La necesaria colaboración de los concejales de Canet d'En Berenguer para que Sancho impulsara la trama de las asesorías

Sancho y Carlos Julián rodeando al entonces alcalde, Leandro Benito. A la derecha, de rosa, el concejal tránsfuga socialista que se integró en el equipo de gobierno del PP. EPDA

El ex secretario del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, capo de la mafia que asoló el Ayuntamiento de Canet con la trama de las asesorías y que se enriqueció a costa de las arcas municipales, contó con la inestimable ayuda de concejales de la Corporación que cerraron los ojos y se taparon los oídos para obviar las tropelías que durante años perpetró el secretario municipal. Incluso, con algún concejal, pactó el desarrollo de oposiciones públicas, por las que Sancho beneficiaba a su familia y algún edil a familiares suyos. El Periódico de Aquí sigue investigando las maniobras y los tejemanejes del que fuera secretario del municipio durante casi tres décadas.

Como se ha publicado recientemente, Sancho Sempere tejió una espesa tela de araña que envolvió a políticos adictos, empresarios ambiciosos, funcionarios proclives y familiares íntimos, que acabaron beneficiándose de los favores recibidos y que supuso un enriquecimiento personal de Sancho Sempere por valor de más de un millón de euros en efectivo mas otros bienes materiales de diversa naturaleza. Según las investigaciones llevadas a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia a instancia de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, durante el periodo comprendido entre los años 2000 a 2015, Sancho Sempere acumuló un colosal patrimonio compuesto por 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, 82 fincas rusticas, vehículos de alta gama y un yate privado (al que puso como nombre Millena que era el nombre de una de las asociaciones que controlaba para sus manejos corruptos y, a la sazón, un municipio de la provincia de Alicante, donde Sancho y su familia compró numerosas tierras y terrenos).

Todo este entramado fue posible porque Sancho Sempere contó con colaboradores situados en sitios estratégicos y porque creó un sistema de saquear fondos públicos que pasó inadvertida al parecer para los concejales de tres legislaturas municipales distintas.

No tiene razón de ser que los concejales no supieran nada de tales desmanes de Sancho Sempere que iban desde pelotazos urbanísticos hasta oposiciones amañadas, pasando por contrataciones directas de entidades asesores.

Y decimos que no se entiende esa ignorancia porque los medios de comunicación y, sobre todo, El Periódico de Aquí, desde el año 2011 venía informando de todas las tropelías cometidas por Sancho Sempere con absoluto desprecio de la más elemental ética y con vulneración flagrante de la legalidad. El caso más relevante de concejales adictos a Sancho Sempere fue el de Carlos Julián Zahera, que además de amigo personal del ex secretario, fue presidente de la una de las entidades controladas por Sancho Sempere, Pangea Arco del Mediterráneo.

La Asociación Pangea Arco Mediterráneo se fundó el 7 de junio de 2002 para realizar «programas y actividades a favor la integración y desarrollo de los inmigrantes y colectivos en riesgo de exclusión». La conexión de Sancho Sempere con Carlos Julián Zahera, quedó retratada cuando ambos fueron procesados por la justicia por cobrar el dinero de unas subvenciones públicas que fueron a parar a los bolsillos del ex secretario.

El caso fue juzgado en la Audiencia Provincial de Valencia por el supuesto desvío de una subvención de la Junta de Andalucía dedicado a inmigrantes a través del chiringuito creado por Sancho Sempere para su propio beneficio. La Fiscalía pidió 7'5 años de cárcel al ex secretario de Canet d'En Berenguer y al ex concejal Carlos Julián por estafa, delito de falsedad en documento mercantil y oficial y blanqueo de capitales.

Y surgen las siguientes preguntas:

Tan grande y público era el escándalo por multitud de asuntos turbios que, finalmente, llegó a la justicia y Sancho Sempere como consecuencia de las graves irregularidades observadas y, solo en el periodo comprendido entre el 2007 y el 2013, fue encausado judicialmente y posteriormente condenado a pena de prisión.

Primero fue el Tribunal Supremo que confirmando la sentencia inicial de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial condenó a Sancho Sempere y a la ex alcaldesa de Pobra de Fanal Natividad García Castellar en los siguientes términos:

“Debemos condenar y condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio Sancho Sempere, y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García Castellar; imponiendo a ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas”.

Y en el año 2022 el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia en virtud de sentencia de fecha 21 de julio de 2022 condenó a Sancho Sempere por delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro delito también continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y actividades prohibidas.

La sentencia judicial que es firme y fue aceptada por Sancho, dice:

“Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo CONDENAR Y CONDENO a José Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función del art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO AL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA, 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular).

Pero lo relevante de esta última sentencia es que Sancho Sempere reconoció de forma expresa que era él el que dirigía, gestionaba y controlaba a la Academia Valenciana de Juristas y así la sentencia dice:

“Para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado”.

En la trama de las asesorías investigada por la justicia ha quedado probado también que el consistorio estaba en manos de Sancho, dueño igualmente de otra entidad denominada Academia Valenciana de Juristas, que se quedó con los servicios jurídicos -hasta el 2015- gracias a concursos negociados sin publicidad gestionados por su hija Carmina y su amigo Salvador Vidal y que estaban amañados, al invitar en 2011 y 2013 al propio Sancho a través de su empresa José Antonio Sancho Abogado SLP y a la mujer de éste, Amparo Sancho González, respectivamente. En definitiva, todo un sistema perfectamente organizado para controlar el Consistorio y, de paso, sacar dinero público.

Esto al parecer no importaba nada a los concejales municipales.

Pero conviene recordar que según varias leyes que integran el ordenamiento jurídico español, los ciudadanos estamos obligados a poner en conocimiento de las autoridades correspondientes todos los delitos de lo que tengamos conocimiento.

Este principio tiene mayor relevancia para las autoridades y funcionarios públicos por razón de sus cargos oficiales y de sus competencias dentro de la administración pública y más en concreto dentro de la administración local.

El concejal de un Ayuntamiento, según la normativa correspondiente, es una autoridad pública que es elegida para formar parte del Ayuntamiento o gobierno local, debiendo velar por el bienestar y desarrollo de la comunidad.

Por lo tanto, los concejales como autoridades que son pueden haber cometido, presuntamente, un delito de omisión del deber de perseguir delitos, castigado con penas severas en el Código Penal cuyo artículo 408 dice:

“La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”

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En diciembre saldrá a la venta el libro 'El zorro en el gallinero' que contará toda la historia de corrupción de Sancho, funcionarios y empresarios en Canet.