Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de Valencia.
La Diputación de Valencia ha aprobado este viernes en un pleno extraordinario, por los votos a favor del equipo de gobierno y de La Vall Ens Uneix, y en contra de la oposición, asumir las competencias de la mercantil Divalterra (la antigua Imelsa), tras lo que se procederá a su disolución.
El pleno ha acordado el traspaso del personal de Divalterra al Consorcio de bomberos, que asumirá la gestión directa del servicio de prevención de incendios forestales que realizan los brigadistas y cuyo coste financiará íntegramente la corporación, y el resto del personal será transferido a la propia Diputación que, respetando los derechos de los trabajadores, podrá reorganizar los servicios para integrarlos en la institución.
Los liquidadores continuarán gestionando las funciones que asumirán el Consorcio y la Diputación hasta la fecha de aceptación efectiva del traspaso de competencias, según han informado fuentes de la institución.
Tras la aprobación del dictamen, los trabajadores de la Diputación y de Divalterra han recibido un correo electrónico con el documento, elaborado por los técnicos de la corporación, y un texto del presidente de la corporación en el que informa de la apertura de "un nuevo período donde primará únicamente la estabilidad laboral de los trabajadores y el óptimo desarrollo de sus funciones".
La misiva anima a todas las áreas de la Diputación, y en especial a la plantilla de Divalterra, a "seguir trabajando de manera conjunta para conseguir el único objetivo común, que es acabar con una situación insostenible durante décadas y dar tranquilidad, protección y futuro a más de 600 trabajadores".
El presidente de la Diputación, Toni Gaspar, ha indicado que se trata de una decisión "trascendental" que se adopta 30 años después de su creación, "de la mano de la ley y ajenos al ruido de quienes no han sabido o no han querido aportar nada para garantizar el futuro" de estos trabajadores en una empresa "con una oscura reputación heredada".
Gaspar ha insistido en que se trata de un acuerdo "histórico", que exigía "altura de miras" y al que se ha llegado "de la mano de los técnicos, los trabajadores y la ley", mientras que ha lamentado "tanto tiempo perdido".
Desde Compromís, Xavier Rius ha asegurado que este es "un gran día para la Diputación y la mayoría de los trabajadores de Divalterra" y ha recordado que se encontraron una empresa "con la UCO encima y una imagen abominable y, pese a intentar dignificarla", en 2018 tuvieron que anunciar su "cierre ordenado".
El diputado de La Vall ens Uneix Joan Sanchis ha valorado el informe de los habilitados nacionales para "respetar el espíritu fundacional de la empresa".
Desde la oposición, PP, Ciudadanos y Vox han indicado que es un acuerdo que se adopta "con excesivas prisas y sin unanimidad", e incluso la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, ha anunciado un recurso de reposición para reclamar la nulidad del acto.
El portavoz popular, Vicent Mompó, ha afirmado que la motivación de este acuerdo de disolución de Divalterra "es política" y genera "una tensión innecesaria a los trabajadores", y ha opinado que "no se puede cerrar una empresa investigada por la Fiscalía y Antifraude".
El diputado de Vox Joaquín Alés ha justificado su rechazo en las "dudas que plantea la extinción y las posibles razones políticas ante la mala reputación de la empresa".
Tras la sesión, el pleno de la Diputación se ha constituido en Junta General de Divalterra y ha aprobado, sin ningún voto en contra, las cuentas anuales y el informe de gestión de 2020. A continuación, la Junta ha celebrado una sesión extraordinaria solicitada por la oposición para dar cuenta de la situación procesal y laboral del jefe de los servicios jurídicos de Divalterra, José Luis Vera.
