La Diputación de Valencia aprueba el reparto de 15 millones en ayuda directa a los municipios afectados por la DANA

La Diputación de Valencia ha aprobado en el pleno de diciembre el reparto del fondo incondicionado de 15 millones de euros destinado a los municipios afectados por la DANA. La propuesta presentada por la diputada de Hacienda, Laura Sáez, ha salido adelante por unanimidad con la asignación de 150.000 euros para cada uno de los 89 municipios incluidos en listado de urgencia del Consell, con la misma cantidad para el Ayuntamiento de Valencia destinada a las pedanías del sur.

La ayuda directa, que puede destinarse tanto a inversión como a gasto corriente, llegará a 12 comarcas, aunque muy especialmente a las zonas más castigadas por la DANA. La Ribera Alta, con 24 ayuntamientos beneficiarios, encabeza un listado que completan l’Horta Sud, con 20 municipios; la Ribera Baixa, con 12 consistorios; la Hoya de Buñol-Chiva con nueve localidades; la Plana Utiel-Requena y el Camp de Túria con siete poblaciones; la Serranía con cinco y la Canal, la Safor, l’Horta Nord, la Costera, y el Rincón de Ademuz con un consistorio. 

Tras el reparto queda una pequeña cantidad sobrante que se reserva “en función de que la Generalitat pueda añadir nuevos ayuntamientos al listado de municipios afectados”, explica Laura Sáez, una cuestión aplaudida por los representantes de la oposición. “Es una solución de emergencia para aportar liquidez que se completará con otras inversiones puntuales en infraestructuras que se han visto dañadas”, avanza la titular de Hacienda.

Estas ayudas forman parte de los 150 millones de respuesta inmediata a la dana por parte de la corporación provincial, la mitad recurriendo al remanente del ejercicio que está a punto de terminar y la otra mitad en el presupuesto de 2025, que en palabras del presidente, Vicent Mompó, “es un documento abierto, unas cuentas orientadas a la reconstrucción que garantizan la liquidez tanto de los ayuntamientos afectados por la dana como de los que siguen desarrollando sus proyectos de legislatura”. “La Diputación estará al lado de todos y tratará de llegar donde no lleguen otras administraciones con sus ayudas”, ha añadido Mompó.

“La magnitud de esta emergencia y la necesidad de restablecer las condiciones de vida de la población, recuperar los servicios públicos esenciales y devolver la normalidad a las zonas afectadas justifican la intervención de esta institución”, ha expresado Mompó, quien avanza: “vamos a actuar en el marco de nuestras competencias de cooperación y asistencia, complementando el trabajo que están llevando a cabo el resto de Administraciones Públicas”.

La vicepresidenta primera y responsable de Cooperación, Natàlia Enguix, ha insistido durante el pleno en que “nuestra responsabilidad como institución es atender las necesidades inmediatas de los municipios afectados por la DANA y garantizar que los recursos públicos lleguen con eficacia y rapidez a esos ayuntamientos, sin descuidar el día a día del resto de la provincia”. Enguix ha defendido “la utilidad y el pragmatismo” como principios que justifican el voto en contra del equipo de gobierno a la moción del grupo socialista proponiendo un plan estratégico de reconstrucción en el horizonte 2025-2030.

En defensa de este plan estratégico, el portavoz socialista Carlos Fernández Bielsa ha hablado de “una profunda reflexión que sirva para trazar las coordinadas que planifiquen el futuro de la provincia junto a los ayuntamientos”. “O se planifica o se improvisa”, considera Bielsa, quien apuesta por “un documento de acción con una idea de provincia, que recoja los objetivos y valores para huir del sálvese quien pueda”, lo que en su opinión es “una necesidad racional e imprescindible”.

El portavoz del grupo Vox, Sergio Pastor, ha rechazado la moción al tratarse de “medidas ideológicas, calendarios y diagnósticos erróneos, cuando lo que necesitamos son medidas concretas y muchos recursos para los damnificados”. Pastor ha señalado que “lo urgente no puede esperar, y por eso proponemos medidas urgentes como suspender impuestos y eliminar trabas administrativas a los ayuntamientos afectados, pero no aceptamos más burocracia con planes y agendas a largo plazo”. 

Por su parte, Dolors Gimeno se ha mostrado partidaria de “un plan que priorice lo que queremos hacer a partir de ahora con los barrancos, las infraestructuras municipales, las viviendas en zonas inundables, la movilidad sostenible y la reordenación de los servicios”. La portavoz del grupo Compromís ha añadido que “la destrucción tiene que ser el punto de partida para una recuperación sostenible, no para reconstruir lo que había y no estaba bien”.

La vicepresidenta Enguix ha zanjado el debate insistiendo en la clave de la gestión provincial: “no es tiempo de buenas palabras ni conceptos grandilocuentes, sino de ser útiles y rápidos”. En este sentido, la responsable de Cooperación ha remitido al Presupuesto extraordinario de 2025 como herramienta y hoja de ruta. “Estamos centrados en la eficiencia de cada euro del presupuesto, no pensando en un plan estratégico que supone un proceso largo y complejo, totalmente inoportuno en estos momentos”.

Natàlia Enguix pide “responsabilidad para entender que la urgencia nos obliga a priorizar y actuar”, y lamenta que el grupo Compromís cuestione una vez más la respuesta inmediata de la Diputación mientras “se ponen de perfil en las cuestiones importantes como es la aprobación de un presupuesto”. Al portavoz socialista, Enguix le ha recordado que “tenemos experiencia en gestionar una dana, como demostramos en el barrio de la Canterería de Ontinyent en 2019. Supimos salir mejor con el trabajo coordinado de todas las administraciones públicas y ahora somos ejemplo de cómo convertir un desastre natural en una oportunidad”.

El pleno de diciembre ha aceptado de urgencia la aprobación de las bases del Plan de Recuperación del Patrimonio Cultural, expuestas por la propia Natàlia Enguix. El programa vuelve años después a la Diputación con “el mayor esfuerzo financiero en la historia de esta corporación en materia de patrimonio inmueble”. El plan, aprobado por unanimidad, tendrá una dotación inicial de 7,5 millones de euros que podrán ampliarse en cuatro millones.

El objeto de esta nueva convocatoria por concurrencia competitiva y que se pondrá en marcha a partir de enero, tras el período festivo, es “la restauración de bienes inmuebles que dan identidad a nuestras comarcas”. Los ayuntamientos podrán solicitar actuaciones en Bienes de Interés Cultural, que requieren la autorización de la Generalitat, y Bienes de Relevancia Local. Se aceptarán proyectos con “presupuestos superiores a 100.000 euros, atrevidos y que supongan un cambio y mejoras para el pueblo”, ha explicado la vicepresidenta.

El alcalde de Alzira, Alfonso Domínguez, ha estrenado el escaño 32 de la Diputación creado durante la pasada legislatura e incluido en el reglamento interno de la corporación. Domínguez ha empezado su intervención agradeciendo al presidente las llamadas personales durante la dana y ha lamentado que las consecuencias del cambio climático “son cada vez más perceptibles”. “Estos fenómenos se dan cada vez con más asiduidad e insistencia, con especial afectación en los barrios y zonas más vulnerables, lo que nos lleva a reclamar políticas activas ante la emergencia climática”.

El responsable local ha pedido a la corporación provincial “acompañar a los pueblos afectados y no afectados para desarrollar esas medidas específicas, desde la ampliación de barrancos y eliminación de vegetación invasiva hasta la mejora de los sistemas de alerta y protección civil, la planificación urbanística, la gestión de cuencas, la renaturalización de las ciudades y trabajar la cultura del riesgo en la población afectada”. El ruego con el que ha concluido su intervención Alfonso Domínguez es “dar un primer paso en esta dirección destinando al desarrollo de estas medidas los 20 millones de euros presupuestados por la Diputación para actuar contra catástrofes naturales”.

La vicepresidenta segunda de la corporación, Reme Mazzolari, ha agradecido la intervención del alcalde de Alzira y ha garantizado que “los 20 millones de euros incluidos en las cuentas del próximo año ,en respuesta precisamente a una propuesta del grupo Compromís, están destinados a desarrollar esas medidas de prevención frente a catástrofes naturales”. Ha coincidido en el agradecimiento la vicepresidenta Enguix, quien ha recordado a Alfonso Domínguez que esos 20 millones “forman parte de un presupuesto que sus compañeros de Compromís no apoyaron a pesar de incorporar sus peticiones, demostrando que más que propuestas eran excusas”.

El portavoz socialista, Fernández Bielsa, ha transformado en pregunta la moción de urgencia en la que pedía la dimisión del nuevo gerente del Consorcio Provincial de Bomberos, Marcial Díaz. La cuestión es “si consideran que el perfil de un gestor condenado por estafa y falsedad es el más adecuado” para dirigir el ente dependiente de la Diputación. En respuesta a Bielsa, el diputado Avelino Mascarell, responsable del Consorcio, ha asegurado que no conocía la sentencia condenatoria y que el gerente “es un funcionario de carrera que fue elegido por técnicos y no por políticos en un proceso selectivo, a diferencia de alguno de sus asesores, igualmente condenados, pero con la salvedad de que fueron nombrados a dedo por usted mismo”. Bielsa ha considerado lo de sus asesores “cuestiones menores” y ha calificado de “indigno” a Mascarell, que ha concluido: “antes de dar lecciones a los demás mire lo suyo”.