Se constituye la 'Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere', ex secretario municipal de Canet

José Antonio Sancho y esposa escuchando a Camps en Valencia. EPDA

El ex secretario, ex interventor y ex jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere,  ha sido investigado de nuevo por la administración de justicia valenciana, en este caso por la presunta falsificación de las firmas de sus hermanas en un asunto hereditario. Y ahora, además, tiene un nuevo frente abierto en su contra porque se acaba de constituir una “Plataforma de Afectados” que emerge en respuesta a las actividades ilícitas del corrompido y corruptor funcionario varias veces condenado por los tribunales de justicia por delitos relacionados con las acciones delictivas perpetradas por Sancho y su familia durante años en la administración local

Dos nuevos hechos aparecen en escena referidos a las actividades delictivas de Sancho Sempere: la falsificación de firmas de sus hermanas en un asunto hereditario y la constitución de una plataforma de afectados por los hechos realizados por Sancho referidas a la trama de las asesorías.

José Antonio Sancho Sempere es una figura conocida en la Comunitat Valenciana por su implicación en la llamada “trama de las asesorías”, un esquema de corrupción que conllevó el saqueo de fondos públicos a través de contratos fraudulentos de asesoramiento jurídico. Como ex secretario municipal de Canet d’En Berenguer, Sancho utilizó su posición para crear y controlar hasta siete chiringuitos financieros entre ellos su ojito derecho, la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), que sirvieron como herramientas para enriquecerse ilícitamente junto a su familia y colaboradores. Hasta la fecha, ha sido condenado en varias ocasiones por delitos como prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, acumulando un historial que lo convierte en uno de los casos más notorios de corrupción local en los últimos años en la Comunitat Valenciana, como se recoge en el libro 'El zorro en el gallinero'.

EL CASO DE LA FALSIFICACION DE FIRMAS

Sin embargo, el caso de la falsificación de firmas de sus hermanas no está relacionado con esta trama, sino que surge de un conflicto hereditario personal. Este asunto, aunque menos mediático que sus actividades corruptas en la administración pública, añade una dimensión adicional a su perfil y plantea preguntas sobre la extensión de sus prácticas ilícitas más allá del ámbito funcionarial.

El asunto se remonta a 2017, cuando Sancho Sempere fue imputado por un presunto delito de falsedad documental en el marco de un juicio civil por una herencia. Según noticias conocidas en ese momento, el 7 de julio de 2017, durante el proceso judicial entre Sancho Sempere y sus hermanas, el reiteradamente condenado por varios delitos relacionados con la corrupción en la administración municipal, presentó un documento privado que, supuestamente, incluía las firmas de sus hermanas.

La sospecha de que dichas firmas eran falsas llevó a la magistrada a deducir testimonio contra él, iniciando una investigación penal en el Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia. Este juzgado ordenó una prueba pericial caligráfica para determinar la autenticidad de las firmas, un paso clave para establecer si hubo falsificación.

En términos legales, la falsedad documental en España está regulada por los artículos 390 y siguientes del Código Penal. Si se demostrara que Sancho falsificó las firmas, podría enfrentarse a penas de prisión de hasta 6 años, dependiendo de la gravedad y las circunstancias (por ejemplo, si se trató de un documento privado o público, y si hubo perjuicio económico). En este caso, al tratarse de un documento privado en un conflicto hereditario, la acusación probablemente se enmarcaría en el artículo 395, que castiga la falsificación de documentos privados con penas de prisión de 6 meses a 3 años.

Análisis Detallado del Caso

Contexto Personal y Familiar

Este caso expone una faceta más íntima de Sancho: un conflicto con sus propias hermanas. Es posible que la herencia en disputa involucrara bienes de valor significativo, lo que lo motivó a arriesgarse con un documento falsificado. Esto contrasta con su perfil público de corrupción institucional, mostrando que sus acciones ilícitas no se limitaron al ámbito profesional.La participación de su familia en la trama de las asesorías (esposa e hijos también estuvieron implicados) sugiere que Sancho estaba acostumbrado a involucrar a sus allegados en sus esquemas.

Su esposa, Amparo González Sanchis, y sus hijos —Carmen, José Antonio, Amparo y María Inda— han jugado de alguna u otra forma y en mayor o menor medida roles clave en el entramado que lo condujo a la cárcel.

Carmen Sancho González, por ejemplo, funcionaria del departamento de contratación del Ayuntamiento de Canet, facilitó la adjudicación de contratos a las empresas de su padre. En un giro dramático, en 2022, Sancho se auto inculpó en una sentencia de conformidad para evitar que su hija enfrentara penas de cárcel e inhabilitación, reconociendo que él era el verdadero dueño y gestor de la AVJ, una confesión que desmanteló años de negativas.

Porque Sancho en todos los procesasen los que fue investigado por la justicia siempre negó cualquier relación lucrativa con su empresa Academia Valenciana de Juristas.

Cuando era preguntado por esta entidad de forma reiterada declaraba que era una asociación sin ánimo de lucro creada para la defensa de los abogados que formaban parte de ella así como para la formación jurídica de los mismos. Un embuste de los muchos que dijo y que acabó con el ingreso en prisión del corrupto funcionario.

La Academia Valenciana de Juristas, el “chiringuito jurídico” predilecto de Sancho, fue el epicentro de la trama. Para ocultar su control, colocó a profesionales del derecho como meros instrumentos en la junta directiva, quienes, según han declarado judicialmente, desconocían los manejos fraudulentos y actuaban bajo sus órdenes.

Estos abogados, han mostrado ya su absoluta indignación, reclamando que su reputación fue utilizada como pantalla para los delitos perpetrados por Sancho.

El daño causado por la trama de las asesorías trasciende lo económico. En Canet d’En Berenguer, un municipio costero que en las últimas décadas experimentó un boom urbanístico, las decisiones de Sancho como secretario municipal habrían facilitado un crecimiento descontrolado que, según activistas medioambientales, traicionó los principios de sostenibilidad.

Su influencia también se vincula a la gestión urbanística del ex alcalde de Valencia, Joan Ribó, quien ha sido señalado por no frenar este desarrollo en la zona, generando una sensación de traición entre quienes confiaron en su discurso ecologista.

Las cifras son abrumadoras. Según recientes informes de la Guardia Civil en el año 2012 Sancho disponía en una de sus cuentas bancarias una cifra cercana a los cuatro millones de euros. Y ahora además existen estimaciones según las cuales el importe de los daños y perjuicios ocasionados al erario público podría alcanzar los siete millones de euros.

Sin embargo, en este caso, sus hermanas parecen haber sido adversarias, no cómplices, lo que añade complejidad a su dinámica familiar.

Relación con su historial delictivo

Aunque el caso de las firmas es independiente de la trama de las asesorías, hay paralelismos en el modus operandi de Sancho:

No obstante, este caso también difiere en su escala y alcance.

Mientras que la trama de las asesorías afectó a múltiples ayuntamientos y perjudicó a la ciudadanía, la falsificación de firmas es un delito más localizado, con víctimas específicas (sus hermanas). Esto podría indicar que Sancho aplicaba las mismas tácticas ilícitas tanto en lo público como en lo privado, adaptándolas al contexto.

Desde una perspectiva crítica, este episodio subraya cómo la impunidad percibida en casos de corrupción puede envalentonar a personas como Sancho a extender sus prácticas a otros ámbitos de su vida. La falta de seguimiento mediático también apunta a un menor interés sobre sus escándalos o a una priorización judicial de sus delitos más graves.

El caso de la falsificación de firmas de las hermanas de José Antonio Sancho Sempere es un capítulo secundario, pero revelador, en la trayectoria de un hombre cuya vida ha estado marcada por el abuso de poder, la utilización de prácticas corruptas y la continua perpetración de ilegalidades.

Aunque no tiene la magnitud de la trama de las asesorías, refleja una consistencia en su comportamiento: la disposición a manipular la verdad para su beneficio. Sin información actualizada sobre su resolución, queda como una pieza más del rompecabezas que compone su legado de controversia.

CONSTITUCION DE UNA PLATAFORMA DE AFECTADOS

En un giro que parece sacado de una novela de intriga política, los ciudadanos de Canet d’En Berenguer y otras localidades de la Comunitat Valenciana, numerosos vecinos, profesionales del derecho, abogados, procuradores de los tribunales, licenciados y varios funcionarios de diferentes corporaciones y entidades públicas han decidido alzar la voz contra lo que describen como un “saqueo sistemático” perpetrado durante años por José Antonio Sancho Sempere, ex secretario del Ayuntamiento de Canet.

Esta semana próxima, se ha anunciado oficialmente la creación de la 'Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere', un colectivo que busca justicia, reparación económica y transparencia tras los sucesivos escándalos de corrupción protagonizados por el que fuera interventor de la corporación municipal, jefe de los servicios jurídicos, secretario, todopoderoso funcionario y siniestro personaje de Canet desde principios de los años noventa hasta el año 2015.

Lo que comenzó como una investigación periodística y judicial hace más de una década, ha culminado en un movimiento ciudadano que promete no descansar hasta que se haga luz sobre las sombras de este escandaloso caso de corrupción.

El Origen de la trama: Un funcionario con poder desmedido

José Antonio Sancho Sempere no era un desconocido en los pasillos del poder local. Como secretario municipal de Canet d’En Berenguer, un cargo que ocupó durante décadas, se convirtió en una figura clave en la gestión administrativa del municipio. Sin embargo, lo que parecía ser una carrera intachable se transformó en un escándalo de proporciones colosales cuando, en 2013, la Fiscalía Anticorrupción primero, la Comandancia de la Guardia Civil después y finalmente el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, comenzaron a desentrañar una red de empresas y asociaciones privadas diseñadas por Sancho para enriquecerse a costa del erario público.

La “trama de las asesorías” no solo implicó a Canet, sino que salpicó a otros ayuntamientos de la provincia de Valencia, como La Pobla de Farnals, Cheste, San Antonio de Benagéber y Real de Gandia, entre otros así como a otras empresas como EGEVASA, Aguas de Valencia y el Consorcio de Musesos de la Generalitat Valenciana.

El modus operandi de Sancho era tan audaz como sofisticado.

Aprovechando su posición como habilitado nacional y su influencia en la toma de decisiones municipales, constituyó entidades como la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), Millena III Milenio, Asesores Profesionales y José Antonio Sancho Abogados SLP. Estas organizaciones, en teoría dedicadas a prestar servicios de asesoramiento jurídico, se convirtieron en herramientas para facturar trabajos innecesarios, inflados o directamente ficticios a ayuntamientos y entes públicos. Los fondos, que ascendieron a millones de euros según las investigaciones oficiales, terminaron en el patrimonio personal de Sancho y su familia, que incluye 7 chiringuitos financieros, 57 cuentas bancarias, 82 fincas rústicas, 4 inmuebles urbanos, un yate privado y varios vehículos de alta gama.

La Plataforma: Un Grito de Justicia

La creación de la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere responde a esta frustración colectiva.

La Plataforma está integrada por vecinos indignados, profesionales del derecho engañados, ex funcionarios afectados y representantes de municipios perjudicados.

El colectivo tiene tres objetivos principales:

1. Exigir la devolución de los fondos públicos obtenidos ilegal y delictivamente por Sancho Sempere y los miembros de su familia cuya cuantía se estima en un importe cercano a los siete millones de euros.

2. Impulsar una investigación exhaustiva sobre Sancho Sempere, sus cómplices, encubridores y colaboradores necesarios de la trama.

3. Y presionar por reformas legales que impidan que casos como este se repitan en otros lugares.

“Esto no es solo sobre Sancho. Es sobre un sistema que permitió que alguien como él operara impunemente durante años”, afirma un vecino de Canet sobre la necesidad de crear la Plataforma de Afectados.

La Plataforma ya ha anunciado que presentará cuantas acciones judiciales, administrativas y fiscales sean necesarias contra Sancho Sempere y su familia, además de solicitar a la Generalitat Valenciana y al Gobierno central que intervengan urgentemente para recuperar el dinero público esquilmado. También planean acciones simbólicas, como concentraciones frente al Ayuntamiento de Canet y la publicación y difusión pública de un informe detallado sobre el impacto de la corrupta trama capitaneada por Sancho Sempere.

Entre los testimonios más conmovedores está el de un implicado en una de las múltiples piezas judiciales que investigaron las ilegalidades de Sancho y que afirma que fue un mero instrumento sin saber que era un instrumento de corrupción. “Sancho me utilizó, me engañó y ahora mi nombre está manchado y mi reputación dañada. Queremos limpiar nuestra honra y que se haga justicia”, relata este afectado, quien asegura que otros muchos compañeros de profesión están en una situación similar.

Otro vecino que también se ha sumado a la Plataforma señala que “una parte del dinero que se pudiera recuperar fuera para los afectados por la DANA”.

Un legado de corrupción y una comunidad herida

A pesar de las condenas judiciales —que incluyen dos años de prisión por cohecho en 2016 y otra sentencia en 2022 por prevaricación y negociaciones prohibidas—, Sancho Sempere sigue sin devolver el dinero que fue saqueando a diversas administraciones públicas desde el año 2000 hasta el año 2015.

La trama de las asesorías ha afectado hasta el momento a 15 municipios valencianos, 3 empresas públicas, implicó como investigados a mas de 50 personas, pasaron por los Juzgados casi 100 testigos y peritos dentro de las 15 piezas judiciales que se incoaron. Ha durado hasta el momento 12 años de investigaciones. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil tiene 2 tomos y 2.480 páginas. Afectó a 3 Juzgados de Instrucción, 5 Juzgados de lo Penal, 3 Salas de la Audiencia Provincial de Valencia y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estuvieron investigando la causa 4 fiscales adscritos a la Fiscalía Provincial de Valencia. Se han dictado al menos 3 sentencias condenatorias contra Sancho Sempere por 3 delitos diferentes: delito continuado de prevaricación administrativa, delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y delito de cohecho.

En definitiva la trama ha supuesto hasta el momento un enorme coste económico para los contribuyentes y el causante no ha sido otro que el corrupto José Antonio Sancho Sempere y varios miembros de su corrompida familia.

El libro El Zorro en el Gallinero ha avivado el debate al detallar los entramados de Sancho y señalar a políticos, empresarios y funcionarios como cómplices y/o encubridores. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué nadie ha recuperado el dinero? La inacción de funcionarios que tenían el deber de controlar tamaña ilegalidad como por ejemplo los interventores municipales y el departamento de contratación de los consistorios ha generado desconfianza, y la plataforma promete ser un contrapeso a esta aparente pasividad.

Hacia un futuro de transparencia y que no vuelva a repetirse

La Plataforma de Afectados,no solo busca cerrar heridas del pasado, sino prevenir que figuras como Sancho Sempere vuelvan a surgir. Proponen auditorías independientes en los ayuntamientos afectados, la creación de un registro público de contratos y sanciones más duras para funcionarios corruptos. “No queremos venganza, queremos un sistema que funcione para los ciudadanos, no para los corruptos”, afirma uno de los integrantes de la recién creada Plataforma de afectados.

En las próximas semanas la Plataforma creará un correo electrónico y facilitará un teléfono para que todas aquellas personas afectadas por este asunto que deseen puedan dar información, testimonios y/o aportar documentación sobre este caso.

Un portavoz de la Plataforma indica que la ciudadanía tiene un peso esencial para poner en conocimiento de la administración de justicia, de la Fiscalía Provincial, de la policía, de la Agencia Antifruade o de la Agencia Tributaria cuantos comportamientos ilegales de Sancho Sempere y su familia puedan conocer.

Un hecho que la opinión pública valenciana no sabe es que precisamente fue la denuncia de un vecino de Pobla de Farnals la que permitió a la Fiscalía de Valencia abrir la investigación de la trama de las asesorías.

Los hechos denunciados tenían que ver con maniobras delictivas realizadas por la entonces alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García Castellar con el susodicho 'zorro', lo que produjo una investigación judicial que acabó con los dos en prisión condenados por delito de cohecho.

Mientras Canet d’En Berenguer se prepara para que su nombre sea nuevamente lastrado por la trama de las asesorías que sigue siendo un recordatorio de las fragilidades de la administración pública.

La plataforma, con su energía colectiva, podría ser el primer paso hacia la rendición de cuentas que tantos reclaman. Por ahora, los ojos están puestos en este pequeño municipio valenciano, donde la sombra de José Antonio Sancho Sempere aún se cierne, pero donde también germina la esperanza de un cambio.