación y dinamización de la Red de Agencias de Desarrollo Local de la provincia; del servicio de comunicación y el registro de documentos de Divalterra; y del asesoramiento jurídico, transparencia y protección de datos de la empresa pública.

Por su parte, el Consorcio Provincial de Bomberos asumirá la gestión directa de las brigadas forestales y de los más de 500 empleados que realizan trabajos de silvicultura y prevención de incendios, bajo un mando único que ya venía tomando las decisiones en materia de prevención y extinción de incendios.

En la fecha en que se determine la asunción de funciones, la Diputación y el Consorcio se subrogarán en todos los convenios de colaboración, contratos y acuerdos suscritos por la mercantil Divalterra, y asumirán los contratos temporales de obra y servicio del personal laboral de Divalterra que se encuentre en esta situación. De la misma manera, los procesos de selección de personal que se hayan iniciado deberán finalizarse.

El escrito expuesto este martes en la comisión especial para el cierre de Divalterra incluye los motivos que han llevado al presidente Gaspar y el equipo de gobierno provincial a acometer el proceso de disolución de la empresa creada en 1988 con el nombre de Imelsa. Según recoge el texto, “acontecimientos recientes que analiza la Justicia y la inadecuación de la naturaleza jurídica y el objeto social de la empresa a las actividades que en la actualidad realiza han llevado al pleno de la Diputación, constituido en Junta General de Divalterra, al convencimiento de que la sociedad mercantil no es la fórmula más adecuada de gestión”.

En este sentido, la decisión se toma teniendo en cuenta el informe conjunto de Secretaría e Intervención de 23 de marzo de 2021, que considera “necesaria la transformación del sector público de la Diputación” y apunta que “la solución más conveniente es la disolución y extinción del organismo autónomo Patronat Provincial de Turisme y la sociedad mercantil Divalterra S.A. y que la Diputación recupere las funciones y servicios que les tiene encomendados, excepto la de prevención de incendios forestales”.

El Grupo Popular ha votado contra el cierre de Divalterra, debido a que el proceso impulsado por el presidente de la corporación provincial, Toni Gaspar, se produce en un momento en el que hay procedimientos judiciales en marcha que afectan a la citada firma.

El portavoz popular en la comisión informativa especial para la transformación del sector instrumental de la Diputación de Valencia, Ximo Segarra, ha explicado que el grupo que encabeza Vicente Mompó está en contra de que se aborde este procedimiento. "Vemos mucha rapidez ahora", ha indicado Segarra dirigiéndose a Gaspar.

El Grupo Popular de la Diputación de Valencia ha votado en contra del dictamen que ampara el cierre de Divalterra por tres motivos. El primero es que la citada empresa cuenta con superávit, por lo que no habría un motivo económico para abordar su cierre y también está cumpliendo con su objeto social. 

El segundo punto que fundamenta el voto en contra del Grupo Popular es que el dictamen adolece de una motivación que justifique la asunción de esta decisión. Hay argumentos a favor para seguir con su actual estructura.

Y en tercer lugar se encuentran los procedimientos judiciales en los que se halla inmersa Divalterra, y que el Grupo Popular advierte que "no sabe cómo van a quedar".

Próximamente tendrá lugar un pleno y una Junta General de Divalterra donde los populares mantendrán su oposición a este proceso.