El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha sacado adelante, con los votos a favor del PP y Vox y en contra de Compromís y PSPV-PSOE, la normativa diseñada por el Gobierno municipal para frenar la masificación y proliferación de apartamentos turísticos en esta ciudad.
Se someterá ahora a exposición pública, durante 45 días, la modificación de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia que regulan los usos terciarios hoteleros.
El concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha manifestado que, con este nuevo trámite, el Gobierno municipal muestra una "clara voluntad" de frenar la implantación de este tipo de alojamientos.
En el debate de la propuesta, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha señalado que el objetivo de la regulación de los apartamentos turísticos tendría que afectar a todos los barrios, y ha sostenido que la nueva normativa permite la apertura de 6.000 nuevos apartamentos.
"Con este tipo de acuerdos ganan quienes creen que Valencia es una ciudad que está en venta, para visitar y no para vivir", ha afirmado.
Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que el nuevo reglamento permitirá el incremento de plazas turísticas "por encima de las posibilidades de la ciudad, con trampas como los hoteles de lujo que se pueden instaurar en Ciutat Vella, que está totalmente saturada de turismo".
"El vecindario no solo compite con las viviendas turísticas, también lo hace con bloques enteros que amplían la oferta hotelera de la ciudad", ha lamentado Robles.
El concejal Juan Giner ha insistido en que esta norma "cierra la puerta a los apartamentos turísticos a través de una serie de candados que mantendrán el equilibrio turístico de los barrios".
El edil de Urbanismo y Licencias ha solicitado "rigor" en los datos aportados por la oposición, y ha indicado que el equipo de gobierno "valora el problema de manera global y restrictiva, y regula con visión de futuro para defender el modelo de ciudad en el que los vecinos y vecinas sean los primeros y priorizar los comercios de proximidad".
El debate de este punto lo ha cerrado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien ha defendido el trabajo de su gobierno en materia de vivienda y su regulación frente a la de los anteriores equipos de gobierno.
"Para nosotros es un asunto de ciudad, de los más trascendentes, y prueba de ello es que en año y medio hemos puesto en marcha y entregado más de mil viviendas de protección oficial y al mismo tiempo hemos incrementado inspecciones y cierres de actividades turísticas no registradas", ha dicho.
La normativa que ahora se somete a exposición pública, tras la tramitación y aprobación del procedimiento ambiental, conlleva la aplicación de controles o limitaciones (candados administrativos) que persiguen "un equilibrio sostenible en la oferta de apartamentos y plazas hoteleras".
Entre los controles que se aplicarían están la prohibición de la implantación de nuevas plazas turísticas en los distritos y barrios que superen el 8 % de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos empadronados.
Por otro lado, para evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada, se establece una protección de la vivienda por el que el número de viviendas turísticas y apartamentos turísticos no podrán superar el 2 % del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios.
Asimismo, se propone una protección del comercio, ya que se limita al 15 % de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar una vivienda turística, de forma que el 85 % de los locales estarán destinados a otros usos terciarios como oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias y clínicas.
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