El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. - EFEIntersindical Valenciana considera que el anuncio del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, de "penalizar todavía más la jubilación anticipada y de incentivar la continuidad en la vida laboral activa más allá de la edad legal de jubilación son un claro exponente de política neoliberal, contraria a los derechos laborales y sociales de la clase trabajadora" y a la mayoría social del país.
"Es sorprendente que para un Ministro progresista, nombrado por el PSOE por más señas, la prioridad en materia de pensiones no sea fortalecer el sistema para facilitar el acceso de los trabajadores y trabajadoras a las mismas o, incluso, garantizar la suficiencia económica de las personas pensionistas. Por el contrario, sí lo es recortar el derecho a una pensión endureciendo las condiciones de acceso e incentivar económicamente la permanencia de las personas en activo, sabiendo que es la única opción de mejorar la ridícula cuantía de las pensiones. Además de que, con esta medida, se obstaculiza el acceso de las personas jóvenes al mercado laboral en un momento en que la tasa de paro por este colectivo es escandalosa", dice el sindicato en una nota divulgada hoy.
"El Ministro justifica las medidas atendiendo a una supuesta necesidad de sostenibilidad del sistema de pensiones que obliga a limitar las jubilaciones anticipadas", añade la nota, que también explica que "lo hace manipulando la realidad".
"Por un lado, esconde el hecho de que estamos todavía en el periodo transitorio de aplicación de la reforma de las pensiones de 2011, por la cual la edad de jubilación legal se situará en 67 años y, por lo tanto, la jubilación anticipada se aplazará a los 65 en el mejor de los casos. Por otra, no evalúa el impacto económico que para las personas pensionistas supone la penalización permanente de la jubilación anticipada y que puede llegar hasta el 2% trimestral, dependiendo de los años de cotización. Dos cuestiones que ponen en entredicho la premisa de que las jubilaciones anticipadas son un elemento distorsionador de la sostenibilidad del sistema público de pensiones", dice la nota.
"En cuanto al incentivo económico anual para mantenerse en situación laboral activa, tampoco está exento de manipulación y polémica. En primer lugar, porque el incentivo económico no es nada más y nada menos que un caramelo envenenado que pretende disimular la realidad de unas pensiones que a duras penas dan para subsistir; en segundo, porque se habla de 12000 de anuales, cuando esta cifra es la que corresponde a la pensión máxima y estaría muy alejada de la que correspondería, por ejemplo, a una pensión mediana de 1182 euros".
"Por último, el incentivo a retrasar la edad de jubilación es, básicamente, un atentado a los intereses del colectivo de personas jóvenes, porque de entrada será un obstáculo añadido por el acceso al mercado de trabajo y, porque, a la larga, compromete las posibilidades de acceder a una pensión digna al limitar todavía más los años cotizados", expone.
"En definitiva, una vez más, el argumento de la sostenibilidad del sistema público de pensiones sirve de paraguas para justificar recortes en el derecho a la pensión, cuando el verdadero desfase de la caja de pensiones está en la carencia de ingresos por las elevadas tasas de paro y, en el caso de los trabajadores y trabajadoras en activo, por unas miserables cotizaciones derivadas de la patética estructura salarial del mercado laboral actual", dice también.
"No es un problema del sistema de pensiones, es un problema del mercado laboral y, por lo tanto, las intervenciones públicas tienen que ir en este sentido: articulando políticas activas de ocupación, mejora del SMI y fomento de relaciones laborales estables y muy retribuidas".
"Si desde el Ministerio se sigue la línea política comenzada con las reformas de las pensiones de 2011 y 2013, de recortar el derecho a una pensión de jubilación y su cuantía, siguiendo los dictados neoliberales de la Comisión Europea y de los lobbies financieros y económicos, el conflicto social está servido; porque de ninguna de las maneras se aceptará que esta nueva crisis se resuelva asegurando los privilegios de unas pocas élites a expensas de recortar derechos de la mayoría social", concluye.
