El Periódico de Aquí ya alertó de esta situación en su edición impresa. /EPDA
Paco Gorrea, alcalde de Llíria. /EPDAEl conflicto judicial entre una familia de Llíria y el Ayuntamiento incorpora un nuevo elemento de gravedad: la falta de emisión del informe de vulnerabilidad social, un documento clave para acreditar la situación de dos menores y una persona mayor que residen en una vivienda sin agua ni electricidad.
Según consta en el recurso presentado, el afectado solicitó este informe el 30 de agosto de 2025 ante los Servicios Sociales municipales. La petición fue reiterada el 15 de septiembre, sin que se produjera respuesta alguna por parte de la administración.
Ante este silencio, la solicitud fue considerada desestimada, obligando al interesado a interponer un recurso de reposición. El escrito es contundente al señalar que el Ayuntamiento “no ha emitido el informe solicitado, siendo el mismo necesario para formular las conclusiones”, pese a tratarse de un caso que afecta a personas en situación de posible vulnerabilidad.
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es la forma en la que el Consistorio gestionó las comunicaciones. Según la documentación aportada, el Ayuntamiento remitió una carta certificada a la propia vivienda afectada, un inmueble que carece de suministros básicos, en lugar de notificar al denunciante por vía telemática.
El recurso denuncia esta actuación de forma expresa al indicar que “no llegaron a notificar al administrado, por ningún medio, ni tan siquiera telemáticamente”, lo que habría provocado que el afectado tuviera conocimiento del procedimiento de forma indirecta y tardía.
Esta situación, según la parte demandante, ha generado indefensión, ya que el recurso tuvo que interponerse “por entenderlo denegado por silencio administrativo antes de que se nos diera traslado de dichos oficios”.
Además, el escrito advierte de la gravedad de la falta de respuesta administrativa en un contexto especialmente sensible: “la ausencia de respuesta resulta especialmente grave al afectar a la evaluación de una situación de posible vulnerabilidad social de menores y personas mayores”, así como al acceso a suministros básicos necesarios para garantizar unas condiciones de vida dignas.
En el procedimiento contencioso-administrativo en curso, la parte demandante ha solicitado que se requiera al Ayuntamiento de Llíria la emisión inmediata del informe de vulnerabilidad, al considerarlo imprescindible para valorar adecuadamente la situación de la familia.
El caso vuelve a poner el foco en la gestión administrativa municipal, donde la falta de respuesta y unas notificaciones cuestionadas han terminado trasladando el conflicto a los tribunales, mientras la familia continúa residiendo sin agua ni luz a la espera de una solución.
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