La maqueta del Palacio de Justicia. EPDAla noticia saltó el pasado viernes, cuando el Consistorio recibió un requerimiento firmado a fecha de 26 de junio por la ya exconsellera Gabriela Bravo, y rubricado por la exvicepresidenta Aitana Mas tres días después, en el que se notifica la anulación del convenio firmado en el año 2018 aludiendo a un sobrecoste de 16,8 millones en el proyecto, causado por la subida del coste de los materiales y a las modificaciones realizadas por el Consell a posteriori, pasando de costar 17,7 millones a 32,9 millones. Igualmente, el escrito concluye que el porcentaje de actuaciones realizadas en base al acuerdo establecido era insuficiente.
El concejal de Urbanismo, José Gozalvo, remarca que "es inexplicable que se tomara una decisión tan importante en los últimos días de la legislatura, sin dejar que el nuevo Consell elegido por todos los valencianos y valencianas estudiara la propuesta y adoptara la solución pertinente. Contradice toda lógica democrática".
El edil también destaca que "el Ayuntamiento de Torrent ha invertido muchas horas de trabajo para que este proyecto salga adelante, además de una gran cantidad de dinero, en cuestiones como la redacción del proyecto o la urbanización del terreno donde se iba a ubicar el Palau de Justicia, que no tenemos intención de dar por perdido en nombre de Torrent y todas las personas que viven en nuestra gran ciudad".
En concreto el Consistorio ya ha asumido un coste de 90.000 euros "que van a tener que compensar", como advierte Gozalvo, además de todo el trabajo invertido por parte de los técnicos municipales en el proceso de tramitación. "Esta decisión puede suponer un nuevo retraso de prácticamente un año porque la Generalitat no cuenta con una partida en los presupuestos de este año para la licitación", remarca el responsable de Urbanismo, quien apunta que "posiblemente" el anterior equipo de gobierno era sabedor de la situación, aunque la oposición no.
El proyecto se ha resistido desde el principio, lo que fue uno de los anuncios más sonados del equipo de gobierno socialista hace dos mandatos, se convirtió en un proceso tedioso y complicado que no ha hecho más que retrasarse continuamente, a pesar de que el Ayuntamiento ya ha asumido en tiempo y forma la urbanización de la parcela de Parce Central donde debe ubicarse el nuevo edificio.
En 2019, la Generalitat autorizó al Consistorio a contratar la redacción del proyecto, licitar, adjudicar y ejecutar las obras de construcción del Palacio de Justicia, con un presupuesto máximo de 17,5 millones de euros, que, adelantaría el propio consistorio y posteriormente, la Generalitat abonaría tras la justificación de los pagos. En aquel momento, el alcalde también se comprometió a poner en marcha la licitación, tres meses después de tener el proyecto.
Finalmente, el contrato se firmó en noviembre de 2020 y la UTE tenía 30 meses como máximo para presentar el proyecto completo que se materializó el 10 de marzo de 2022. El equipo de gobierno socialista siempre ha defendido que el retraso se debió a las alegaciones que se presentaron en el proceso de adjudicación de la redacción. La última noticia que hicieron al respecto fechaba a finales de 2023 la licitación del proyecto.
