El ex secretario municipal de Canet compró oro con dinero procedente de sus chiringuitos que usó delictivamente para esquilmar las arcas públicas de varios Ayuntamientos

El ex secretario del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, salta de nuevo a la palestra como presunto autor de varios delitos relacionados con la compra de oro con dinero procedente de sus chiringuitos particulares que usó delictivamente para esquilmar las arcas públicas de varios consistorios.

Un nuevo asunto relacionado con la trama de corrupción instalada por el Ex secretario del Ayuntamiento de Canet sacude a la opinión pública valenciana.

Este medio de comunicación, desde hace décadas, viene realizando un trabajo periodístico tendente a desvelar todas las ilegalidades y desmanes delictivos que Sancho Sempere perpetró en diversos ayuntamientos e instituciones públicas de la comunidad valenciana.

Porque desde el año 2000 hasta el año 2015, este funcionario corrupto esquilmó las arcas de diversos consistorios de la provincia de Valencia y, según los informes realizados por la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia a instancia de los juzgados de instrucción y de la Fiscalía Provincial, consiguió embolsarse más de dos millones de euros, gracias a contrataciones fraudulentas, actuaciones prevaricadoras y negociaciones prohibidas.
Las investigaciones llevadas a cabo por el Equipo de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Guardia Civil, revelaron que Sancho contaba con un complejo entramado de empresas y asociaciones utilizadas para la apropiación ilícita de fondos públicos. Estas entidades, bajo su control directo o a través de familiares, recibían contratos de asesoramiento jurídico de ayuntamientos y organismos públicos sin los procedimientos legales establecidos.

Las investigaciones han identificado a diversos familiares de Sancho implicados en la trama, incluyendo a su esposa e hijos, quienes formaban parte varias empresas particulares creadas por Sancho para facturar servicios para luego apropiarse del dinero obtenido con fines lucrativos. Entre las entidades creadas por Sancho se encuentran:
* Academia Valenciana de Juristas
* Asesores Profesionales
* Millena III Milenio
* Federación Profesional Valenciana
* José Antonio Sancho Abogados SLP
* Asociación Agropecuaria de la Serranía

Estas entidades privadas servían como canales para captar contratos con ayuntamientos y entidades oficiales, adjudicadas de manera directa o mediante concursos amañados. El dinero obtenido era desviado a cuentas personales de Sancho, quien llegó a manejar multitud de cuentas bancarias y acumular un importante patrimonio particular.
La Guardia Civil hace constar en informes elaborados a petición judicial que los ingresos/abonos/traspasos percibidos por Sancho Sempere a través de las citadas entidades y solo en el periodo 2007 a 2011 fueron los siguientes.
- ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS: 470.519,23 euros
- ASESORES PROFESIONALES:____: 347.013,08 euros
- JOSE ANTONIO SANCHO ABOGADO___: 201.491,12 euros
- MILLENA III MILENIO_____: 630.000 euros
- FEDERACION PROFESIONAL ____: 165.000 euros
- PANGEA ARCO MEDITERRANEO____: 282.500 euros

Los procesos judiciales contra Sancho comenzaron en 2013, cuando la Fiscalía Anticorrupción inició investigaciones sobre sus actividades irregulares. Las pruebas recopiladas por la Guardia Civil demostraron que la trama afectó a varias administraciones y entidades públicas, entre ellas:
* Canet d'En Berenguer
* Cheste
* San Antonio de Benagéber
* Real de Gandía
* Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana
* Junta de Andalucía
* Aguas de Valencia
* Egevasa

Según investigaciones periodísticas y fuentes cercanas al caso, José Antonio Sancho Sempere ha sido condenado por graves irregularidades en los procesos de contratación que incluye la falta de licitaciones públicas, la manipulación de pliegos de condiciones y la adjudicación directa a empresas sin los requisitos legales necesarios. Estas prácticas, que violan la Ley de Contratos del Sector Público, habrían permitido a Sancho Sempere desviar fondos públicos hacia cuentas personales o de terceros, en un esquema que recuerda a los peores casos de corrupción en la administración local en los últimos años

La compra de oro: el destino de los fondos desviados

Lo más llamativo del caso es el destino final de estos fondos ilícitos. Según documentos y testimonios recabados por este medio, José Antonio Sancho Sempere ha utilizado parte del dinero obtenido de manera fraudulenta para adquirir oro, un bien que, por su alto valor y facilidad de almacenamiento, suele ser utilizado para blanquear capitales o preservar riquezas de manera oculta.

Las investigaciones sugieren que el ex secretario del ayuntamiento habría realizado varias compras de oro en los últimos años, acumulando una cantidad significativa del metal precioso. Estas transacciones, realizadas a través de intermediarios y en establecimientos fuera de la localidad, habrían pasado desapercibidas durante mucho tiempo, hasta que una denuncia anónima y una investigación reciente han sacado a la luz las compras del preciado metal.

Solo en un año Sancho Sempere realizó compras de oro por valor de 11.616,70 euros, según se hace costar en al Informe de la Sección de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de la Provincia de Valencia que consta aportado en las diversas causas judiciales que se han tramitado contra el ex secretario municipal de Canet.

Dicha adquisición podría sin embargo ser muy superior y a tal efecto y como ha sabido este medio, ha tomado cartas en el asunto la Agencia Tributaria al objeto de analizar si dicha compra de oro pudieran revestir no solo una grave infracción fiscal sino también algún delito tipificado en el Código Penal como blanqueo de capitales y/o delito fiscal.

En España, la compra de oro se ha convertido en un método empleado para ocultar fraudes fiscales y blanqueo de dinero. Su alta liquidez, facilidad de transporte y relativa falta de trazabilidad lo hace un activo atractivo para actividades ilícitas.

Uno de los principales problemas asociados con la compra de oro es su potencial para evadir impuestos. Muchas transacciones de compra y venta de oro se realizan en efectivo, lo que dificulta su rastreo por parte de las autoridades fiscales. Además, existen establecimientos que compran oro usado sin verificar adecuadamente la procedencia de las piezas, permitiendo que el dinero negro se introduzca en el sistema financiero sin levantar sospechas.
Las personas o empresas que desean ocultar ingresos no declarados pueden convertir grandes sumas de dinero en lingotes o monedas de oro, evitando así dejar rastros bancarios que podrían ser detectados por Hacienda. Posteriormente, pueden revender el oro en otros países o utilizarlo como forma de pago en negocios internacionales, dificultando la fiscalización.

El blanqueo de capitales mediante la compra de oro es una práctica extendida en España. Los delincuentes adquieren oro con dinero de origen ilegal, como el narcotráfico o la corrupción, para luego venderlo en mercados internacionales donde las regulaciones son más laxas. De esta manera, el dinero regresa al circuito financiero con apariencia de legalidad.
Otra técnica utilizada es la simulación de compraventa de oro entre empresas ficticias. Al inflar el precio del oro o realizar transacciones simuladas, los defraudadores consiguen blanquear grandes cantidades de dinero sin que las autoridades puedan rastrear fácilmente su origen.

A pesar de que en España existen normativas para combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales en la compraventa de oro, muchas de estas transacciones se siguen realizando de manera opaca. La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales obliga a los comercios de compra-venta de metales preciosos a identificar a sus clientes y reportar operaciones sospechosas al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC). Sin embargo, la falta de controles rigurosos y el uso de intermediarios permiten que muchas operaciones fraudulentas pasen desapercibidas.

Nos encontramos pues ante una nueva variante presuntamente delictiva del ex secretario del Ayuntamiento de Canet: la compra de oro cuya investigación está por continuar y cuyo resultado puede arrojar nuevas vías de judicialización del ex secretario condenado reiteradamente por corrupción en la administración pública.

La corrupta actividad delictiva de Sancho, una historia repleta de cómplices, entre políticos, funcionarios y empresarios, ha quedado plasmada en un libro escrito por el director del PERIODO DE AQUÍ titulado 'El zorro en el gallinero'.

Sancho Sempere como consecuencia de las graves irregularidades observadas durante su larga carrera delictiva como funcionario municipal, fue encausado judicialmente y posteriormente condenado a pena de prisión, como este medio periodístico ha informado anteriormente.

1.- Fue condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que también condenó a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García Castellar.

Ambos fueron condenados por el delito de cohecho.

Esta sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia fue recurrida por vía de recurso de Casación ante el Tribunal Supremo que resolvió de forma definitiva la cuestión en la Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016, desestimando el recurso de casación interpuesto por Sancho Sempere y ratificando la sentencia de la Audiencia que dijo:

“Debemos condenar y condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio Sancho Sempere, y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García Castellar; imponiendo a ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas”.


2.- Fue condenado por el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia que en virtud de sentencia de fecha 21 de julio de 2022 por delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro delito también continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y actividades prohibidas.

La sentencia judicial que es firme y fue aceptada por Sancho, dice :
“Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo CONDENAR Y CONDENO a José Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función del art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO AL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA, 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular
Pero lo relevante de esta última sentencia es que Sancho Sempere reconoció de forma expresa que era él el que dirigía, gestionaba y controlaba a la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (como también ocurría con las otras asociaciones creadas por Sancho Sempere como la FEDERACION PROFESIONASL VALENCIANA).

La sentencia dice también que:
“Para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado”.

3. Fue condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la pieza judicial del CONSORCIO DE MUSEOS DE LA GENERALIDAD VALENCIANA que vuelve a condenar a José Antonio Sancho Sempere por el delito de prevaricación en los siguientes términos:
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido Condenar a JOSE ANTONIO SANCHO SEMPERE y a RAFAEL PARRA MATEU por un delito continuado de prevaricación de los arts. 404 y 74 CP a las penas de cuatro años y seis meses y nueve años respectivamente de inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o función pública que comporten manejo de fondos públicos o decisiones o intervención en contratación.


José Antonio Sancho Sempere, ex secretario del Ayuntamiento de Canet y capo de la llamada “trama de las asesorías”, se enriqueció durante años a costa de ayuntamientos y entidades públicas y consiguió ser titular de 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, (uno de ellos en Canet) 82 fincas rústicas, un yate privado (Millena) y vehículos de alta gama que fueron a parar a su patrimonio personal y al de su familia.

Las implicaciones políticas y judiciales
Este caso que lejos de terminar renace continuamente con nuevos hechos, no solo tiene implicaciones a nivel local, sino que también ha afectado la imagen de la administración pública en la Comunidad Valenciana, una región que ha sido históricamente golpeada por graves casos de corrupción. La posible implicación de otros cargos públicos o entidades en la trama de contratos ilegales constituye un escándalo solo comparable con lo sucedido hace unos años en Marbella.

Un llamamiento a la transparencia y la ética pública
El caso de José Antonio Sancho Sempere es un recordatorio más de la importancia de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la administración pública. La corrupción no solo erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que también desvía recursos que deberían destinarse a mejorar la calidad de vida de la población.
En un momento en el que la sociedad exige mayor responsabilidad y ética por parte de sus representantes, es fundamental que casos como este no queden impunes. La justicia debe actuar nuevamente con firmeza para enviar un mensaje claro: la corrupción no tiene cabida en una democracia.
Mientras tanto, los vecinos de Canet esperan respuestas y soluciones. El escándalo ha dejado una mancha en la reputación de la localidad, pero también ha abierto una oportunidad para reconstruir la confianza y garantizar que hechos como estos no se repitan en el futuro.