La Delegación en Valencia del Foro de la Familia y la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia instan a las Administraciones Públicas al cumplimiento de las resoluciones judiciales

La Delegación en Valencia del Foro y FCAPA instan a todas las Administraciones Públicas al cumplimiento efectivo y en sus propios términos de todas las resoluciones judiciales independientemente de su sentido. Las resoluciones judiciales pueden criticarse -mejor con argumentos jurídicos que meramente ideológicos o políticos-, pero deben siempre acatarse y cumplirse aunque no se compartan y pueden, cuando sea procesalmente posible, recurrirse si los afectados entienden que sus derechos o libertades son vulnerados. Esto debería hacerse de forma escrupulosa en el caso de las Administraciones Públicas, pues tienen un deber de ejemplaridad en el respeto al Estado de Derecho y al ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta, además, que dicho incumplimiento podría incluso en determinados supuestos llegar a ser delito. El espectáculo dado recientemente por algunas instituciones en la Comunidad Valenciana es poco edificante en términos democráticos. 

Todos debemos respetar los sentimientos, opiniones, creencias y convicciones de todos los ciudadanos, y nadie, ningún particular, institución, colectivo o lobby tiene derecho a denigrarlos, ridiculizarlos u ofenderlos, y menos si al mismo tiempo reclama respeto para sus propias opiniones o ideología. Es muy fácil ver supuestos delitos de "odio" en las acciones de los otros y pasar por alto las propias actuaciones irregulares y prejuicios. Este respeto debe darse también con respecto a las religiones, pues parece que existe carta blanca para su escarnio y para el menosprecio de sus creyentes y practicantes, como si fueran ciudadanos de segunda. Debe tenerse siempre presente que «toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia», según lo establecido en los arts. 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) y 10 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE). 

FCAPA y la Delegación en Valencia del Foro recuerdan a las Administraciones Públicas, y especialmente a la educativa, su deber de neutralidad ideológica (art. 18 de la LODE, STC 5/1981), que se incumple cada vez que se promociona o impone una concreta visión ideológica particular al conjunto de la sociedad. Además, esas imposiciones limitan derechos fundamentales de los ciudadanos, y en el ámbito educativo dificultan el ejercicio del derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus propias convicciones morales, religiosas, filosóficas o pedagógicas, tal como se recoge en los arts. 27.3 de la Constitución Española, 26.3 de la DUDH y 14.3 de la CDFUE.