Las presuntas irregularidades en el ascenso de categoría de C1 a A1 en el Ayuntamiento de Canet del subdelegado del Gobierno llega a la Fiscalía Provincial de Valencia

Jurado, subdelegado junto a Pilar Bernabé. EPDA Pere Antoni. JORGE MIGUEL JAIME

La polémica sobre la designación por el Alcalde de Canet d'eN Berenguer, Pere Antoni Chordá, del todavía subdelegado del gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, siguen avivándose cada día con nuevo hechos que revelan la presunta comisión de varios delitos por la máxima autoridad municipal, el funcionario irregularmente designado y el secretario general del Consistorio. El Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer está en medio de una polémica judicial y administrativa muy grave por presuntas irregularidades en la provisión de una plaza de Técnico de Administración General (TAG A1), denunciadas formalmente ante la Fiscalía Provincial de Valencia.

La denuncia acusa al alcalde Pere Antoni, al funcionario José Rodríguez Jurado y al secretario general, Antonio Palop Marín, de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y desobediencia a la autoridad, tras desoír varias resoluciones administrativas esclarecedoras de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), a las que ha tenido acceso El Periódico de Aquí.

La AVAF, en ejercicio de sus competencias contra la corrupción, dictaminó en diciembre de 2022 que se dieran por anuladas dos resoluciones administrativas —la aprobación de las bases del procedimiento de selección y la admisión del aspirante— por violar la normativa vigente y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, pese a esta advertencia, el Ayuntamiento prosiguió con el nombramiento del aspirante denunciado en marzo de 2023, provocando un enfrentamiento directo con el control legal y generando un conflicto que trasciende lo administrativo. El Ayuntamiento presentó un recurso de alegaciones, que ha llegado en 2025 como un jarro de agua fría, según la resolución de la AVAF a la que ha tenido acceso este rotativo.

Lo que añade gravedad es que Rodríguez Jurado y Pere Antoni militan en el mismo partido político, un hecho público que opaca aún más la actuación municipal. Rodríguez Jurado ascendió rápidamente a funcionario del grupo A1 con efectos directos para ser nombrado posteriormente subdelegado de Gobierno en Valencia, un cargo de gran relevancia pública, cuyo requisito principal —ser funcionario del grupo A1— fue conseguido mediante el proceso que la AVAF calificó de nulo, según se detalla en la mencionada denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción de la provincia de Valencia, a la que también ha tenido acceso El Periódico de Aquí.

La denuncia ante la Fiscalía (Sección de Delitos Económicos y Prevención de la Corrupción) a la que ha accedido este medio atribuye varios delitos penales vinculados al proceso de promoción interna de una plaza TAG A1 y sus consecuencias.

Actuación de Antifraude y nombramiento

La Agencia Valenciana Antifraude tramitó el expediente 2022/G01_02/000372 y concluyó que las resoluciones que aprobaron las bases y la admisión de Rodríguez Jurado para la plaza TAG A1 podían ser nulas de pleno derecho por vulnerar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, al permitir una promoción interna directa desde C1 a A1 sin paso por A2. Se da la circunstancia de que no es un caso aislado, sino que también afectaría a un familiar directo del alcalde. Por ello recomendó iniciar revisión de oficio de dichos actos, pero el Ayuntamiento comunicó que no iba a seguir la recomendación y, pese a ello, en marzo de 2023 nombró a Rodríguez Jurado funcionario A1 y posteriormente fue designado subdelegado del Gobierno en Valencia, cargo para el que era determinante su condición funcionarial A1.

Incumplimientos y contexto político

La denuncia destaca que el Ayuntamiento no inició el expediente de revisión ni remitió documentación ni explicaciones a la AVAF, constando en la memoria de actividad que la fase de seguimiento se cerró por incumplimiento de la recomendación. Se subraya además la relación política entre el alcalde y Rodríguez Jurado, su vinculación al mismo partido y el beneficio profesional obtenido por este último gracias a la promoción interna cuestionada, hechos que han sido objeto también de diversas informaciones de prensa.

Delitos que se imputan

Sobre estos hechos se imputan en la denuncia tres tipos de delitos: desobediencia (art. 410 CP) por la negativa abierta y reiterada a cumplir la resolución y recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude; prevaricación administrativa (art. 404 CP) por dictar y mantener resoluciones presuntamente arbitrarias e injustas al consolidar el nombramiento pese a las advertencias de nulidad; y malversación de caudales públicos por permitir el cobro continuado de salarios con conocimiento de la posible nulidad del acto habilitante. En consecuencia, se solicita la apertura de diligencias penales, la adopción de medidas cautelares y la depuración de las responsabilidades penales que procedan.

La denuncia detalla y explica que la conducta realizada por los denunciados puede ser constitutiva de varios delitos tipificados en el Código Penal:

El incumplimiento intencional de las recomendaciones emitidas por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) constituye un indicio suficiente para imputar el delito de malversación debido a la naturaleza y competencias legales específicas con las que cuenta esta entidad.

La AVAF, en ejercicio de sus funciones legales de supervisión y control en materia de corrupción y buen gobierno (Ley 202015, de 14 de julio), tiene la potestad para emitir recomendaciones vinculantes para la revisión de actos administrativos.

En el caso analizado, la AVAF detectó irregularidades graves y declaró la nulidad de pleno derecho en el nombramiento administrativo que fue objeto de denuncia. A pesar de contar con esta resolución clara y fundamentada, los responsables del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer —incluyendo al alcalde y funcionarios implicados— ''desoyeron consciente, persistente y reiteradamente el mandato de revisar de oficio dichos actos''. Este rechazo explícito a cumplir con las recomendaciones de una autoridad pública con facultades legales para supervisar y sancionar constituye un incumplimiento abierto y grosero de sus deberes legales y de buena administración.

Esta conducta no solo vulneraría el principio de legalidad y la buena administración pública, sino que, según la jurisprudencia reciente:

• La reiteración del incumplimiento de resoluciones legítimas emitidas por órganos competentes puede fundamentar la acusación por delitos de desobediencia y malversación (artículos 410 y 404 del Código Penal).

• Se considera indicio suficiente para imputar la malversación el gasto ilegal de fondos públicos tras conocer la nulidad administrativa.

• Sentencias del Tribunal Supremo en 2023 y posteriores confirman que la inobservancia de controles y recomendaciones de organismos administrativos especializados, como la AVAF, agrava la responsabilidad penal.

• La jurisprudencia destaca que la función preventiva y sancionadora de la Agencia Valenciana Antifraude cobra relevancia para evitar la impunidad derivada de negligencias o intenciones de mantener situaciones ilegales.

Por tanto, la desobediencia persistente a la AVAF se interpreta como indicio probatorio de dolo en la conducta delictiva, reforzando la acusación de malversación por el uso indebido de los fondos públicos al mantener pagos ilegales a funcionarios designados en contra de pronunciamientos legales vinculantes, según fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de Aquí.

• La denuncia expone que el alcalde y funcionarios continuaron adelante con el nombramiento de un aspirante como funcionario pese a la resolución de la AVAF que declaraba la nulidad del acto administrativo por graves irregularidades, configurando así una resolución administrativa arbitraria y manifiestamente ilegal.

• Este proceder demuestra un incumplimiento consciente y reiterado de un mandato legal, lo que es fundamental para configurar la prevaricación administrativa, pues el dolo implica que el acusado sabía que su acto era ilegal y aun así lo ejecutó.

• La jurisprudencia citada en la denuncia y sentencia reciente del Tribunal Supremo subraya que la prevaricación exige la dictación de resoluciones injustas y arbitrarias con pleno conocimiento del perjuicio causado, lo que se refleja en la persistencia en desoír recomendaciones legales y controles administrativos.

• La sanción para la prevaricación puede incluir inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, además de otras penas, destacando la gravedad del delito en la administración pública por afectar la confianza institucional y el correcto funcionamiento del servicio público.

En el presente caso:

• El presunto delito consiste en la desviación o aplicación indebida de caudales públicos, como en este caso, el pago ilegítimo de salarios a una persona nombrada ilegalmente funcionario del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer. Desde el Ayuntamiento se defiende absolutamente la legalidad de todo el proceso.

• Se enfatiza el dolo, es decir, que los responsables actuaron con pleno conocimiento de la ilegalidad de su conducta, ignorando la resolución firme de la Agencia Valenciana Antifraude que declaró la nulidad del nombramiento y recomendó su revisión.

• La conducta reiterada de hacer pagos continuados desde marzo de 2023 implica un perjuicio patrimonial directo al erario público y una vulneración grave del principio de legalidad administrativa.

• Además, esta conducta se agrava por la falta de respuesta y negativa expresa a cumplir con la revisión que ordenan los mecanismos legales y de control, consolidando la tipicidad del delito.

Pese a la contundencia del informe de la AVAF y las recomendaciones para iniciar una revisión de oficio, el Ayuntamiento sigue reiteradamente a cumplir y no ha remitido la documentación requerida para la investigación. Esta negativa sistemática implicaría un uso indebido de recursos públicos, al abonarse salarios desde marzo de 2023 a una persona cuya designación podría ser declarada ilegal y presuntamente delictiva. La denuncia insiste en que este incumplimiento grave y persistente puede constituir delitos sancionables con penas de inhabilitación y multas, según el Código Penal.

Este caso pone en el foco los mecanismos de supervisión del buen gobierno y anticorrupción, y la aparente vulneración de la ley y la ética política en un Ayuntamiento valenciano. La demanda reclama una investigación penal exhaustiva para aclarar los hechos y depurar la responsabilidad penal de los implicados.

Comunicado Urgente de la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas en Cante d'En Berenguer manifiesta su profunda indignación ante los hechos denunciados y documentados ampliamente en relación con la transparencia y legalidad en la citada corporación municipal.

Un portavoz del citado movimiento cívico ha señalado que: “Rechazamos categóricamente la obstinada y reiterada negativa del alcalde Pere Antoni Chordá y del funcionario José Rodríguez Jurado a acatar las resoluciones de la Agencia Valenciana Antifraude, que han señalado claramente la nulidad del proceso de promoción interna que les benefició directa y fraudulentamente.

Exigimos el cese inmediato e irrevocable de Pere Antoni Chordá y José Rodríguez Jurado de sus cargos públicos, porque su permanencia representa una amenaza intolerable para los principios de legalidad, justicia y buen gobierno que deben regir en cualquier institución pública. La impunidad no puede ser una moneda de cambio ni un privilegio al servicio de intereses políticos y personales.

Asimismo, demandamos a las autoridades pertinentes la apertura urgente de todos los procedimientos penales y administrativos que correspondan para que se investiguen en profundidad todas las irregularidades, se sancione a los responsables y se restablezca la confianza ciudadana en la gestión pública de Canet d'En Berenguer.

Nos mantenemos firmes en nuestra lucha por la transparencia, la honestidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía afectada. No permitiremos que este declive moral y jurídico continúe con la complacencia de quienes deben velar por el interés general.

El alcalde Pere Antoni está envuelto en una serie de graves casos sobre presunta corrupción en la corporación municipal de Canet como la reciente sentencia del TSJCV que anuló acuerdos municipales sobre el abastecimiento de agua y alcantarillado relacionado con la empresa Egevasa, la tardía actuación para recuperar todos el dinero esquilmado a las arcas públicas por el que fuera secretario general, interventor y jefe de los servicios jurídicos municipales José Antonio Sancho Sempere, la inacción municipal para esclarecer todos los contratos públicos en los que ha intervenido la hija de Sancho y jefa de contratación municipal Carmen Sancho González para favorecer a empresas particulares de su padre y la más que reciente y dudosa designación por el alcalde de su esposa PLLP como funcionaria municipal'', concluyen en el escrito remitido a la prensa.

Todos estos casos están siendo en este momento objeto de análisis e investigaciones en varios organismos públicos como la Fiscalía Anticorrupción, el Juzgado de Instrucción, el Tribunal de Cuentas, la Agencia Valenciana Antifraude y la Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana.

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