La empresa pública Espais Econòmics Empresarials (EEE), formada a partes iguales por Sepides y la Generalitat, ha acordado retirarse de los contenciosos que mantenía abiertos con un millar de propietarios de terrenos en la parcela de Sagunto donde se ubicará la gigafactoría de baterías.
En concreto, el Consejo de Administración de EEE ha aprobado este jueves retirarse de los recursos contenciosos contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación (JPE), una vez que se han dictado por el por el Tribunal Superior Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), al menos, cinco sentencias desestimatorias de los recursos interpuestos por ADIF en casos semejantes de expropiaciones en Parc Sagunt II.
La entidad ha tomado esta decisión tras comprobar que los motivos que podían fundamentar dichos recursos coinciden con los argumentos que han sido rebatidos y no acogidos por el TSJCV en las citadas sentencias, según informa la Generalitat y ha avanzado el president y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, antes de participar en un acto electoral del PSPV-PSOE en Sagunto.
La entidad pública, participada por la Generalitat y el Gobierno central a través de SEPIDES (grupo empresarial perteneciente a la Sociedad de Participaciones Industriales -SEPI-, organismo público dependiente del Ministerio de Hacienda), inició un proceso contra el justiprecio marcado por el Jurado Provincial para los terrenos de los expropiados de Parc Sagunt puesto que el órgano dictó las resoluciones valorando al alza las fincas de los propietarios.
"No obstante -añaden desde la Generalitat-, la decisión se ha adoptado a la vista de los recientes pronunciamientos judiciales y valorando que el justiprecio resuelto en los casos de ADIF se corresponde con fincas de muy similar ubicación, clasificación urbanística, superficie, aprovechamiento agracio, condiciones y características a las que han sido expropiadas por EEE".
"Continuar con este proceso teniendo en cuenta los pronunciamientos del TSJCV podría suponer un agravio para EEE en cuestión de costes judiciales y administrativos y un perjuicio para los agricultores expropiados", ha explicado la presidenta de EEE, Maria José Mira.
Esta decisión eleva el justiprecio marcado inicialmente a favor de alrededor de mil agricultores aunque "no afectará a la viabilidad del proyecto", ha asegurado Mira.
Puig, por su parte, ha valorado que se acabe así con este "conflicto", aceptándose el precio que pedían los agricultores afectados, y se hayan podido conciliar así todos los intereses en torno a este proyecto, pues a su juicio la política debe servir para conciliar intereses y no para "buscar la confrontación".
Asimismo, ha anunciado también que la próxima semana se va a adjudicar ya la obra, estimada en unos 220 millones de euros, para llevar a cabo toda la urbanización de Parc Sagunt
"Estamos cumpliendo todas las fechas que acordamos con la empresa", ha valorado Puig, para quien esto es "fundamental" para que el proyecto se lleve a término "lo más pronto posible".