La UCO ratifica que el PP de Valencia gastó en sus campañas mucho más de lo que declaró

Cinco agentes de la UCO de la Guardia Civil han ratificado este martes ante el juez que el PP de València gastó cerca de 2 millones en la campaña electoral de 2007, una cifra muy superior a los 150.000 euros que declaró oficialmente el partido, y que el grupo municipal usó la misma operativa, supuestamente corrupta, en los comicios de 2011.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha empezado a juzgar este martes la pieza A del caso Imelsa, donde se investigan las posibles corruptelas de los más estrechos colaboradores de la entonces alcaldesa de València Rita Barberá para financiar supuestamente de forma ilícita al PP en los comicios de 2007 y 2011, pues las operativas detectadas en 2015 fueron archivadas.

Se sientan en el banquillo de los acusados el exvicealcalde de València Alfonso Grau; la ex secretaria municipal del PP Mari Carmen García Fuster; el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exresponsable de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Innovación Urbana Juan Eduardo Santón.

Grau, de 83 años y con antecedentes por cohecho, está acusado de los delitos de malversación y de nuevo por cohecho en su modalidad continuada, Fuster de un delito continuado de cohecho y Santón y Salinas de malversación continuada.

Anticorrupción reclama una condena de nueve años de prisión para el que fue "mano derecha" de Barberá, un año para García Fuster y cinco tanto para Salinas como para Santón.

Los agentes citados este martes por el fiscal han confirmado que empezaron a investigar las cuentas del PP de València a raíz de las grabaciones del exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonqui del dinero', Marcos Benavente, y de las intervenciones de las comunicaciones de varios sospechosos.

Han aludido concretamente a una conversación telefónica entre María José Alcón (fallecida en 2018), entonces edil de Cultura y esposa de Alfonso Grau, en la que ésta relataba a su hijo "una operativa de transferencias bancarias a una cuenta del PP municipal y de devolución de esas aportaciones con dinero en efectivo", según ha declarado uno de los agentes.

Así, se averiguó que el PP local manejaba dos cuentas, una en Caixabank y otra en Sabadell. "En la primera se reflejaban los ingresos provenientes del Ayuntamiento por las subvenciones a los grupos políticos y la segunda se nutría de los ingresos de las cuotas de afiliados, aportaciones de 'colaboradores y allegados' e ingresos en efectivo realizados por García Fuster".

En esta segunda cuenta llegó a haber 187.450 euros, que se destinaron a gastos electorales en 2011, según ha confirmado uno de los guardias civiles que participó en la investigación, y "carecía de control", al no estar tutelada por la organización central del partido.

"Hablamos del grupo municipal del PP, pero quienes realmente manejaban el dinero eran Grau y Fuster", ha apuntado otro de los agentes.

Si en 2007 el PP contrató la mayoría de sus acciones electorales con la firma Laterne, en 2011 hizo lo propio con otra denominada Trasgos.

"Comprobamos que había empresas que sólo facturaron con Trasgos antes de las elecciones (de 2011), durante la campaña, y eran empresas que tenían importantes intereses económicos con el Ayuntamiento. Además, buena parte de ellas eran las mismas que ya habían realizado esta misma operativa en 2007", han apuntado los investigadores de la UCO.

"Los gastos en los que incurrió la empresa de comunicación contratada para abordar los actos del PP superaron al menos en 110.000 euros lo declarado por el PP, de lo que se deduce que el partido debía tener otra fuente de ingresos", han agregado.

Los investigadores han detallado en sus informes una operativa que consistía en que desde entidades públicas como Turismo Valencia o la Fundación para la Innovación Urbana -que se nutrían de fondos públicos-, así como desde empresas adjudicatarias del Ayuntamiento, se habrían desviado fondos a las empresas de comunicación responsables de las campañas del PP de València.

Previamente a las declaraciones de los guardias civiles, las defensas de los cuatro acusados por la supuesta 'caja B' del PP de València han solicitado al tribunal que considere prescritos los delitos de malversación y cohecho de los que se les acusa y, en cualquier caso, han rechazado la modalidad continuada de los delitos, que alarga el periodo de prescripción hasta los quince años.

El presidente del tribunal, tras una breve deliberación, ha señalado: "Para podernos pronunciar al respecto deberíamos poder hacerlo sin ningún género de dudas, pero no es así".

En esta pieza llegaron a estar investigados medio centenar de ediles y asesores del PP de la época de Rita Barberá por un supuesto delito de blanqueo de capitales cometido antes de las elecciones de 2015 mediante el ingreso en las cuentas del partido de 1.000 euros que, según sostuvieron los investigadores, se les habrían devuelto en algunos casos con billetes de 500 de origen indeterminado.

Sin embargo, esa parte de la macrocausa Imelsa -la conocida como del "pitufeo"- fue archivada en diciembre de 2021 tras más de un lustro de instrucción y se archivó también en lo relativo a la supuesta responsabilidad del PP como persona jurídica.

Dado que el archivo de esta parte se produjo una vez presentados los escritos de acusación y defensa, así como las peticiones de comparecencia de testigos, el presidente del tribunal ha pedido a las partes que presenten nuevas calificaciones "adaptadas a los hechos que se juzgan" y las partes han renunciado a varios testimonios.