Vista parcial del puerto de València. EFE-Kai Försterling-Archivo
La plataforma ciudadana Ciutat-Port ha formalizado ante la Audiencia Nacional un escrito de demanda en el recurso contencioso administrativo abierto contra el Ministerio para la Transición Ecológica por una resolución que posibilita que la Autoridad Portuaria pueda decidir por sí sola acerca de si es precisa o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.
La Plataforma Ciutat-Port ha solicitado la suspensión de efectos de dicha resolución -de marzo de 2021- y de todos los actos de la administración directamente vinculados, para evitar así la producción de efectos jurídicos directos que pudiesen frustrar la finalidad legítima del recurso y la efectividad de la futura sentencia.
La Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado diciembre un recurso contencioso administrativo de la plataforma Comissió Ciutat-Port contra la referida resolución ministerial.
Según ha informado la Comissió Ciutat-Port, en su escrito reclama la nulidad de la decisión del Ministerio "por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento previsto en la legislación básica estatal en materia de revisión de actos administrativos, fijado en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y suponer un fraude de la legislación ambiental".
Fuentes de la plataforma ciudadana recuerdan que las obras que pretende llevar a cabo la APV, "y de las que Puertos del Estado y el MITECO pretenden ahora desentenderse, vulneran las autorizadas en la DIA de 2007".
"No solo por el volumen de materiales de relleno que se proyecta emplear que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007 (de 19,05 millones de m3 a 23,3), sino también por la demolición de un contradique y muelle de cruceros (terminados en 2012, dentro de la que fue la primera fase de las obras), así como por la demolición del faro histórico construido en las primeras décadas de pasado siglo e inventariado como de especial interés patrimonial".
En el escrito de demanda se describe la política de la APV como "de hechos consumados" y se ilustra con actuaciones como la convocatoria de un concurso público para el otorgamiento de una nueva "concesión para la construcción y explotación de una terminal pública de pasajeros en el puerto de Valencia" en un nuevo emplazamiento, "que ni siquiera está dentro del ámbito delimitado en la DIA originaria, sin que se haya procedido a una nueva evaluación ambiental".
Según afirman portavoces de la plataforma autora del recurso contencioso administrativo, a la vista del expediente aportado por el MITECO al procedimiento judicial, "es evidente que tanto Puertos del Estado como el Ministerio están buscando eludir sus obligaciones para dejar en manos de la misma APV la responsabilidad sobre una macroampliación que se ha convertido en un auténtico 'marrón' del que nadie quiere rendir cuentas por los riesgos medioambientales que entraña para el litoral valenciano y el lago de la Albufera".
La demanda incluye la petición de apertura de una pieza separada para la adopción de medidas cautelares consistentes, no solo en la suspensión de los efectos de la Resolución que otorga la potestad a la APV de ser juez y parte en la decisión sobre el sometimiento a Evaluación ambiental de las nuevas obras proyectadas, sino también la de otros actos, tanto de Puertos del Estado como de la misma APV, directamente vinculados a aquellas para evitar la producción de actuaciones directas que pudiesen frustrar la finalidad legítima del recurso y la efectividad misma de la futura Sentencia.
De aceptarse la solicitud de suspensión judicial reclamada por la plataforma ciudadana, la Autoridad Portuaria no podría aprobar el proyecto y adjudicar la ejecución de la obra de ampliación del Puerto, ni tampoco del nuevo muelle de cruceros hasta que recayese sentencia definitiva, ha informado la Comissió Ciutat-Port.
