Los mayores del Camp de Morvedre, en lucha

Deficiente y vejatorio. Así tildan los mayores del Camp de Morvedre el trato que sufren en las oficinas bancarias y la administración pública. Y es que en los últimos años la prestación y la calidad de los servicios bancarios presenciales a la población se han reducido de manera considerable. Un proceso que se ha visto agravado por la digitalización, las fusiones y por la pandemia, con la implantación de la cita previa, las limitaciones de acceso a las oficinas y las restricciones de horarios de atención. La Asociación de Pensionistas y Jubilados del Centro del Mayor de Port de Sagunt ha unido voces para revertir esta situación y hace un llamamiento de unión a los y las mayores de las comarcas colidantes.

La asociación tilda de “abuso” el hecho de que las entidades, en vez de facilitar el acceso a sus servicios por parte de sus usuarios, les requieran condiciones para atender sus necesidades que van ligadas al cobro de comisiones por el mantenimiento de cuentas corrientes o por sacar dinero en efectivo. Además, el hecho de que las libretas, que normalmente representan la única forma con que estas personas pueden visualizar la situación de sus ahorros, van desapareciendo de la oferta de productos disponibles a las entidades, a veces obligándoles a sustituirlos por tarjetas de crédito y dejando sin cubrir el derecho básico a la información por parte del cliente.

La informatización y telematización implantada en la administración local, autonómica y estatal de todo tipo es un verdadero problema diario para las personas mayores. “Se trata de procedimientos que nos desbordan”, afirma Pepe Navarro, presidente de la Asociación. “Ante ello, nos encontramos indefensos, sintiéndonos discriminados”, añade. “No nos atienden como creemos que nos deben atender: juegan con nuestro dinero, lo gestionan y encima nos cobran por mantenimiento e intereses sin consentimiento”, asevera. Esto es, afirma, una “burla” a la ciudadanía.

Muchos de los trámites  que antes se hacían en ventanilla con la ayuda del personal del banco, ahora es necesario llevarlas a cabo en el cajero automático, “sin tener en cuenta que no todos estamos preparados para realizar ciertas gestiones”, explica Pepe. Pero eso no es todo: la instalación generalizada de los cajeros en plena calle en vez de en las oficinas es, para los mayores, un “riesgo” por “incitar de manera directa al robo”.

Así, con el ánimo de revertir esta situación nació en verano de 2021 esta asociación en Port de Sagunt. En septiembre sus participantes empezaron a hacer más recorrido con otras administraciones invitándoles a participar. Un recorrido que se enfatizó cuando le propusieron al grupo político Compromís en la capital de la comarca presentar una moción al respecto ante en Pleno del Ayuntamiento. Dicha moción acabó aprobándose el pasado 27 de enero.

Asun Moll, concejala de Compromís y defensora de la moción presentada en Sagunt, aclara que el grupo no denuncia el trato por parte de las personas trabajadores en los bancos, sino de las entidades: “No queremos que desaparezca la banca electrónica, ya que es un servicio muy necesario, sobre todo para la gente joven, sino que se estudien las demandas reales de la sociedad”.

Compromís presentó el pleno el jueves, 27 de enero, en el Ayuntamiento de Sagunt para, en primer lugar, “instar a las entidades bancarias a que ofrezcan atención personalizada en ventanilla durante el horario en que las oficinas estén abiertas al público, para facilitar una atención comprensible con, sobre todo, las personas mayores y las personas con diversidad funcional”. En segundo lugar, que “no cobren comisiones por conceptos derivados del servicio de atención a las personas que no tengan habilidades para poder hacer, de forma autónoma, las diferentes gestiones en los cajeros automáticos y que se adapte la tarifación social en la aplicación de comisione, en función de las características de cada cliente”. En tercer lugar, “ que los productos financieros que se ofrecen por parte de estas entidades a los clientes sean transparentes y comprensibles”. En cuarto lugar, “promover la instalación de cajeros automáticos en las zonas o barrios de la ciudad que queden más lejos del abastecimiento en las oficinas de estas entidades”. En quinto lugar, “que los poderes públicos competentes legislen y regulen la normativa bancaria más justa y solidaria”. En sexto lugar, “instar a la Generalitat Valenciana y a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies a la puesta en marcha de un plan de servicio rural financiero en aquellas entidades locales que no dispongan de una oficina bancaria ni atención presencial”.