Joan Ribó, cuando era alcalde de Valencia y, a la derecha, cuando era coordinador general de EU. EPDA

Alcaldes de la democracia en Canet d"En Berenguer. EPDA Joan Ribó y uno de los burofaxes que le enviaron desde EU de la comarca del Camp de Morvedre para que terminase el urbanismo salvaje en Canet. EPDA

Una nueva trama ha saltado a la luz pública en relación con el que fue todopoderoso y corrupto secretario de la corporación municipal de Canet. Se trata esta vez de la trama que une a Sancho Sempere con el que fue alcalde de Valencia, Joan Ribó y en el momento del boom urbanístico, coordinador general de Esquerra Unida del País Valencià, es decir, el máximo dirigente de la formación de izquierdas en la Comunidad Valenciana. En este artículo, se aborda la especulación urbanísticay nos detenemos en la intervención que Ribó, que ha demostrado una gran hipocresía, y Sancho tuvieron con relación al fenómeno desastroso del desarrollo urbanístico de Canet y cuyas consecuencias se están hoy soportando.

La desastrosa gestión de ambos en sus respectivos cargos acabó con los dos de forma rotunda. A Joan Ribó lo expulsaron las urnas. A Sancho Sempere lo expulsaron los tribunales.

Como ya informó El Periódico de Aquí en el año 2019 Joan Ribó, respaldó el urbanismo salvaje en Canet d'En Berenguer. Interesa recordar que Ribó, como coordinador general de EUPV, apoyó al alcalde de EU en esta localidad del Camp de Morvedre, cuando la dirección comarcal exigía un cambio drástico del ''modelo de desarrollo'' contrario a la sostenibilidad ecológica.

Joan Ribó era, además, secretario de Medio Ambiente a nivel nacional de Izquierda Unida. Porque todo el mundo tiene una trayectoria y un pasado y Ribó, en ese momento, miró hacia otro lado cuando sus compañeros de EU en la comarca a la que pertenece Canet le pedían la dimisión del alcalde y el fin del urbanismo salvaje.

Ribó se hizo el loco y miró hacia otro lado, esquivando la continua polémica... Hasta que se pasó a Compromís y se convirtió en el alcalde verde pepino después de amargar a sus correligionarios de EU. Esta información, que se publicó después de las elecciones municipales para que no pareciese que se había elegido antes de los comicios para influir negativamente en el resultado, le costó a El Periódico de Aquí una campaña de retirada de publicidad institucional de Compromís. El artículo decía textualmente lo siguiente:

''El pasado siempre vuelve. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, antes de triunfar en la capital con Compromís, fue coordinador general de EUPV. Concretamente desde 1997 hasta 2003. En este periodo tuvo que lidiar con un problema que, casi dos décadas después, está de plena actualidad tras las dos condenas por corrupción de quien fuera secretario municipal en Canet d’En Berenguer,José Antonio Sancho. Éste tejió una extensa telaraña de empresas con testaferros incluidos y ha acabado con Sancho en la cárcel. Esto ha ocurrido ahora, pero estos lodos son consecuencia de los polvos del desarrollo urbanístico salvaje en los años 80 y 90 en dicha localidad de la comarca del Camp de Morvedre. Y aquí es donde interviene Joan Ribó.

Canet era un municipio costero eminentemente agrícola con alcalde comunista hasta el año 2003. En los años 80 recaló allí como secretario municipal quien fuera candidato por Fuerza Nueva al Ayuntamiento de Valencia en 1979, José Antonio Sancho Sempere. Con idea de generar progreso y trabajo para su municipio, el carismático alcalde, Enrique Altabella, promovió la transformación de la localidad, apoyándose en empresarios locales que recibieron las primeras concesiones a 75 años, como el Hotel Playa Canet o Salones Mar Blau. Empresarios que invirtieron en el municipio a cambio de dichas concesiones, construyendo por ejemplo el imponente auditorio o el emblemático paseo marítimo. Sin embargo, otros buitres aprovecharon la buena intención del alcalde para no sólo hacer negocio, sino para tejer una densa tela de araña de sobornos, compras de voluntades y colocación en el Ayuntamiento vía oposiciones trucadas.

Después de varios años construyendo sin parar, la localidad pasó de 1.307 habitantes en 1981 a 6.473 personas censadas en 2017.

Y en los años 90 saltaron todas las alarmas en el partido al que representaba el alcalde, primero el PCE y después Esquerra Unida. Fueron años de disputas entre la dirección comarcal de EU y del vecino municipio de Sagunt con la dirección local de Canet, que intentaron frenar la ‘‘política urbanística salvaje’’ en esta localidad. Una guerra que trasladaron al entonces coordinador general de EUPV, Joan Ribó, quien sin embargo acabó apoyando dicho desarrollo en contra de los criterios de la comarca.

Los años de confrontación se prolongaron desde el 2000 al 2003, cuando la dirección de Sagunt y el Camp de Morvedre pidieron a la ejecutiva de País -la dirección autonómica comandada por Ribó- que pusiera freno a los desmanes urbanísticos e impidiera que Altabella volviese a repetir como candidato en las elecciones municipales de mayo de 2003. Ribó no sólo no tomó ninguna iniciativa correctiva de dicha política, sino que además avaló que Altabella repitiera como alcaldable.

‘‘Fueron años donde trasladamos nuestro malestar a Ribó’’, recuerda un dirigente de la dirección comarcal de EU de la época, ‘‘pero nos toreó. No quiso saber nada y se desentendió. No me acuerdo de los pormenores, pero de que pasó de nosotros, me acuerdo perfectamente. Era un tema escandaloso. Con Bañuelos (dueño de Astroc responsable en buena parte del desarrollo urbanístico), hicieron y deshicieron a su antojo. También recuerdo que Mónica Oltra era en aquella época la más nacionalista, pero con el tiempo es evidente que ambos han cambiado’’, recuerda, para concluir: ‘‘tuvimos muchas diferencias con ellos y al final se hizo en Canet lo que quisieron’’.

Muchas de las controversias de la época se recogieron en los medios de comunicación, como Las Provincias, Levante y El Económico, con declaraciones y acusaciones cruzadas. En un fax remitido el 16 de octubre de 2001 a la atención de Joan Ribó, la dirección de EU de la comarca recoge que ‘‘de los informes recabados por la Comisión Informativa sobre Canet d’En Berenguer, se deducen diferentes situaciones contradictorias que afectan al desarrollo de las políticas marcadas por los documentos de EU y su desarrollo práctico en diferentes ámbitos’’. En el propio escrito se reconoce que ‘‘se podría afirmar que el modelo de desarrollo seguido en Canet se ajusta a los deseos de la población por cuanto supone una ampliación del mercado de trabajo, importantes plusvalías para los poseedores de terrenos agrícolas en zonas reclasificadas y un incremento importante, aunque desregulado, de los servicios’’. Sin embargo, hacen hincapié en que ‘‘también parece cierto que a la hora de ejecutar lo antedicho prima el concepto desarrollista de la oportunidad inmediata sobre la planificación a largo plazo y principios como la sostenibilidad ecológica’’.

Por ello, EUPV ‘‘insta al colectivo y grupo municipal d’EU de Canetd’En Berenguer para que reoriente su política urbanística y turística, en el sentido de ordenar y pacificar el desarrollo urbanístico de la playa apostando por un turismo de calidad y por la sostenibilidad del medio ambiente’’.

‘‘La postura que adoptó Ribó, junto al que era adjunto a la Secretaría de Organización en la época Amadeu Sanchis, detrás del cual se escondió Ribó -quien disfruta de un chalé en playa vecina de Corinto (Sagunt)-, fue la de respaldar a Altabella, a quien propuso como solución que fuese de número dos en la candidatura’’, recuerda la misma fuente autorizada de EU del Camp de Morvedre. De hecho, Altabella, en una entrevista publicada por Las Provincias el domingo 2 de diciembre 2001, aseguró que sería el candidato en 2003, como así fue finalmente.

La dirección comarcal de EU batalló duro con Ribó para que éste obligara a la formación a nivel local a cumplir con ‘‘los programas marco establecidos por la propia organización, como con las actuaciones prácticas emprendidas por EU ante diversas contradicciones medioambientales propugnadas desde nuestros grupos institucionales (Massamagrell, Serra d’Irta, etc.)’’. Insistía en que ‘‘es motivo de grande preocupación la aplicación que del nuevo Plan de Ordenación Urbana pueda hacerse, ya que parece abundar en los modelos y prácticas denunciados’’. ‘‘El desarrollo sin modificaciones de dicho plan obligaría a la Organización a descalificar dicha actuación, ya que para EU el interés del pueblo debe entenderse en consonancia con las necesidades globales del entorno y de las personas, según los valores señalados en nuestros programas marco, documentos asamblearios y de elaboración en lo referente a sostenibilidad y desarrollo racional’’, añade.

Las quejas a Ribó fueron constantes, pero éste hizo oídos sordos. El alcalde de la sostenibilidad en Valencia hizo caso omiso a la resolución del Consell Comarcal del Camp de Morvedre del 12 de noviembre de 2001, en el que se señalaba que ‘‘los representantes de EUPV en Canet están llevando a cabo desde hace años una política contraria a la establecida por los documentos aprobados en las diferentes asambleas, tanto País como Federales, en materia de urbanismo y medioambiente’’. En dicho escrito, ya recogen que ‘‘atendiendo a las declaraciones hechas por Altabella a la prensa según las cuales piensa seguir presentándose, junto con su equipo, en próximas elecciones (...). Si se llegara a esta situación la lectura que harían los ciudadanos, sería que EUPV ha intentado por todos los medios mantener una alcaldía aun a costa de contradecir sus propias propuestas’’.

La dirección comarcal hizo de pepito grillo, pero Ribó siguió sin escucharles y desoyó el escrito del ConsellPolític Comarcal del 13 de julio de 2002 en el que en el punto 2 se señalaba: ‘‘seguimos creyendo imprescindible que se tomen medidas por parte de la dirección de País de manera que podamos salir de la actual situación de inconcreción respecto a la política desarrollada en Canet por EUPV’’.

Ribó intentó eludir siempre que pudo la polémica públicamente, pero Las Provincias en su edición del 30 de enero de 2002 recoge unas declaraciones suyas que demuestran que intentó nadar y guardar la ropa, al señalar que era necesario un ‘‘llamamiento al diálogo a ambos sectores para que dejen a un lado las descalificaciones y busquen una solución consensuada, a través de los órganos de que dispone Esquerra Unida’’. Ribó recordó en aquel momento que existía una resolución del ConsellPolític para que el alcalde ‘‘reorientara su política urbanística’’ para adecuarla a las líneas generales del partido. Un hecho que no hizo. Además, recalcó que EU ‘‘tiene que respetar sus estatutos en cuanto a la permanencia de sus cargos’’ en relación a la intención de Altabella de volver a repetir como cabeza de lista en 2003, tras 22 años en el cargo, otra circunstancia que no se produjo.

En conclusión, Canet d’En Berenguer aplicó una política urbanística contraria a lo que propugnaba Esquerra Unida entonces y ahora y su máximo líder no tomó cartas en el asunto''.

Pero ahí no acabó la cosa. Ribó conocía tan bien Canet y las playas saguntinas de Almardà, Corinto y Malva-rosa que en esa época se compró un dúplex en una zona donde se había producido una gran controversia entre la entidad verde Acció Ecologista-Agró y quienes querían construir en el entorno de la marjal. Ribó adquirió un adosado en una zona de alto valor ecológico a 800 metros de Canet, concretamente en Almardà (Sagunt), junto la marjal d’Almenara y Quartell, en una zona que fue fruto de agrias polémicas a finales de los 90 y principios de los años 2000 por la reivindicación de Acció Ecologista Agró contra la construcción de apartamentos y adosados.

Según consta en el Registro de la Propiedad Sagunto 1, la hipoteca se suscribió el 31 de julio de 2003 ante el notario Vicente Micó. Esto es, apenas dos meses después de las elecciones municipales en las que Ribó respaldó la continuidad de Enrique Altabella como candidato, pese a que la comarca y Sagunt habían exigido la sustitución del histórico alcalde, que promovió la transformación de Canet de localidad agrícola en potencia turística, con el apoyo desde la secretaría general de José Antonio Sancho Sempere y empresarios tan polémicos a nivel mundial como Enrique Bañuelos.

La vivienda en cuestión está ubicada en la partida de Montíver de Almardà, un dúplex con dos plantas y buhardilla de 103 metros cuadrados, además de trastero y aparcamiento.

A finales de los 90 y principios del presente siglo, hubo un gran movimiento ecologista contrario a la urbanización del conocido como G-2, zona contigua a la urbanización donde adquirió casa Joan Ribó. Toda la franja próxima a la playa desde Canet hasta Almenara estuvo en el ojo del huracán de los defensores de la sostenibilidad y la defensa del medio ambiente. El problema es que constaba como suelo urbanizable en el primer Plan General de la democracia de Sagunt, en un momento en que la sensibilidad de las administraciones hacia estas cuestiones era nula. Tras la voracidad constructiva de Canet, empresas de renombre como García Ojeda o especialmente, Astroc, extendieron miles de metros cuadrados de cemento por la zona. El primero se encargó de la urbanización de la zona de Almardà Corinto, que va desde Canet hasta el G-2 (a la playa nudista de la Malva-rosa), donde se encuentra el dúplex del ex alcalde de Valencia. Sin embargo, aquí los ecologistas no dieron tanta batalla ‘‘porque dejaron un pasillo ecológico junto a la Casa de Interpretación de la Naturaleza en término de Quartell, explica uno de los promotores de Port de Sagunt de aquella época.

La contradicción de Joan Ribó: del urbanismo sostenible al desarrollo desmedido en Canet de Berenguer

En una controvertida paradoja que dejó perplejos a activistas y ciudadanos por igual, el ex alcalde de Valencia, Joan Ribó, se enfrentó entonces a crecientes críticas por lo que muchos consideraban una contradicción flagrante entre su discurso ecologista y las acciones urbanísticas permitidas durante su gestión. Ribó, conocido por su defensa de un modelo de ciudad sostenible, fue culpable por su permisividad ante el desarrollo urbanístico sin control que tuvo lugar en Canet de Berenguer, con la complicidad de José Antonio Sancho Sempere, secretario del Ayuntamiento de Canet, que jugó un papel fundamental en esta expansión que algunos calificaron como un “urbanismo salvaje”.

El discurso ecologista: promesas y contradicciones

Joan Ribó fue, hasta que las urnas lo expulsaron de la política era,s egún proclamaban sus adeptos, un firme defensor de políticas verdes y sostenibles que abogaba por la recuperación de espacios públicos, la reducción del tráfico vehicular, el uso de energías renovables y la protección de la huerta valenciana. Los sectores progresistas y ecologistas aplaudieron sus ideas pero la realidad fue que, como buen político (entiéndase la ironía), no hizo nada de lo que había prometido y la ciudad de Valencia no consiguió ser el ejemplo de ciudad que apuesta por un modelo de desarrollo urbano más humano, verde y equilibrado. Ribó fue, por tanto, un espejo en el que se mirarían más tarde otros hipócritas de la izquierda, como Pablo Iglesias o esta misma semana, Íñigo Errejón; el primero dijo cuando fundó Podemos que viviría siempre en Vallecas y después se compró un casoplón en la lujosa zona de Galapagar, mientras el segundo abanderaba la lucha por la igualdad de las mujeres y contra el acoso y la violencia sexual y ha terminado por dimitir por hacer justo lo contrario en su vida personal. Joan Ribó representa la misma contradicción en la política verde y sostenible

Y en Canet fue mucho peor, debido a las actuaciones ya que Ribó contribuyó a un crecimiento desmesurado y descontrolado en el litoral de Canet que chocaba de lleno con los principios que el propio ex alcalde defendía públicamente.

El caso de Canet d'En Berenguer: de pueblo costero a enclave urbanístico

Canet d'En Berenguer, se convirtió en el epicentro de una transformación urbanística que alteró significativamente su entorno. La construcción de grandes urbanizaciones y complejos turísticos en la zona no solo afectó la estética del municipio, sino que también generó preocupaciones sobre la sostenibilidad de estas iniciativas a largo plazo. Los activistas medioambientales, que antes apoyaban la gestión de Ribó en Valencia, se sintieron traicionados por su aparente falta de voluntad para frenar este desarrollo acelerado en Canet.

El crecimiento desmedido que se permitió en el municipio fue apoyado, además, por José Antonio Sancho Sempere, secretario del Ayuntamiento de Canet de Berenguer, cuya influencia fue clave para que se aprobara esta expansión urbana. Sancho, que ya había sido señalado por facilitar trámites y procedimientos a favor de los promotores inmobiliarios, fue acusado por la Fiscalía y acabó siendo condenado por varios delitos relacionados con la corrupción, como prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

Una colaboración cuestionada: la implicación de José Antonio Sancho Sempere

La figura de José Antonio Sancho, presente en todos los casos de corrupción descubiertos por la Guardia Civil durante los años que permaneció en el cargo de Secretario, fue relevante en rodo ese proceso de descontrol porque su rol como secretario le otorgaba la capacidad de supervisar, gestionar y validar numerosos aspectos de los desarrollos urbanísticos y mostró en todo momento una actitud extremadamente permisiva con las empresas constructoras, facilitando la aprobación de proyectos que no cumplían con criterios básicos de sostenibilidad medioambiental.

Sancho actuó como un engranaje esencial para que las constructoras consiguieran las licencias necesarias de forma rápida y sin demasiadas trabas burocráticas. De hecho, las sospechas de conflicto de intereses y falta de transparencia propiciaron que se sentara en los banquillos de varios Juzgados siendo condenado en tres ocasiones en virtud de sentencia firmes.

La incoherencia de Ribó: ¿pragmatismo político o doble moral?

La permisividad de Ribó hacia este desarrollo contrasta notablemente con la visión que siempre había defendido en sus discursos políticos. Durante su mandato, impulsó proyectos de huertos urbanos, apoyó el uso de bicicletas y defendió la conservación de la huerta periurbana, pero esta política ecologista parece haberse quedado en las fronteras de la capital. En Canet, la realidad fue muy distinta: el cemento y el asfalto avanzaron sin freno, transformando una tranquila localidad costera en un núcleo turístico densamente edificado.

La pregunta que surge es: ¿cómo es posible que un político que abanderaba la sostenibilidad en Valencia permitiera el desarrollo descontrolado en Canet? Algunos apuntan a que Ribó actuó con pragmatismo político, buscando mantener el apoyo de ciertos sectores económicos que se beneficiaban de este crecimiento. Otros, sin embargo, lo acusan directamente de hipocresía, sugiriendo que el discurso ecologista solo fue una fachada para ganar votos, mientras que en la práctica permitía prácticas urbanísticas que chocaban con su supuesta visión.

Repercusiones medioambientales y sociales: un legado en disputa

Las consecuencias de este desarrollo urbano en Canet d'En Berenguer son evidentes. La construcción desmesurada ha afectado gravemente al ecosistema local, llevando a la pérdida de espacios naturales que antes eran accesibles para los habitantes y turistas. Además, la proliferación de urbanizaciones ha aumentado la presión sobre los recursos hídricos, generando problemas de sostenibilidad que aún no han sido resueltos.

Socialmente, el crecimiento ha provocado un cambio en la dinámica del municipio, que ha pasado de ser un tranquilo enclave costero a un destino turístico saturado, con problemas de movilidad y una notable subida en el coste de vida. Los habitantes que habían elegido Canet por su tranquilidad se han visto ahora rodeados de complejos turísticos que operan a todo ritmo durante la temporada alta, afectando su calidad de vida.

También es cierto que numerosos vecinos del casco histórico han encontrado trabajo en el Ayuntamiento, bien en forma de oposiciones -muchas de ellas adhoc-, o en contratos temporales en trabajos de conservación, mantenimiento y jardinería.

Conclusiones: la necesidad de coherencia política y transparencia

El caso de Canet d'En Berenguer ha dejado al descubierto las contradicciones en la política urbanística de Joan Ribó, y ha puesto de relieve la necesidad de coherencia entre el discurso y la práctica política. No se puede sostener un mensaje ecologista en una ciudad y permitir la degradación medioambiental en otra sin caer en la hipocresía. Los ciudadanos merecen líderes que defiendan con firmeza los principios que promulgan, y que sean transparentes en sus acciones, especialmente cuando se trata de decisiones que afectan al medio ambiente y a la calidad de vida de las personas.

La complicidad de José Antonio Sancho Sempere en este proceso también resalta la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia administrativa. Las decisiones que afectan al territorio no pueden tomarse a puerta cerrada, y los intereses económicos no deberían prevalecer sobre el bien común y la conservación del medio ambiente. Este caso, más que un simple episodio de crecimiento urbano, es un recordatorio de la necesidad urgente de repensar nuestras políticas urbanísticas para que sean realmente sostenibles y coherentes en todos los niveles.

La gestión urbanística de Ribó en Canet de Berenguer sembró más preguntas que respuestas, y ha planteado serias dudas sobre su legado como defensor de la sostenibilidad. Para muchos, el crecimiento descontrolado de este municipio costero ha sido una traición a la promesa de un urbanismo verde y equilibrado. Y mientras tanto, las construcciones continúan creciendo, en un territorio que, como muchos otros en la costa española, se ve amenazado por la mano invisible de un mercado inmobiliario voraz.

José Antonio Sancho Sempere, ex secretario del Ayuntamiento de Canet y cabeza visible de las llamadas “trama de las asesorías”,“trama de las oposiciones trucadas” y “trama de la recaudación” , se enriqueció durante años a costa de ayuntamientos y entidades públicas y consiguió ser titular de57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, (uno de ellos en Canet) 82 fincas rústicas, un yate privado (Millena) y vehículos de alta gamaque fueron a parar a su patrimonio personal y al de su familia, según descubrió la sección de delitos económicos de la Policía Judicial.

José Antonio Sancho Sempere ha sido condenado por los delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tal y como consta en tres sentencias judiciales firmes relacionadas con la corrupción en el ámbito de la administración pública.

No hay constancia de que ni Sancho Sempere ni su familia hayan devuelto el dinero público ilegalmente obtenido.

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