La querella interpuesta por la actual directiva de la Academia Valenciana de Juristas destapa la existencia de una presunta organización criminal en el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer

Sancho, segundo por la izquierda y a la derecha del todo el ex concejal Carlos Julián. EPDA

Las investigaciones judiciales, policiales y periodísticas relacionadas con la trama de las asesorías que durante años lideró el que fuera secretario, interventor y jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, y que han renacido a raíz de una querella interpuesta por los actuales miembros de la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de Juristas, han destapado la existencia de una presunta organización criminal en el interior de la corporación municipal. Según las referidas nuevas investigaciones, se ha sabido ahora y ya consta probado que, no solo el clan corrupto de los Sancho arramblaron ilegalmente con miles de euros de las arcas municipales, sino que también participaron y así consta al menos tres alcaldes del municipio costero, dos concejales de la Corporación y varios funcionarios de Canet y de otras municipios con las que el varias veces condenado por delitos relacionados con la corrupción en la administración local tenia vinculación personales y/o empresarial.

Los informes elaborados por la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia han conseguido acreditar que Amparó Maño Canet, Octavio Herranz López y Leandro Benito Antoni, dieron personalmente su consentimiento durante años para que el consistorio pagara todas las facturas que fueran presentadas al cobro por la empresa privada de Sancho Sempere la Academia Valenciana de Juristas que, solo en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2011 supuso un desembolso para todos los contribuyentes de Canet de más de 150.000 euros. Fue finalmente el alcalde del PP el que rompió todo vínculo con Sancho y su parasitaria estructura. Tales pagos ilegales constan relacionados al menos en dos informes públicos del propio consistorio municipal en donde existe una relación de dichas, facturas, las fechas de las mismas y los importes que se desembolsaron ilegalmente. Pero no solo los alcaldes supieron y consintieron tales pagos con dinero público a una empresa privada del secretario municipal, sino que también permitieron y conocieron dichos pagos incluso validando con su firma el pago de las facturas concejales del Ayuntamiento como Víctor Almor Marzal y Carlos Julián Zahera, ambos ya desvinculados del municipio. Todo el mundo sabía quién era Sancho Sempere, aunque la gravedad de sus fechorías se han ido descubriendo a medida que El Periódico de Aquí comenzó una vasta investigación en el año 2011, a la que se unió y reforzó la Guardia Civil y la justicia.

En el caso de Carlos Julián Zahera consta que tuvo también que sentarse en el banquillo de los acusados junto con Sancho Sempere en una de las piezas judiciales de la trama de las asesorías en que que una entidad privada lanada Pangea Arco del Mediterráneo se embolsó miles de uros a costa de unas subvenciones públicas otorgadas entre otros por la Junta de Andalucía y que acabaron en los bolsillos y en las empresas particulares de Sancho Sempere.

El Zorro en el Gallinero: La trama de corrupción que sacudió Canet d’En Berenguer

Todas estas ilegalidades, desmanes y abusos perpetrados en el Ayuntamiento de Canet han sido objeto de una trabajo periodístico exhaustivo y completo en el libro El Zorro en el gallinero donde se destapó con profusión de detalles sobre ellos, datos y pruebas que documentan un escándalo de proporciones monumentales que ha sacudido y sigue sacudiendo los cimientos de la administración pública valenciana, aunque hay material para una segunda parte.

Lo que parecía ser una gestión municipal ordinaria se convirtió en el escenario de una sofisticada red de corrupción liderada por José Antonio Sancho Sempere, ex secretario, interventor y jefe de los servicios jurídicos del ayuntamiento. Junto a su esposa, Amparo González Sanchis, su hija Carmen Sancho González, y con la presunta colaboración de varios alcaldes y concejales, esta trama orquestó un saqueo sistemático de las arcas públicas, generando millones de euros en beneficios ilícitos a través de facturas fraudulentas validadas por una empresa privada controlada por Sancho. A las empresas controladas por Sancho o por testaferros, se une la trama de las oposiciones trucadas, con numerosas personas que accedieron a un puesto de trabajo para toda la vida con el trucaje de los exámenes: una retahíla de familiares y amigos del secretario, alcaldes y concejales.

Los orígenes de la trama: Un “zorro” en el Ayuntamiento

José Antonio Sancho Sempere, descrito en el libro El Zorro en el Gallinero como un “siniestro personaje”, llegó a Canet d’En Berenguer en los años 80 como secretario municipal. Su pasado, que incluye una candidatura por el partido de extrema derecha Fuerza Nueva en las elecciones municipales de Valencia en 1979, ya dejaba entrever una figura controvertida. Sin embargo, fue su habilidad para tejer una red de influencias y manipular los mecanismos de la administración pública lo que le permitió consolidar un esquema corrupto que operó durante más de una década.

Sancho Sempere, aprovechando su posición como figura clave en el ayuntamiento, creó y controló una serie de entidades privadas, siendo la más destacada la Academia Valenciana de Juristas (AVJ). Esta entidad, que en teoría ofrecía servicios jurídicos, se convirtió en el vehículo principal para canalizar fondos públicos hacia las cuentas privadas de Sancho y su familia. Según investigaciones de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, la AVJ operaba sin estar inscrita en el Sistema de la Seguridad Social, funcionando como una entidad opaca que facturaba servicios ficticios o innecesarios a múltiples ayuntamientos, con Canet como epicentro de la trama.

El papel de la familia Sancho-González

La trama no habría alcanzado tal magnitud sin la participación activa de la familia de Sancho. Su esposa, Amparo González Sanchis, y su hija, Carmen Sancho González, desempeñaron roles cruciales en la ejecución del plan. Carmen, funcionaria del departamento de contratación pública del ayuntamiento, facilitó en al menos dos ocasiones (2011 y 2013) la contratación de la AVJ, validando facturas que permitieron el desvío de fondos públicos a las cuentas controladas por su padre.

Amparo González Sanchis, por su parte, participó en la falsificación de documentos y firmas, según una querella admitida por un juzgado de instrucción de Valencia, que acusa a la familia de delitos como apropiación indebida, falsedad documental, estafa procesal y delito contable.

El clan familiar no se limitó a Canet. Las investigaciones han revelado que la AVJ y otras entidades controladas por Sancho operaron en al menos 15 municipios valencianos y tres empresas públicas, generando ingresos millonarios. Entre 2007 y 2011, solo la AVJ obtuvo 470.519 euros del ayuntamiento de Canet, y se estima que la familia acumuló más de 800.000 euros a través de esta entidad durante casi quince años. El patrimonio de Sancho Sempere, que incluye 57 cuentas bancarias, 82 fincas rústicas, cuatro inmuebles urbanos, un yate privado y varios vehículos de alta gama, refleja la magnitud de este saqueo.

La complicidad de los alcaldes y concejales

La trama de las asesorías no habría prosperado sin la colaboración, ya sea por acción u omisión, de figuras clave en el ayuntamiento. Los ex alcaldes Leandro Benito Antoni, Octavio Herranz López, Amparo Mañó Canet y el concejal de Personal, Víctor Almor Marzal, han sido señalados por la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere (PASS) como presuntos responsables.

Según la PASS, todos estos cargos públicos tuvieron conocimiento de las irregularidades y, en mayor o menor medida, facilitaron el esquema corrupto.

Leandro Benito, quien gobernó Canet entre 2011 y 2019 bajo la bandera del Partido Popular, tuvo una relación ambivalente con la trama. Aunque en 2015 decidió rescindir el contrato con la AVJ, calificándola como un “chiringuito” de Sancho, las investigaciones demuestran que durante su mandato se realizaron actividades ilícitas. De hecho, la AVJ logró facturar 115.000 euros en los dos años previos a la rescisión del contrato. Benito, quien fue inhabilitado en 2020 por su implicación en la trama, aunque posteriormente absuelto, ha sido acusado de no haber actuado con la diligencia necesaria para detener las maniobras de Sancho.

Octavio Herranz López, otro ex alcalde, también aparece en el centro de la controversia. Durante su mandato, se aprobaron facturas de la AVJ que certificaban servicios presuntamente ficticios. Herranz, al ser interrogado en vía judicial, alegó que las decisiones se tomaban en la Junta Rectora y que los departamentos de contratación, liderados por funcionarios como Carmen Sancho González, le aseguraban que todo estaba en orden. Carmen Sancho que era hija del secretario, recuerden. Sin embargo, las investigaciones han revelado que muchas de estas facturas eran fraudulentas, incluyendo casos en los que se usaron nombres y sellos de abogados sin su consentimiento, e incluso el de una letrada chilena que no estaba registrada en ningún colegio de abogados en España. En ese momento, su mujer logró una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento de La Pobla de Farnals junto a otra hija de Sancho, cuando era alcaldesa Natividad García, una tránsfuga que acabaría en la cárcel por aceptar soborno de Sancho Sempere.

Víctor Almor Marzal, concejal de Personal, jugó un papel clave al validar decenas de facturas de la AVJ, asegurando su pago por parte del ayuntamiento. Su colaboración fue esencial para que los fondos llegaran a las cuentas controladas por el clan de la familia Sancho.

Otro implicado, Carlos Julián Zahera, ex concejal y teniente de alcalde, compartió banquillo con Sancho en una de las piezas judiciales relacionadas con la empresa Pangea Arco Mediterráneo, otra entidad vinculada a la trama.

Un Modus Operandi calculado

El esquema de Sancho Sempere era metódico y sofisticado. Según la Guardia Civil, se basaba en tres pilares fundamentales:

La respuesta ciudadana y judicial

El escándalo salió a la luz gracias a la tenacidad de la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere (PASS), un colectivo ciudadano que ha recopilado pruebas y testimonios para respaldar las acciones judiciales contra la trama. La PASS ha recibido más de diez testimonios que se han añadido a las querellas presentadas contra Sancho, su familia y los cargos públicos implicados. Su trabajo ha sido crucial para visibilizar un caso que, durante años, fue ignorado por las instituciones.

En el ámbito judicial, las investigaciones han avanzado significativamente. En julio de 2022, Sancho Sempere llegó a un acuerdo de conformidad, confesando ser el dueño y gestor de la AVJ para evitar una posible condena de cárcel para su hija Carmen. Esta confesión marcó un punto de inflexión, confirmando lo que la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción llevaban años investigando. Actualmente, una segunda querella admitida por un juzgado de instrucción de Valencia mantiene a Sancho, su esposa y su hija bajo investigación por múltiples delitos. Además, la implicación de los ex alcaldes y concejales está siendo examinada por la Fiscalía Provincial de Valencia, que podría abrir nuevas líneas de investigación.

Y ahora demás tras la admisión de la querella interpuesta por los miembros de la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de Juristas se han abierto nuevas vías de investigaciones:

-Así por ejemplo se ha conocido que la hija del ex secretario municipal, Carmen Sancho es técnica de gestión y Jefe del Departamento de Contratación Pública en el Ayuntamiento de Canet lo que facilitó al máximo la suscripción de varios contratos a favor de la empresa de su padre la AVJ, pero además se ha sabido también que gran parte del dinero desviado por su padre ha ido a parar a otras de las empresa de este la llamada Federación Profesional Valenciana en concreto a una de las cuentas bancarias cuyo titular es Sancho Sempere.

- Así igualmente se ha sabido que hay indicios de colaboración necesaria para la comisión del delito de blanqueo de capitales por parte de alcaldes y concejales municipales que a sabiendas que el dinero pagado iba a los bolsillos de cuentas bancaras controladas por Sancho no hicieron nada para evitarlo permitiendo que el dinero blanqueado fuere usado por Nacho y su familia para su enriquecimiento personal.

-Se ha conocido que en una de las cuentas bancarias controladas por Sancho Sempere y solo en el año 2012 había un saldo cercano a los cuatro millones de euros.

Finalmente, se ha sabido que por acción y/o por omisión todos los alcaldes y concejales referidos podrían estar incursos en un delito continuado de prevaricación al no interponer acción alguna para recuperar los importes ilegalmente satisfechos con dinero público a empresas privadas por un funcionario con cargo en vigor.

La querella interpuesta ahora por el presidente actual de la Academia Valenciana de Juristas y admitida a trámite por un Juzgado de Instrucción de Valencia, pone al descubierto también de forma clara los pilares o principios básicos que desde el primer momento sustentaron la trama de las asesorías por parte de la familia Sancho- González:

Sancho Sempere, como consecuencia de las graves irregularidades observadas, fue encausado judicialmente y posteriormente condenado a pena de prisión como este medio periodístico ha informado anteriormente.

1.- Fue condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que también condenó a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García Castellar.

Ambos fueron condenados por el delito de cohecho.

Esta sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia fue recurrida por vía de recurso de Casación ante el Tribunal Supremo que resolvió de forma definitiva la cuestión en la

Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016, desestimando el recurso de casación interpuesto por Sancho Sempere y ratificando la sentencia de la Audiencia que decía:

“Debemos condenar y condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio Sancho Sempere, y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García Castellar; imponiendo a ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas”

La sentencia judicial que es firme y fue aceptada por Sancho, dice:

“Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo CONDENAR Y CONDENO a José Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función del art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO AL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA, 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular

Pero lo relevante de esta última sentencia es que Sancho Sempere reconoció de forma expresa que era él el que dirigía, gestionaba y controlaba a la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (como también ocurría con las otras asociaciones creadas por Sancho Sempere como la FEDERACION PROFESIONASL VALENCIANA).

La sentencia dice:

“Para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado”.

El Legado de un Escándalo

La trama de las asesorías en Canet d’En Berenguer es un recordatorio sombrío de los peligros de la falta de fiscalización en la administración pública. Durante años, José Antonio Sancho Sempere operó como un “zorro en el gallinero”, aprovechando su posición de poder y la complicidad, activa o pasiva, de cargos públicos para saquear millones de euros. La colaboración de su familia y la inacción de figuras como Leandro Benito, Octavio Herranz y Víctor Almor permitieron que esta red corrupta prosperara, dejando una profunda herida en la confianza ciudadana.

La Plataforma PASS, junto con las investigaciones periodísticas de medios comoEl Periódico de Aquí, ha sido clave para sacar a la luz este escándalo. Sin embargo, el camino hacia la justicia plena aún es largo. Mientras las querellas avanzan y los tribunales trabajan para esclarecer el alcance total de la trama, Canet d’En Berenguer sigue siendo un símbolo de la lucha contra la corrupción en la política local valenciana. Como afirmó un portavoz de la PASS: “Se trata de un asunto que afecta no solo a Sancho Sempere, sino a todos los alcaldes que han pasado por la alcaldía y que, de alguna manera, han tenido que ver en este asunto”.

La historia de Canet es, en última instancia, una advertencia sobre la importancia de la vigilancia ciudadana y la transparencia en la gestión pública.

En el ordenamiento jurídico español, el concepto de organización criminal está regulado en el Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, modificada en diversas ocasiones, especialmente por la Ley Orgánica 5/2010 y la Ley Orgánica 1/2015).

Este término es fundamental en el ámbito del derecho penal, ya que define una estructura delictiva que, por su complejidad y características, supone una amenaza significativa para la seguridad pública y el orden social. A continuación, se presenta un análisis jurídico de la definición, características y consecuencias legales de una organización criminal en España, complementado con un enfoque periodístico que contextualiza su relevancia en la sociedad actual en especial con referencia a lo hasta ahora ocurrido en la corporación municipal de Canet d´En Berenguer.

Definición Legal de Organización Criminal

El artículo 570 bis del Código Penal español define una organización criminal como:

“Una agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido, que de manera concertada y coordinada se reparten diversas tareas o funciones con el propósito de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de delitos o faltas”.

Esta definición establece varios elementos clave:

Diferencia con el Grupo Criminal

El artículo 570 introduce el concepto de grupo criminal, que es menos estructurado que una organización criminal. Un grupo criminal se define como la unión de varias personas que, sin cumplir todos los requisitos de una organización criminal (como la estabilidad o la jerarquía), se asocian para cometer delitos. La distinción es relevante, ya que las penas asociadas a una organización criminal son más severas debido a su mayor grado de organización y peligrosidad

Penas Asociadas

El artículo 570 bis establece penas específicas para quienes participen en una organización criminal:

• Penas de prisión: Entre 3 y 7 añospara quienes formen parte de una organización criminal, salvo que el delito cometido tenga una pena más grave, en cuyo caso se aplicará esta última.

• Penas agravadas: Si la persona ejerce un rol de dirección o liderazgo, la pena puede incrementarse hasta4 a 9 años de prisión.

• Delitos específicos: Si la organización se dedica a delitos particularmente graves (como terrorismo, tráfico de drogas, trata de seres humanos o blanqueo de capitales), las penas pueden agravarse aún más.

• Medidas adicionales: Además de la prisión, se pueden imponer medidas como la disolución de la organización, la intervención de sus bienes o la inhabilitación para actividades relacionadas con los delitos cometidos.

Tipos de Delitos Asociados

Las organizaciones criminales en España suelen estar vinculadas a actividades como:

• Tráfico de drogas (art. 368 y ss. CP).

• Blanqueo de capitales (art. 301 CP).

• Trata de seres humanos (art. 177 bis CP).

• Corrupción, fraude fiscal o contrabando.

• Delitos contra el patrimonio (robos organizados, estafas, etc.).

Aspectos Procesales

La investigación y persecución de organizaciones criminales en España se lleva a cabo por cuerpos especializados como laUnidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF )de la Policía Nacional. Además, la Audiencia Nacional tiene competencia en casos de criminalidad organizada de ámbito transnacional o de especial gravedad.

La legislación permite el uso de técnicas especiales de investigación, como intervenciones telefónicas, vigilancia electrónica o agentes encubiertos, reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal(art. 282 bis). Estas herramientas son esenciales para desmantelar estructuras complejas que operan de manera clandestina.

Contexto Social y Relevancia

En los últimos años, España se ha enfrentado a un aumento de la actividad de organizaciones criminales, especialmente en el ámbito del narcotráfico, la trata de personas y el blanqueo de capitales.

La posición geográfica de España, como puerta de entrada a Europa desde África y América Latina, la convierte en un punto estratégico para estas actividades. Según datos de laFiscalía General del Estado, en 2023 se desmantelaron más de 200 organizaciones criminales, con un especial enfoque en el tráfico de cocaína y hachís en regiones como Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Casos mediáticos recientes, como la operación contra elClan de los Charlinesen Galicia o las redes de tráfico de migrantes en el Estrecho de Gibraltar, han puesto de manifiesto la sofisticación de estas organizaciones. Estas no solo cuentan con redes internacionales, sino que también utilizan tecnologías avanzadas, como sistemas de comunicación encriptados, para evadir a las autoridades.

Impacto en la Sociedad

Las organizaciones criminales generan un impacto devastador en la sociedad española:

• Inseguridad ciudadana: Actividades como el narcotráfico fomentan la violencia en ciertas zonas, afectando a comunidades locales.

• Corrupción: La infiltración de estas organizaciones en instituciones públicas o privadas debilita el Estado de derecho.

• Economía sumergida: El blanqueo de capitales distorsiona los mercados legítimos y afecta la economía nacional.

Respuesta Estatal

El Ministerio del Interior y la Fiscalía han intensificado sus esfuerzos para combatir la criminalidad organizada. En 2024, se aprobó un plan estratégico para reforzar la cooperación internacional con países como Marruecos, Colombia y los Países Bajos, así como con organismos comoEuropoleInterpol. Además, se han incrementado los recursos para la formación de jueces y fiscales especializados en este tipo de delincuencia.

Debates Actuales

Un tema candente en la opinión pública es el equilibrio entre la eficacia de las investigaciones y el respeto a los derechos fundamentales. Las técnicas de vigilancia masiva o el uso de agentes encubiertos han generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que alertan sobre posibles vulneraciones de la privacidad.

Conclusión

El caso de corrupción en Canet de Berenguer, relacionado con una trama de asesorías que defraudó fondos públicos, destaca la necesidad de medidas preventivas para evitar prácticas similares en el futuro. Este análisis propone soluciones basadas en la experiencia de casos similares en España y recomendaciones de expertos, adaptadas al contexto de la contratación pública y las consultorías:

Fortalecimiento de la regulación y supervisión

Es crucial establecer leyes más estrictas para la contratación de consultorías, asegurando que sean necesarias y transparentes. La centralización de procesos de contratación a nivel regional o nacional puede reducir la discrecionalidad local, mientras que auditorías regulares e independientes ayudarán a detectar irregularidades temprano.

Promoción de la transparencia y tecnología

Hacer pública la información sobre contratos y usar sistemas de e-procurement puede aumentar la rendición de cuentas. Estas herramientas limitan la intervención humana, reduciendo oportunidades para la corrupción.

Protección a denunciantes y formación

Proteger a quienes reporten corrupción y educar a los funcionarios sobre ética y riesgos corruptos fomenta una cultura de integridad. Esto puede prevenir prácticas ilícitas desde dentro de la administración.

Participación ciudadana y cooperación internacional

Involucrar a la sociedad civil en la supervisión y colaborar internacionalmente, especialmente en casos transnacionales, refuerza la lucha contra la corrupción.

La regulación de las organizaciones criminales en el Código Penal español refleja la gravedad con la que el legislador aborda esta forma de delincuencia. Su definición clara, junto con las penas severas y las herramientas procesales disponibles, permite a las autoridades actuar con contundencia contra estas estructuras. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme debido a la adaptabilidad y sofisticación de estas redes. Desde un punto de vista periodístico, la lucha contra las organizaciones criminales no solo es un asunto jurídico, sino también social, que requiere una respuesta coordinada entre instituciones, fuerzas de seguridad y la sociedad civil para garantizar la seguridad y el bienestar colectivo.

El Periódico de Aquí, siguiendo el principio fundamental del periodismo responsable y ético tiene abiertos todos sus canales para que Sancho Sempere, miembros de su familia o cualesquiera referidos por cualquier información publicada puedan dar su versión de los hechos, ya que este medio de comunicación defiende su compromiso con la credibilidad, la transparencia y el derecho a réplica: pere_valenciano@elperiodicodeaqui.com