Trabajadores y usuarios exigen al Consell que frene el desmantelamiento del tercer sector

EFE/Biel Aliño EFE/Biel Aliño EFE/Biel Aliño

Trabajadores y usuarios de los centros de programas y servicios de atención al tercer sector de la Comunitat Valenciana han protestado este martes frente al Palau de la Generalitat para reclamar que se cumplan los acuerdos en servicios sociales y "frenar" su desmantelamiento.

A la concentración se han sumado más de un millar de personas, según han informado los convocantes de la protesta, los sindicatos UGT y CCOO, que han exigido la mejora de sus condiciones laborales y un servicio público de "calidad" y "sin recortes".

"No es herencia, es incompetencia", "Acuerdos firmados, acuerdos respetados" y "¿Dónde está mi dinero?" han sido algunos de los lemas coreados por los participantes en la protesta celebrada en la plaza de Manises.

Los sindicatos UGT y CCOO han denunciado el "incumplimiento" por parte del actual Consell de los pactos y acuerdos alcanzados mediante el diálogo social la pasada legislatura con el Botànic, que incluían entre otras medidas "la dignificación y la homologación salarial" de este personal respecto con las trabajadoras y trabajadores públicos.

Los agentes sociales lamentan que, en apenas cien días de nuevo Consell, "las promesas por parte de la vicepresidenta segunda y titular de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de que iba a gestionar sin sectarismos ideológicos son falsas, ya que en este tiempo casi ha desmantelado medio sistema público de servicios sociales".

Entre otros incumplimientos, denuncian el desvío de los fondos presupuestarios y consignados para incrementar los salarios en el año 2023 del personal de los centros de acción concertada, un sector feminizado, y que no se han provisionado fondos suficientes para cumplir el acuerdo en los presupuestos de 2024.

"En los centros de titularidad pública y gestión privada tienen retenidas las licitaciones, lo que implica que no hay homologación ni incrementos salariales", por lo que exigen de inmediato las licitaciones y que no se apliquen prórrogas forzosas, "porque esto significaría incrementar la deuda con las entidades que gestionan estos centros, ya que estarían en expediente de resarcimiento, es decir, sin contrato".

Las organizaciones convocantes recuerdan que el acuerdo alcanzado el 17 de noviembre de 2022 fue un "día histórico" para el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, un pacto que "permitía mejorar la financiación de las entidades y hacer efectiva la homologación salarial y de jornada de las personas trabajadoras".

Los sindicatos UGT PV y CCOO PV consideran además que la propuesta ofrecida el lunes por la consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero, es "insuficiente" y en modo alguno garantiza ni los precios ni los salarios contemplados en el acuerdo de hace un año.

Por ello, exigen al Consell de Carlos Mazón que "rectifique, trabaje en la dirección de un gobierno decente y priorice las políticas a favor de quienes son las personas más vulnerables de la sociedad".

"El nuevo Consell aún está a tiempo de retomar el acuerdo de hace un año y modificar, vía enmiendas, el proyecto presupuestario, porque está en riesgo la calidad asistencial y el bienestar de decenas de miles de personas usuarias y de más de 13.000 personas trabajadoras", añaden.

El Consell aprueba 25 millones para el pago de atrasos

El pleno del Consell ha aprobado este martes destinar 25 millones de euros a actualizaciones y retrasos de pagos a centros concertados del tercer sector, para "ponerse al día en los pagos pendientes" del anterior gobierno, según ha informado la consellera de Hacienda y portavoz del Consell, Ruth Merino.

Ha señalado asimismo que Susana Camarero habló este lunes con las entidades afectadas, que mostraron su acuerdo con las medidas y "han renunciado a venir hoy a la concentración" convocada frente al Palau de la Generalitat.

Según Merino, Camarero informó a los sindicatos y empresas del tercer sector de la actualización del módulo para 2023, la mejora del módulo de 2024 y un plan de choque para abonar la deuda contraída por el anterior ejecutivo con entidades que gestionan las residencias, centros de menores, centros Mujer 24 horas o centros de personas con discapacidad, entre otras.