Una denuncia ante la Físcalía pone en la diana al alcalde de Canet por favorecer presuntamente el ascenso irregular de José Rodríguez al puesto de subdelegado del Gobierno en Valencia

El alcalde socialista de Canet d’En Berenguer, Pere Antoni Chordá, se encuentra en el centro de una nueva polémica tras la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Valencia el pasado 6 de febrero de 2026. El escrito le acusa de haber favorecido presuntamente el ascenso irregular de José Rodríguez Jurado al cargo de subdelegado del Gobierno en Valencia. Si la investigación prospera, el regidor podría enfrentarse a graves consecuencias penales, con posibles acusaciones por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y desobediencia a la autoridad. Según fuentes municipales de Canet, la tranquilidad es absoluta, al tiempo que insisten en el máximo respeto por todas las decisiones que adopte la Fiscalía.

José Rodríguez Jurado fue nombrado subdelegado del Gobierno en Valencia en enero de 2024, durante el mandato de la delegada del Gobierno de España, Pilar Bernabé. Sin embargo, antes de acceder a ese cargo estatal se produjo un movimiento clave en su carrera administrativa. En marzo de 2023, Jurado pasó de funcionario del grupo C1 al grupo A1 en el Ayuntamiento de Canet, una promoción imprescindible para poder optar al puesto estatal que posteriormente ocuparía. El proceso, no obstante, ya había sido cuestionado previamente. En 2022, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) detectó irregularidades en el procedimiento selectivo y recomendó su revisión de oficio. Pese a ello, el Ayuntamiento de Canet no atendió estas indicaciones y continuó con el nombramiento.

Desde la oposición municipal y desde la Plataforma de Afectados por las Actuaciones Ilícitas de Sancho se denuncia que el proceso supuso un “enchufe directo”, al considerar que el procedimiento no cumplía con la doctrina legal que regula el acceso a la función pública. Rodríguez Jurado, que ejercía como responsable de Recursos Humanos del Ayuntamiento desde 2019, habría resultado beneficiado por una promoción acelerada pese a los informes críticos emitidos por la AVAF.

La denuncia presentada el 6 de febrero de 2026, registrada oficialmente en la Fiscalía Provincial de Valencia, señala directamente a Pere Antoni Chordá, al propio José Rodríguez Jurado y al secretario general del Ayuntamiento, Antonio Palop Marín.

El documento les atribuye la posible comisión de varios delitos: prevaricación administrativa, por dictar resoluciones presuntamente contrarias a la legalidad; malversación de caudales públicos, por los posibles perjuicios económicos derivados del proceso selectivo cuestionado y desobediencia a la autoridad, al no atender las resoluciones de la Agencia Valenciana Antifraude.

Según el texto de la denuncia, pese a que el informe de la AVAF de 2022 advertía de la invalidez del procedimiento, el Consistorio comunicó en 2023 su negativa a corregir el proceso, lo que finalmente permitió la promoción de Rodríguez Jurado.

Este procedimiento se suma a actuaciones previas ante el Tribunal de Cuentas, que ya estaría investigando posibles responsabilidades económicas y administrativas por la falta de medidas correctoras tras las advertencias de Antifraude.

En caso de que la Fiscalía decida impulsar diligencias penales, el alcalde podría enfrentarse a un proceso por prevaricación administrativa, tipificada en el artículo 404 del Código Penal, que contempla penas de hasta nueve años de inhabilitación para cargo público cuando una autoridad dicta resoluciones injustas a sabiendas.

La acusación de malversación de caudales públicos (artículo 432 del Código Penal) podría conllevar penas de prisión de entre dos y cinco años, en caso de acreditarse el uso indebido de recursos públicos en un proceso irregular.

A ello se sumaría el posible delito de desobediencia agravada (artículo 556 del Código Penal) por ignorar las recomendaciones de la Agencia Valenciana Antifraude, lo que podría implicar penas de multa o prisión.

En el plano político, una eventual imputación podría derivar en dimisión forzosa o pérdida del cargo público. Diversas sentencias del Tribunal Supremo han respaldado imputaciones similares en casos de favoritismo en procesos selectivos municipales.

El caso ha dado un nuevo paso tras la remisión del expediente por parte de la AVAF a la Fiscalía, lo que abre la puerta a la apertura de diligencias penales formales.

La denuncia se produce en un contexto de controversias previas en el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer. El municipio ya se ha visto salpicado por otros episodios judiciales, como la condena por prevaricación del exsecretario municipal, José Antonio Sancho Sempere, además de investigaciones relacionadas con procesos de contratación pública que han supuesto importantes costes económicos para el consistorio.

Por su parte, el alcalde Pere Antoni Chordá ha defendido reiteradamente la legalidad de sus decisiones, argumentando que en otros procedimientos se han recuperado fondos públicos. Sin embargo, sus críticos consideran que existe un patrón de favoritismo y nepotismo durante su mandato.

La designación de Rodríguez Jurado como “número dos” de la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, pese a las controversias sobre su promoción administrativa, ha intensificado las críticas políticas y ha llevado a diversas plataformas ciudadanas a exigir su cese.

La evolución judicial del caso podría tener consecuencias más allá del ámbito municipal. Si la Fiscalía decide continuar con las diligencias y formalizar imputaciones, el asunto podría salpicar tanto al PSOE local como al ámbito institucional estatal.

El caso refleja, además, las tensiones existentes en la administración pública valenciana en torno al papel de la Agencia Valenciana Antifraude, cuyas recomendaciones, aunque no siempre vinculantes en sentido estricto, pueden generar responsabilidad penal o administrativa cuando se ignoran reiteradamente.

La investigación determinará si las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento constituyeron simples discrepancias administrativas o si, por el contrario, se trató de un caso de favoritismo con posibles consecuencias penales para el alcalde de Canet d’En Berenguer.

En el Ayuntamiento de Canet, según fuentes municipales, la tranquilidad es absoluta al tiempo que insisten en el máximo respeto por todas las decisiones que adopte la fiscalía. Estas mismas fuentes recuerdan una vez más que la legalidad del ascenso ad saltum ha sido reconocida tanto por la proia AVAF en el expediente 1817465H (de 31/V/2024)  como por el Tribunal Supremo Supremo, en su sentencia de 21 de junio de 2021. 

Además, el gobierno municipal recuerda que la Fiscalía Provincial de Valencia ha informado que la denuncia presentada por un particular contra el Subdelegado del Gobierno en Valencia se encuentra pendiente de estudio para su posible admisión e incoación como Diligencias de Investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Por el momento, no se ha iniciado procedimiento alguno, y la comunicación oficial recuerda que los datos personales incluidos deben ser tratados conforme a la normativa vigente de protección de datos.