Nuevos informes vinculan al exconcejal de Personal de Canet d'En Berenguer, Víctor Almor, con la validación de facturas del entramado corrupto de Sancho Sempere

Víctor Almor. / EPDA

Nuevos informes revelan el papel esencial de Víctor Almor Marzal, ex concejal de Personal del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer, en la trama de las asesorías por su participación en la conformación de facturas del chiringuito particular de José Antonio Sancho Sempere: Academia Valenciana de Juristas.

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas realizadas por José Antonio Sancho Sempere (P.A.S.S), sigue recibiendo testimonios, informaciones y documentos relacionados con la conocida “trama de las asesorías”, un complejo y corrupto grupo de empresas particulares creado por el que fuera secretario, interventor y jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet y que durante años se enriqueció a costa del erario público con contratos de asesoramiento amañados.

La Plataforma es un colectivo que busca justicia, reparación económica y transparencia tras los sucesivos escándalos de corrupción protagonizados por Sancho Sempere, su mujer Amparo González Sanchis, su hija Carmen Sancho González y otros colaboradores vinculados con la trama.

Lo que comenzó como una investigación periodística y judicial hace más de una década, ha culminado en un movimiento ciudadano que promete no descansar hasta que se haga luz sobre las sombras de este vergonzoso caso que comenzó hace más de veinte años y que ha abochornado a la localidad de Canet y a toda la opinión pública valenciana.

La creación de la Plataforma tiene su origen en la frustración de muchas personas físicas y jurídicas que quedaron afectadas de modos diversos por la referida trama. Así surgió el colectivo que está integrado por vecinos indignados, profesionales del derecho engañados, ex funcionarios afectados y representantes de municipios perjudicados.

La Plataforma tiene tres objetivos principales:

• Exigir la devolución de los fondos públicos obtenidos ilegal y delictivamente por Sancho Sempere y los miembros de su familia cuya cuantía por todos los conceptos se estima en un importe cercano a los siete millones de euros.

• Impulsar una investigación exhaustiva sobre Sancho Sempere, sus cómplices, encubridores y colaboradores necesarios de la trama.

• Y presionar por reformas legales que impidan que casos como este se repitan en otros lugares.

El Escándalo de las Facturas en Canet d’En Berenguer: Nuevos Informes Revelan el Papel de Víctor Almor Marzal en la Trama de la Academia Valenciana de Juristas

Un reciente informe oficial del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, suministrado por una persona anónima ha destapado un nuevo capítulo en el escándalo de corrupción más notorio ocurrido en la Comunitat Valenciana.

Este documento, revela queVíctor Almor Marzal, concejal de Personal durante varios años en el consistorio, conformaba y validaba facturas presentadas por la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), una entidad que ha quedado ampliamente demostrado por las investigaciones judiciales y policiales, que era controlada por José Antonio Sancho Sempere, entonces secretario municipal, interventor y jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento. La confirmación de que Sancho Sempere era el verdadero dueño de la AVJ, utilizada como un “chiringuito” para desviar fondos públicos, arroja una sombra de duda sobre las acciones de Víctor Almor Marzal y reaviva el debate sobre la falta de controles en la administración local.

Un Informe que sacude por enésima vez a Canet

El informe oficial, elaborado por el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer y fechado en el año 2018, detalla cómoVíctor Almor Marzal, participó en la validación de facturas emitidas por la AVJ para que fueran abonadas con fondos municipales. Estas facturas correspondían a servicios de asesoramiento jurídico prestados al Ayuntamiento, pero las investigaciones han demostrado que la AVJ, lejos de ser una entidad independiente, era una herramienta controlada por José Antonio Sancho Sempere y su familia para enriquecerse ilícitamente. Según el informe, Almor Marzal firmaba documentos que autorizaban el pago de estas facturas, un proceso que, en apariencia, seguía los cauces administrativos habituales, pero que en realidad formaba parte de un esquema fraudulento orquestado por Sancho Sempere.

La revelación de la participación directa del ex concejal socialista en la validación de facturas ha generado indignación entre los integrantes de la Plataforma de afectados, que exigen respuestas sobre cómo fue posible que este esquema operara durante tanto tiempo sin ser detectado y sin que nadie lo denunciase a las autoridades judiciales.

La Trama de las Asesorías: Un Saqueo Sistemático

Interesa recordar que como queda dicho en el libro “El zorro en el gallinero”, la “trama de las asesorías” es uno de los casos de corrupción más complejos y extensos de la historia reciente de la Comunitat Valenciana. En el centro de este escándalo se encuentra José Antonio Sancho Sempere, un funcionario que ostentó un poder casi absoluto en el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer desde 1989 hasta su detención e ingreso en prisión en 2015. Como secretario, interventor y jefe de los servicios jurídicos, Sancho Sempere manipuló procesos administrativos para beneficiar a la AVJ, una entidad que fundó en el año 2000 y que presentó como una asociación sin ánimo de lucro dedicada al asesoramiento jurídico.

Las investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción y posteriormente del Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, revelaron que la AVJ era, en realidad, una fachada para desviar fondos públicos. Entre 2000 y 2015, la familia de Sancho, incluyendo a su esposa, Amparo González Sanchís, logró saquear más de cientos de miles de euro solo del Ayuntamiento de Canet, según estimaciones policiales.

La AVJ obtenía contratos de asesoramiento jurídico sin concursos públicos, a través de contratos menores o procedimientos negociados manipulados, y los pagos se canalizaban a cuentas controladas por Sancho y su entorno.

Sancho Sempere, condenado en varias ocasiones por delitos como prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas, se valió de su prestigio profesional y su influencia sobre alcaldes, concejales y funcionarios para mantener este esquema. En 2022, él mismo se auto inculpó en una pieza judicial para proteger a su hija,Carmen Sancho González, reconociendo que controlaba la AVJ y que utilizaba a abogados como testaferros para ocultar su vinculación con la entidad.

La trama de las asesorías ha afectado hasta el momento a15 municipios valencianos,3 empresas públicas, implicó como investigados a mas de50 personas, pasaron por los Juzgados casi100 testigos y peritos dentro de las15 piezas judiciales que se incoaron. Ha durado hasta el momento12 años de investigaciones. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil tiene2 tomos y 2.480 páginas. Afectó a3 Juzgados de Instrucción,5 Juzgados de lo Penal,3 Salas de la Audiencia Provincial de Valencia y a laSala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estuvieron investigando la causa4 fiscales adscritos a la Fiscalía Provincial de Valencia. Se han dictado al menos3 sentencias condenatorias contra Sancho Sempere por3 delitos diferentes:delito continuado de prevaricación administrativa, delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y delito de cohecho.

Desde el primer momento de la constitución del colectivo han sido muchas las aportaciones conocidas y anónimas que ha recibido sobre la estructura, composición, métodos y funcionamiento de la trama de las asesorías.

Recientemente la Plataforma como queda dicho, ha tenido acceso a un documento según el cual, el que fuera concejal de la citada corporación municipal, Víctor Almor, conformaba y validaba la práctica totalidad de las facturas que el chiringuito de Sancho, la Academia Valenciana de Juristas, presentaba mensualmente por ser vicios de asesoramiento. Un ente que metió Sancho en su propio Ayuntamiento sin concurso público alguno.

Conformar una factura es el acto de validar que los bienes o servicios facturados han sido efectivamente recibidos o prestados, que cumplen con lo acordado en el contrato o pedido correspondiente, y que la factura es correcta en términos formales (datos, importes, impuestos…)

En el ámbito municipal, este proceso asegura que el gasto público se ajusta a los principios de legalidad, transparencia y eficiencia.

La conformación de una factura no implica el pago inmediato, sino que es un paso previo que autoriza la inclusión de la factura en el proceso de pago. Una vez conformada, la factura pasa a otras fases, como la fiscalización por parte de la intervención municipal y la autorización definitiva para el desembolso.

Etapas del proceso de conformación en un ayuntamiento como el de Canet d'En Berenguer

El proceso de conformar una factura en un ayuntamiento suele seguir estos pasos, aunque puede variar ligeramente según la normativa interna o el tamaño del consistorio:

El proveedor o contratista, en el presente caso la Academia Valenciana de Juristas, presenta la factura al ayuntamiento, normalmente a través del registro. La factura debe incluir datos obligatorios, como el número de factura, fecha, identificación del proveedor, descripción de los bienes o servicios, importe, IVA aplicado, y, en su caso, el número de contrato o pedido asociado.

El departamento o área municipal responsable de los bienes o servicios contratados (por ejemplo, el departamento de Personal, Obras, o Servicios Jurídicos) revisa la factura para confirmar que:

-Los bienes han sido entregados o los servicios han sido prestados.

-La factura corresponde a un contrato, pedido o acuerdo previamente establecido.

-Los importes y condiciones coinciden con lo pactado.
Esta verificación suele recaer en un técnico o funcionario del área correspondiente, aunque en algunos casos, como en el de Canet d’en Berenguer, un concejal (como Víctor Almor Marzal) puede participar en el proceso, especialmente si está relacionado con su área de competencia.

Una vez verificada, la factura es “conformada”, es decir, se emite un documento o registro interno (a veces llamado “conforme” o “visto bueno”) que acredita que la factura es correcta y que los servicios o bienes han sido recibidos satisfactoriamente. Este acto puede implicar la firma de un técnico, un concejal, o ambos, dependiendo de la estructura organizativa del ayuntamiento.
En el caso de Canet, el informe reciente indica que Víctor Almor Marzal, como concejal firmaba o validaba las facturas de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), lo que implica que participaba en esta etapa, dando el visto bueno para que las facturas avanzaran en el proceso de pago.

Tras la conformación, la factura pasa al departamento de intervención o tesorería, donde se comprueba que el gasto cumple con la normativa presupuestaria y que hay crédito disponible en la partida correspondiente. El interventor (o, en su ausencia, otro responsable) emite un informe de fiscalización. En el caso de Canet, José Antonio Sancho Sempere, como secretario general, tenía un rol crucial en esta etapa, lo que le permitía manipular el proceso para favorecer a la AVJ.

Finalmente, el órgano competente (normalmente el alcalde, la junta de gobierno o un concejal delegado) autoriza el pago de la factura. Una vez autorizado, la tesorería procede a realizar el desembolso al proveedor.

Relevancia de la conformación en el caso de Canet d’eE Berenguer

En el contexto del escándalo de la “trama de las asesorías” en Canet d’En Berenguer, la conformación de facturas por parte de Víctor Almor Marzal es un punto crítico. Según el documento que ya obra en poder de la Plataforma de afectados, Víctor Almor Marzal, validaba facturas presentadas por la AVJ, una entidad controlada por José Antonio Sancho Sempere. Este proceso era fundamental para que las facturas fueran aceptadas y pagadas, pero también expone las vulnerabilidades del sistema administrativo:

Falta de controles cruzados: La conformación de facturas requiere que los responsables políticos y técnicos verifiquen la legitimidad de los servicios. En Canet, la influencia de Sancho Sempere, quien ocupaba múltiples roles (secretario, interventor y jefe de servicios jurídicos), permitió que facturas de la AVJ fueran conformadas sin un escrutinio adecuado.

Opacidad en los contratos menores: Muchas facturas de la AVJ correspondían a contratos menores que no requerían licitaciones públicas ni publicidad. Esto permitía a Sancho presentar facturas que parecían legítimas, y la conformación por parte era un paso más en un proceso que carecía de transparencia.

Responsabilidad política: La conformación de facturas implica una responsabilidad administrativa. En consecuencia la participación deVíctor Almor Marzal en la validación de facturas de una entidad fraudulenta plantea preguntas sobre su diligencial, pero también sobre su posible participación en la trama urdida por Sancho Sempere. En casos de corrupción, la negligencia o la falta de cuestionamiento pueden ser tan perjudiciales como la complicidad activa.

Normativa aplicable

En España, la conformación de facturas por parte de los ayuntamientos está regulada por varias normas, entre ellas:

• Ley de Contratos del Sector Público (LCSP): Establece los procedimientos para la contratación de bienes y servicios, incluyendo los contratos menores, que deben cumplir requisitos de publicidad y concurrencia en ciertos casos.

• Ley General Presupuestaria: Regula la gestión de los fondos públicos, incluyendo la fiscalización y autorización de pagos.

• Real Decreto 128/2018, sobre facturación electrónica: Obliga a los proveedores de las administraciones públicas a presentar facturas electrónicas a través de plataformas como el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe).

• Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales: Define las competencias de los cargos municipales, incluyendo la participación de concejales en la gestión administrativa.

En el caso de Canet, la manipulación de estos procesos por parte de Sancho Sempere permitió que facturas de la AVJ fueran conformadas y pagadas sin cumplir plenamente con estas normativas.

Fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de Aquí señalan que conformar una factura en un ayuntamiento es un procedimiento esencial para garantizar que los pagos públicos sean legítimos y estén justificados. Implica verificar que los servicios o bienes han sido recibidos, que la factura es correcta y que cumple con los acuerdos contractuales. En el caso de Canet d’En Berenguer, la conformación de facturas de la AVJ por parte de Víctor Almor Marzal, como revela el reciente informe, pone de manifiesto cómo un sistema administrativo vulnerable, dominado por una figura como José Antonio Sancho Sempere, pudo ser explotado para desviar fondos públicos. Aunque no está claro si Almor actuó con conocimiento de las irregularidades, (lo cual se habrá de investigar por la fiscalía y la administración de justicia) su papel en la validación de facturas subraya la importancia de reforzar los controles y la transparencia en la gestión municipal para prevenir casos de corrupción.

Víctor Almor Marzal fue concejal de Personal en el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer y en el año 2010, firmó un edicto para una oposición destinada a cubrir una plaza de inspector de la Policía Local en Canet d'En Berenguer. Esta oposición fue controvertida porque el único aspirante fue José Antonio Sancho González, hijo de José Antonio Sancho Sempere. Las bases de la oposición fueron cuestionadas por estar diseñadas a medida para favorecer al hijo del secretario.

Esta maniobra fue parte de las acusaciones de oposiciones trucadas dentro de la trama de Sancho Sempere, quien colocó a varios miembros de su familia en puestos clave del Ayuntamiento, incluyendo a sus hijos José Antonio Sancho González (jefe de la Policía Local), Carmen Sancho González (funcionaria de Contratación) y Amparo Sancho González (técnico de gestión).

Por lo que respecta a este caso, no se encontró una evidencia directa de que de manipulación en este proceso pero mucho le señalaron como sospechoso debido a la falta de transparencia en la oposición citada y surgieron sospechas de complicidad con Sancho Sempere dado que las bases favorecieron claramente al hijo de Sancho.

Las investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han revelado que la AVJ era, en realidad, una fachada para desviar fondos públicos. Entre 2000 y 2015, la familia de Sancho, incluyendo a su esposa, Amparo González Sanchís, y sus hijos, logró saquear más de 800.000 euros solo del Ayuntamiento de Canet. La AVJ obtenía contratos de asesoramiento jurídico sin concursos públicos, a través de contratos menores o procedimientos negociados manipulados, y los pagos se canalizaban a cuentas controladas por Sancho y su entorno. Sancho Sempere, condenado en varias ocasiones por delitos como prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas, se valió de su prestigio profesional y su influencia sobre alcaldes, concejales y funcionarios para mantener este esquema. En 2022, él mismo se auto inculpó en una pieza judicial para proteger a su hija,Carmen Sancho González, reconociendo que controlaba la AVJ y que utilizaba a abogados como meros testaferros para ocultar su vinculación con la entidad.

El papel de Víctor Almor Marzal

La intervención y participación de Víctor Almor Marzal plantea varias preguntas: ¿Fue cómplice activo de Sancho o simplemente un engranaje en un sistema opaco? ¿Por qué no se cuestionaron las facturas de una entidad que facturaba cientos de miles de euros sin licitaciones públicas? ¿Quiénes estaban al tanto dentro del Ayuntamiento de los turbios manejos del clan Sancho? La falta de controles administrativos en el Ayuntamiento de Canet, sumada a la influencia de Sancho, permitió que estas prácticas se prolongaran durante años.

Un legado de desconfianza

La trama de las asesorías, con José Antonio Sancho Sempere como protagonista, no solo ha puesto en evidencia las fragilidades de la gestión municipal en Canet d’En Berenguer, sino que también pone de manifiesto cómo una sola persona, con poder y ambición desmedida, puede corromper un sistema entero. La validación de facturas tal como revela el reciente informe, es solo una pieza más de un rompecabezas que incluye contratos amañados, oposiciones trucadas y un patrimonio desproporcionado acumulado por la familia Sancho.

Mientras Canet lucha por dejar atrás este pasado turbulento, la sempiterna pregunta que resuena es clara: ¿cómo fue posible que un esquema tan evidente operara durante tanto tiempo? La respuesta, tal vez, radica en una combinación de opacidad administrativa, confianza ciega en figuras de autoridad y una falta de escrutinio que permitió a Sancho Sempere actuar con sensación de impunidad. Solo el tiempo y las investigaciones futuras determinarán si hay más responsables por señalar en esta trama que, una década después, sigue dejando huella en la memoria de Canet d’en Berenguer.

En este momento constan ya abiertas en los juzgados de Valencia dos causas penales contra Sancho Sempere, su mujer Amparo González Sanchis y la hija de ambos Carmen Sancho González por la presunta comisión de varios delitos como apropiación indebida, estafa procesal, administración desleal, falsedad documental, falsedad contable y blanqueo de capitales.

Reacciones y consecuencias del informe

Comunicado del portavoz de la Plataforma de Afectados por las Actividades de Sancho Sempere

La Plataforma de Afectados por las Actividades de Sancho ha remitido un comunicado a El Periódico de Aquí en el que señala que desea manifestar su profunda indignación y preocupación tras conocerse el informe que revela hechos de extrema gravedad relacionados con las actividades ilícitas de la conocida como "Academia Valenciana de Juristas", vinculada a Sancho Sempere.

“Este informe confirma las sospechas que nuestro movimiento cívico lleva denunciando desde su constitución como grupo de perjudicados, evidenciando un entramado de prácticas corruptas que no solo perjudican la gestión pública, sino que también afectan directamente a la ciudadanía. La Academia Valenciana de Juristas, lejos de ser una entidad al servicio del interés general, operó en manos de Sancho Sempere como un instrumento para el enriquecimiento ilícito y el favorecimiento de intereses particulares, con la aparente complicidad de cargos públicos.

Por lo tanto exigimos:

Los ayuntamientos están obligados a publicar estas declaraciones, normalmente en el Boletín Oficial de la Provincia o en el portal de transparencia del propio ayuntamiento. Transparencia total en la gestión de fondos públicos relacionados con la Academia Valenciana de Juristas, incluyendo la publicación de todas las facturas, contratos y documentos que disponga el ayuntamiento.

''Desde la Plataforma de Afectados, reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por la justicia, la transparencia y la defensa de los derechos de la ciudadanía. No descansaremos hasta que se depuren todas las responsabilidades y se restablezca la confianza en nuestras instituciones.

Hacemos un llamamiento a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a las fuerzas políticas para que se sumen a esta causa y exijan verdad y justicia. Seguiremos informando sobre cualquier novedad relacionada con este caso y las acciones que emprendamos.Por la verdad, la justicia y la transparencia'', han explicado.

Igualmente el citado portavoz ha anunciado que se están estudiando nuevos testimonios que indican la existencia de otras facturas pagadas por la corporación municipal de Canet d'En Berenguer remitidas por la Academia Valenciana de Juristas que han sido conformadas por otros funcionarios municipales y cuya emisión podría estar manipulada y/o falsificada en beneficio del clan Sancho.