El subdelegado de Gobierno, segundo de la izquierda, junto a la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE y el alcalde de Canet. EPDALa Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere continúa a la espera de una respuesta por parte de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana a la solicitud de cese del subdelegado en Valencia, José Rodríguez Jurado, remitida hace varios días por este movimiento cívico.
El colectivo fundamenta su petición en la resolución emitida por la Agencia Valenciana Antifraude dentro del expediente 2022G01020000372, que declaró contrario a derecho y nulo el proceso de promoción interna convocado por el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer para cubrir una plaza de técnico de administración general (subgrupo A1).
Dicho proceso fue finalmente ganado por José Rodríguez Jurado, quien posteriormente fue designado subdelegado del Gobierno en Valencia por el Ministerio de la Presidencia, por orden del presidente Pedro Sánchez y con el apoyo personal de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé García.
Según la Plataforma, la designación en el consistorio de Canet d'En Berenguer fue realizada por el alcalde, Pere Antoni, "pese a tener conocimiento de que vulneraba la legalidad, infringía la jurisprudencia del Tribunal Supremo y quebrantaba los principios básicos de la ética en política", en palabras de fuentes del colectivo.
Estas mismas fuentes recuerdan que "tanto el alcalde de Canet como el subdelegado del Gobierno pertenecen al mismo partido político, y la designación del señor Rodríguez como funcionario de nivel A1 fue realizada por el señor Pere Antoni en su condición de máxima autoridad municipal".
Añaden que el proceso de oposición constituye "un ejemplo de presunta corrupción en la administración local", dado que la Sentencia 883/2021 del Tribunal Supremo exige como requisito indispensable para la promoción interna del subgrupo C1 al A1 el paso previo por el A2, con la permanencia mínima legalmente requerida. Sin embargo, la resolución 2022-1376 del 6 de abril de 2022 del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer "vulneró dicha jurisprudencia al permitir una promoción directa de C1 a A1, contraviniendo el ordenamiento jurídico vigente".
De acuerdo con la Plataforma, estas irregularidades implican presuntamente la nulidad de pleno derecho tanto de la resolución aprobatoria de las bases del procedimiento como del acto de admisión del aspirante, conforme al artículo 47.1.f de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por este motivo, la organización remitió a la delegada del Gobierno un burofax denunciando posibles vulneraciones de la legalidad administrativa que afectarían al correcto funcionamiento de la Administración Pública. En dicho escrito, según explicaron a El Periódico de Aquí, la Plataforma solicitaba a Bernabé la adopción de varias medidas "para garantizar el respeto a la legalidad y la defensa del interés público", entre ellas:
1. Acordar el cese del subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado
2. Iniciar procedimientos internos de inspección o sanción en relación con el subdelegado y comunicarse con el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer sobre las presuntas irregularidades de índole penal que pudieran concurrir en el caso
3. Garantizar la defensa del interés público y la legalidad vigente, adoptando las medidas administrativas necesarias para corregir las irregularidades detectadas
4. Derivar la posible responsabilidad penal a la Fiscalía o autoridad competente
Hasta la fecha, según ha indicado un portavoz de la Plataforma, "la señora Bernabé ni siquiera se ha dignado a contestar el citado burofax y, por supuesto, no se ha producido ningún acto relacionado con este asunto ni con las peticiones realizadas por el movimiento cívico".
Exigen respuestas y regeneración democrática
La Plataforma insiste en que su petición no es un mero trámite formal, sino una exigencia de reacción rápida y contundente por parte de las autoridades competentes, con el fin de depurar responsabilidades y restaurar la legalidad y la ética institucional.
"La omisión de respuesta equivale a complicidad; por ello, la actuación -o inacción- de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, afecta no solo al caso concreto de Rodríguez Jurado, sino también a la confianza de toda la ciudadanía en la limpieza de las instituciones democráticas", subrayan.
Como reflexión final, la Plataforma considera que "este caso simboliza, con nombres y apellidos, la crisis de ética en la gestión pública cuando se priorizan lealtades personales o de partido sobre el estricto cumplimiento de la ley".
Añaden que "el silencio, la ausencia de fiscalización y la utilización discrecional del acceso a la función pública lesionan gravemente los valores democráticos y los derechos fundamentales. Una respuesta clara, ética e inmediata por parte de las autoridades no solo es imprescindible: es una obligación democrática y legal".
