Toni González inicia acciones judiciales contra Diana Morant y le exige una indemnización de 50.000 euros que se donará a organizaciones benéficas

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha iniciado acciones judiciales contra la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra, Diana Morant, tras considerar que ha recibido “gravísimos y reiterados insultos” que afectan a su honor y a su trayectoria política. 

Según ha explicado el propio González, la decisión se produce después de que Morant, en diversas declaraciones públicas recogidas por medios de comunicación, se refiriera a él con términos como “acosador” o “putero” y afirmara que “la actitud del alcalde de Almussafes hacia sus víctimas es la de un acosador”. El alcalde sostiene que estas acusaciones son “totalmente injustificables” y forman parte de “una campaña de desprestigio cuyo objetivo es acabar con mi carrera política”.

En este sentido, González ha afirmado que estas manifestaciones le han ocasionado “un enorme daño personal, familiar y profesional”, además de afectar a la militancia socialista del municipio. “Cuento con el apoyo masivo de la Agrupación Socialista de Almussafes”, ha asegurado.

El alcalde ha presentado ante el juzgado una solicitud de acto de conciliación previo a la interposición de querella, un trámite previsto en el artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para casos de presuntos delitos de injurias y calumnias.

En el escrito, González considera que las declaraciones de Morant podrían constituir un presunto delito de injurias graves, recogido en el artículo 208 del Código Penal, y un delito de calumnias, tipificado en el artículo 205. Por ello, solicita que la dirigente socialista reconozca que los hechos que le atribuyó son inciertos y que se retracte públicamente de las acusaciones.

Asimismo, reclama una indemnización de 50.000 euros por los daños sufridos, cantidad que, según el documento presentado, se abonaría 10 días después de la celebración del acto de conciliación y se destinaría posteriormente a diferentes asociaciones y fundaciones. 

En el caso de que no se produzca ese reconocimiento y se abone la indemnización, González anuncia que presentará una querella formal ante los tribunales.

Según el alcalde, la imputación de conductas contrarias a los principios y valores socialistas se habría realizado “de forma genérica”, lo que, a su juicio, vulnera los principios del derecho sancionador y le sitúa en una situación de indefensión.

El juzgado deberá ahora admitir a trámite la solicitud y fijar fecha para el acto de conciliación, paso previo antes de que el regidor pueda formalizar una querella penal por injurias y calumnias si no se alcanza un acuerdo entre las partes.