Los ex alcaldes Octavio Herranz y Amparo Mañó conformaron facturas de la Academia Valenciana de Juristas, el chiringuito preferido por el ex secretario de Canet para esquilmar las arcas municipales, que sacó 151.234 sólo de 2007 a 2011

Cerca de Sancho.

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere (PASS) ha recibido un nuevo documento público oficial proporcionado por uno de los perjudicados de la trama de las asesorías que implica a los que fueran alcaldes de la corporación municipal, Amparo Mañó y Octavio Herranz. En esta ocasión se trata de un documento emitido por la Tesorería municipal de Canet referido al pago que el ayuntamiento satisfizo al chiringuito predilecto de Sancho Sempere, la Academia Valenciana de Juristas.  Según dicho documento, el Ayuntamiento de Canet solo entre los años 2007 a 2011 pagó a la Academia (empresa privada de Sancho) la cantidad de 151.234,25 euros. Pues bien, consta en dicho documento que ambos alcaldes intervinieron en algún momento en la tramitación administrativa interna que culminó con el pago de dichas facturas a Sancho Sempere. Dicho pago fue realizado a una cuenta de la Academia Valenciana de Juristas controlada y gestionada por el propio ex secretario que usó a una tercera persona (que nada sabía sobre los manejos de Sancho) para ocultar su posición, como ha podido comprobar El Periódico de Aquí.

La conocida como “trama de las asesorías” ha destapado un simple esquema de desvío de fondos públicos orquestado por José Antonio Sancho Sempere, un ex funcionario municipal que, desde su posición de poder, manipuló durante años los recursos del Ayuntamiento para su enriquecimiento personal.

En el epicentro de esta controversia aparecen ahora los ex alcaldes Octavio Herranz López y Amparo Mañó Canet, por su participación en el pago de facturas de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), una entidad controlada por Sancho. El primero, al menos, tuvo una relación muy estrecha con Sancho, hasta el punto de promocionar a su mujer en La Pobla de Farnals. La segunda fue la mano derecha del histórico Enrique Altabella, por lo que también 'sufrió' a Sancho.

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere (P.A.S.S.) acoge con satisfacción este documento, que ahora arroja más luz sobre el papel de los citados alcaldes.

La Trama de las Asesorías: Un Esquema de Corrupción Sistémica

José Antonio Sancho Sempere, un funcionario que llegó al Ayuntamiento de Canet en 1989, se convirtió en una figura clave en la administración municipal al ocupar simultáneamente los cargos de secretario general, interventor y jefe de los servicios jurídicos. Esta concentración de poder le permitió diseñar un esquema corrupto que giraba en torno a la Academia Valenciana de Juristas, una entidad creada en el año 2000 bajo la fachada de una asociación sin ánimo de lucro dedicada al asesoramiento jurídico.

Sin embargo, las investigaciones judiciales, policiales y periodísticas (en este caso El Periódico de Aquí) han demostrado que la AVJ era, en realidad, un “chiringuito” diseñado para canalizar contratos públicos hacia cuentas controladas por Sancho Sempere y su familia.

El modus operandi era claro: la AVJ recibía contratos de asesoramiento jurídico de ayuntamientos y entidades públicas, muchos de ellos adjudicados sin concursos públicos o mediante procedimientos negociados manipulados. Los servicios facturados —que incluían informes legales, defensa en pleitos y asesoramiento administrativo— eran controlados personalmente por Sancho Sempere que una vez cobrados los importes correspondientes los desviaba a sus cuentas particulares.

El andamiaje corrupto de Sancho Sempere se vino abajo cuando a finales del año 2013 la Fiscalía Provincial de Valencia interpuso una denuncia contra Sancho y la entonces alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, por amaños contractuales y favoritismos personales, lo que condujo a ambos a la cárcel tras una condena de la Audiencia Provincial de Valencia que fue posteriormente ratificada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La intervención de la Fiscalía fue posible gracias a la colaboración ciudadana porque tuvo su origen en una denuncia presentada por un ciudadano que alertó a las autoridades judiciales sobre la existencia de graves irregularidades perpetradas por Sancho Sempere y García Castellar.

Según la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, entre 2000 y 2015, la familia Sancho logró desviar más de 800.000 euros solo del Ayuntamiento de Canet, una cifra que se suma a los millones obtenidos de otros municipios y entidades como La Pobla de Farnals, San Antonio de Benagéber, Cheste, Egevasa y el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, cuyo interventor fue condenado en otra causa junto a Sancho y estuvieron, también, en la cárcel.

Sancho ocultó su control sobre la AVJ utilizando a abogados de confianza como figuras visibles, los cuales desconocían las verdaderas intenciones de la entidad. Las facturas emitidas por la AVJ eran validadas por cargos públicos, como los citados alcaldes, y transferidas a cuentas bancarias gestionadas y controladas por Sancho, su esposa Amparo González Sanchís, y sus hijos, entre ellos Carmen Sancho González, quien, desde su puesto en el departamento de contratación de Canet, facilitaba el proceso.

El papel de los alcaldes: Octavio Herranz López y Amparo Mañó Canet

El documento recibido clarifica el rol de los ex alcaldes Octavio Herranz y Amparo Mañó en la trama y es un punto nuevo del que partir para desentrañar los entresijos de la trama urdida por el clan Sancho.

Según documentos judiciales y reportajes periodísticos, ambos ex alcaldes jugaron un papel crucial al conformar facturas de la AVJ, permitiendo que fondos públicos fueran desviados a las cuentas de Sancho.

Octavio Herranz López, quien ocupó la alcaldía en varios períodos durante los años de mayor actividad de la trama, aparece mencionado en informes que detallan su participación en la validación de facturas.

SegúnEl Periódico de Aquí, Herranz, junto con otros cargos como el ex concejal Víctor Almor Marzal, aprobaba facturas presentadas por la AVJ, certificando que los servicios habían sido prestados. Estas facturas, eran esenciales para que los pagos fueran autorizados por los departamentos de intervención y tesorería.

Las investigaciones han revelado que muchas de estas facturas son presuntamente falsas porque ninguno de los emisores de las mismas sabía que sus nombres, sus sellos colegiales e incluso sus firmas, eran usados por Sancho Sempere para hacerlos intervenir en las mismas.

Se da la circunstancia muy grave a la par que estrambótica que en alguna de las facturas validadas consta el nombre de una letrada chilena que ni siquiera estaba de alta en ningún colegio de abogados de España y que intervino en varias

El ex alcalde Octavio Herranz cuando fue interrogado sobre esta cuestión en vía judicial alegó que todo se aprobada en la Junta Rectora y que desde el departamento de Contratación municipal tanto Salvador Vidal Tortosa como Carmen Sancho González le manifestaron que todo estaba en orden.

Herranz también alegó que cuando le presentaron el contrato de asistencia con la Academia Valenciana de Juristas y luego las sucesivas facturas no los revisaban a fondo por que para ello estaba el departamento de Contratación. La falta de fiscalización permitió que Herranz, consciente o no de la magnitud del fraude, facilitara el desvío de fondos por parte de Sancho Sempere. En Contratación estaba... la hija de Sancho.

Sin embargo, permanecen sombras sobre la relación de Herranz con Sancho Sempere y ello porque el ex alcalde ocupó cargos en empresas vinculadas al municipio. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, fue presidente y consejero de la empresa pública Gestión de Obras y Servicios de Canet d’En Berenguer S.L. entre 2011 y 2012.En esa misma entidad, José Antonio Sancho Sempere, entonces secretario municipal, también figuraba como consejero y secretario.

Además, la mujer de Octavio Herranz, obtuvo una plaza de funcionaria en La Pobla de Farnals junto a la hija del entonces secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere.Este hecho generó sospechas sobre posibles favoritismos en los procesos selectivos.

Amparo Mañó Canet, alcaldesa entre 2007 y 2010, también desempeñó un papel significativo.

Una resolución judicial de un Juzgado de Instrucción de Valencia señala que, en agosto de 2007, Mañó acordó encomendar a la AVJ la defensa y representación del Ayuntamiento en pleitos judiciales. Este acuerdo, tomado bajo la influencia de Sancho, se realizó sin un proceso competitivo y sin la debida supervisión de los órganos técnicos. Mañó siguió con la tónica heredada por su predecesor, Enrique Altabella, y no comprobó que el proceso estaba repleto de irregularidades, lo que sugiere que Sancho manipuló el proceso para evitar cualquier escrutinio. Sin embargo, su decisión de validar el pago de las facturas emitidas por la Academia Valenciana de Juristas permitió, consciente o inconscientemente, que la entidad continuara recibiendo pagos.

El documento oficial del propio Ayuntamiento ha sido recibido con alivio por la P.A.S.S., que considera que los documentos judiciales y periodísticos confirman la intervención de los alcaldes, ya sea por acción directa o por omisión.

Fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de Aquí señalan que ambos alcaldes podrían ser de nuevo investigados por la administración de justicia, ya que, aunque las anteriores procesos judiciales contra ambos terminaron en sobreseimiento lo fue por el delito de prevaricación.

Pero según el citado documento oficial de la Tesorería Municipal ambos ex alcaldes podrían ser colaboradores necesarios de un delito agravado y continuado de apropiación indebida, porque ambos tuvieron una participación activa en el proceso de tramitación de las facturas referidas aprobando incluso el pago de las mismas.

Delito que según dichas fuentes jurídicas consultadas no estaría prescrito porque el documento está fechado en el año 2018 y además el proceso judicial de Canet concluyó en el año 2022.

“Por fin se está poniendo negro sobre blanco cómo los cargos públicos, incluidos los alcaldes, fueron piezas clave en el engranaje de Sancho”, afirmó un portavoz de la plataforma. “No decimos que fueran los cerebros de la trama, pero su a su complicidad, consciente o no, permitió que el dinero de los ciudadanos acabara en los bolsillos de una familia corrupta”, han indicado.

La Plataforma de Afectados: Una Lucha por la Justicia

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere (P.A.S.S.) nació como una respuesta ciudadana al escándalo, uniendo a víctimas directas- como los abogados utilizados como testaferros por la AVJ -y a ciudadanos indignados por el saqueo de fondos públicos.

La plataforma ha celebrado los recientes avances en la clarificación del papel de los alcaldes, considerándolos un paso crucial hacia la rendición de cuentas.

Desde su fundación, la P.A.S.S. ha trabajado incansablemente para recopilar pruebas, apoyar investigaciones judiciales y presionar por reformas legales que eviten la repetición de casos similares. Entre sus demandas están la reparación económica para los afectados, el endurecimiento de las penas por delitos de corrupción y la creación de mecanismos de control más estrictos en los ayuntamientos.

“No descansaremos hasta que se haga justicia”, declaró un miembro de la plataforma. “Los documentos que confirman la intervención de Octavio Herranz y Amparo Maño son una victoria, pero solo el principio. Queremos que todos los responsables, desde Sancho Sempere hasta los cargos públicos que miraron para otro lado, respondan ante la ley'', añaden.

La plataforma también ha denunciado la falta de acción por parte de las autoridades locales para recuperar los fondos desviados. Según estimaciones, el daño económico al Ayuntamiento de Canet puede superar los 800.000 euros, sin contar los contratos otorgados a la AVJ por otras entidades.

La P.A.S.S. ha solicitado que se inicien procesos de responsabilidad patrimonial contra Sancho Sempere y su familia, así como contra los cargos públicos, por acción u omisión, facilitaron el fraude.

Es el caso de Carmen Sancho González, hija del ex secretario que desde su posición como funcionaria municipal en el departamento de contratación pública facilitó la contratación en dos ocasiones (2011 y 2013) de la empresa privada de su padre es decir de la Academia Valenciana de Juristas, incluso validando facturas de esta empresa para que fuesen pagadas por el Ayuntamiento a una cuenta controlada por Sancho Sempere.

Es también el caso de Carlos Julián Zahera, ex concejal y ex teniente de alcalde de Canet durante años y que estuvo sentado en el banquillo junto a Sancho en una de las piezas de la trama de las asesorías referida a la empresa Pangea Arco Mediterráneo.

Igualmente afecta a Víctor Almor, concejal de Personal del Ayuntamiento y que conformó decenas de facturas de la Academia Valenciana de Juristas para que fueran pagadas por el Ayuntamiento de Canet a la empresa particular de Sancho Sempere.

Una Red de Influencias y un Imperio de Corrupción

El escándalo de Canet no se limita a los límites municipales. José Antonio Sancho Sempere extendió su red de influencias a otros ayuntamientos y entidades públicas, utilizando tácticas similares para desviar fondos. En La Pobla de Farnals, sobornó a la ex alcaldesa Natividad García Castellar, lo que llevó a ambos a cumplir condenas de dos años de prisión por cohecho. En Cheste, San Antonio de Benagéber y Egevasa, la AVJ recibió contratos bajo condiciones opacas. Incluso el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana cayó en la red de Sancho, lo que demuestra la magnitud de su influencia.

La familia Sancho desempeñó un papel central en el esquema.

Carmen Sancho González, desde su puesto en el departamento de contratación de Canet, validaba facturas de la AVJ, asegurando que los pagos fueran aprobados sin obstáculos. Participó de forma expresa y personal en la tramitación de los dos contratos de asesoramiento jurídico suscritos entre el Ayuntamiento de Canet y la empresa de su padre Academia Valenciana de Juristas. Incluso cuando se remitió una invitación para licitar en uno de esos contratos a una empresa de su padre llamada José Antonio Sancho Abogado SLP, nada dijo sobre ese extremo limitándose a manifestar a quien le preguntó por la extraña coincidencia, que todo era correcto.

Amparo González Sanchís, esposa de Sancho también recibido una invitación para licitar en otro de los citados contratos y cuando Sancho fue preguntado judicialmente por este asunto dijo que no sabía que su mujer hubiera recibido invitación alguna por parte del Ayuntamiento de Canet para licitar en contrato alguno. Lo inaudito del caso radica en que la señora González Sanchis no recibió solo una invitación para licitar en Canet sino también para hacerlo en el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber, cuyo ex alcalde estuvo sentado en el banquillo con Sancho Sempere en la pieza judicial de San Antonio en la trama de las asesorías.

El patrimonio acumulado por la familia Sancho es asombroso: 57 cuentas bancarias, 82 fincas rústicas, cuatro inmuebles urbanos, un yate y vehículos de alta gama, todo ello incompatible con el salario de un funcionario que rondaba los 70.000 euros anuales.

En 2012, una de las cuentas de Sancho tenía un saldo de casi 4 millones de euros.

Respuesta Judicial y Obstáculos Legales

José Antonio Sancho Sempere ha enfrentado múltiples procesos judiciales, incluyendo condenas por cohecho e investigaciones por estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, prevaricación y apropiación indebida. Sin embargo, su estrategia de dilatar los procesos mediante recursos y maniobras legales ha complicado las investigaciones. En algunos casos, ha logrado que los delitos prescriban, lo que ha generado frustración entre los afectados.

En cuanto a los ex alcaldes, ni Octavio Herranz, ni Amparo Mañó han enfrentado condenas directas por su papel en la conformación de facturas, pero su participación ha sido señalada como un ejemplo de negligencia administrativa.

Tras conocerse por El Periódico de Aquí la sentencia de fecha 21 de julio de 2022 dictada por el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia en la que Sancho Sempere reconoció por fin que era el director, gestor y dueño de la Academia Valenciana de Juristas la situación procesal del caso ha dado un relevante giro.

Y ello porque según fuentes consultadas por este medio dicho reconocimiento unido a los documentos, testimonios y relevaciones que se están conociendo desde entonces permiten reabrir algunas de las causas judiciales ya cerradas ellas que Sancho salió de rositas. Como por ejemplo el caso EGEVASA, que afecta de lleno al Ayuntamiento de Canet.

Este juicio cuya vista oral concluyó en el mes de mayo de 2024 y en el que fueron llamados a declarar entre otros al ex alcaldesa Amparo Maño Canet y otros funcionarios municipales como Carlos Julián Zahera, otrora concejal del ayuntamiento y amigo de Sancho Sempere.

Y por si fuera poco, la Plataforma ha tenido acceso a una sentencia de fecha 31 de marzo de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'En Berenguer, 21 años después de su firma, por haberse suscrito sin el adecuado procedimiento legal.

La sentencia obliga al Ayuntamiento de Canet a revisar de oficio dicho contrato, de abril de 2004, y su posterior renovación, de febrero de 2009, por "haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Ahora, el alto tribunal valenciano desestima los recursos de apelación del Ayuntamiento de Canet y Egevasa, revoca la sentencia de lo Contencioso 6 e impone las costas generadas por las apelaciones y las costas procesales al Ayuntamiento de Canet y a Egevasa.

Contrato negociado sin publicidad

El contrato original, de 2004, es "llamativo" a juicio del tribunal", porque "optó por un procedimiento tan especial, limitado y restrictivo de la competencia como es el negociado sin publicidad".

"Para la prestación de un servicio tan importante como es la gestión del servicio de agua potable y alcantarillado en un municipio con una población actual que supera los 7.000 habitantes. Y siendo, además, un destino de atracción turística por sus playas las consecuencias de esa opción son muy peyorativas para las piedras angulares que rigen la contratación pública: transparencia; libre concurrencia y mejor gestión de los recursos económicos", añaden los magistrados.

Se adjudicó sin contar con las tres ofertas solicitadas

Aunque el Consistorio pidió tres ofertas a empresas diferentes -vinculadas entre sí, según la parte recurrente-el tribunal considera probado que "el contrato se adjudicó a una de ellas sin contar el municipio con la previa tenencia de las tres ofertas que le reclama el ordenamiento jurídico aplicable".

Respecto a la prórroga del contrato original, suscrita en febrero de 2009, considera el TSJCV que "se ve afectada por un motivo de nulidad de pleno derecho. Que es el de desvirtuar, de modo pleno, el sentido de acudir a un inicial procedimiento de contratación negociado sin publicidad".

El reproche de los magistrados consiste en que se debió acudir "a la vía de contratación requerida para un vínculo que se alargaba 25 años y que presentaba un notable alcance económico", pues en dicha renovación contractual se plasmó la necesidad de acometer varias inversiones por un monto total superior a los 5 millones de euros.

Sobre este asunto un portavoz de la Plataforma ha manifestado que “se trata de una asunto que afecta de nuevo al ex secretario municipal Sancho Sempere pero también a todos los alcaldes que han ido desfilando durante todos estos años por la alcaldía como Amparo Mañó Canet, Octavio Herranz López, Leandro Benito Antoni y el actual Pere Antoni que algún habrán tenido que ver en ese asunto”.

La historia de Canet es un recordatorio de la importancia de la fiscalización y la vigilancia en la administración pública. Los nombres de Octavio Ramos, Amparo Mañón y José Antonio Sancho Sempere quedarán asociados a uno de los episodios más oscuros de la política local valenciana, un escándalo que, como dice el título del libro que documenta estas tropelías, fue orquestado por un "zorro en el gallinero".

Obstáculos

A pesar de sus avances, la P.A.S.S. enfrenta importantes desafíos:

• Complejidad judicial: Sancho Sempere ha utilizado estrategias legales para dilatar los procesos, aprovechando apelaciones y recursos para retrasar sentencias. La fragmentación de los procedimientos entre distintas instancias judiciales complicó la investigación judicial y policial.

• Inacción institucional: La plataforma ha denunciado la falta de iniciativa del propio Ayuntamiento de Canet que hasta el momento no ha acometido ninguna gestión tendente a conseguir la restitución de los pagos realizados ni tampoco ha querido saber nada de los numerosos afectados por la trama de las asesorías dejando a su merced a todos los perjudicados.

Nada se sabe sobre las gestiones que se están realizando por el Ayuntamiento sobre la recuperación del dinero desviado, el pago de todos los daños materiales producidos, el pago de los intereses adeudados, y la ayuda a los vecinos y otros ciudadanos afectados.

• Riesgos para los denunciantes: Los miembros de la P.A.S.S. y los medios que han investigado la trama de las asesorías, comoEl Periódico de Aquí, se han enfrentado a demandas y querellas por parte de Sancho Sempere, lo que subraya la necesidad de proteger a los afectados..

Impacto y Proyecciones Futuras

La P.A.S.S. ha logrado posicionarse como un actor clave en la lucha contra la corrupción en Canet inspirando a otros colectivos a organizarse contra casos similares. Su enfoque en la participación ciudadana, la recopilación de pruebas y el apoyo a acciones judiciales ha generado una ventana de esperanza para los afectados, que durante años se sintieron ignorados por las instituciones.

En el futuro, la plataforma planea:

• Ampliar su alcance: Buscará incorporar a más afectados de otros municipios y entidades perjudicadas por la trama, como Egevasa y el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.

• Presionar por reformas estructurales: Abogará por cambios legislativos que fortalezcan la transparencia y los controles en la administración pública local.

• Fomentar la colaboración ciudadana: Con la apertura de canales de comunicación, la P.A.S.S. espera recibir más testimonios y pruebas que refuercen las investigaciones en curso.

Todo lo cual induce a pensar que el mayor escándalo de corrupción en la Comunitat Valenciana referida a la administración local lejos de concluir parece que se inicia a la espera de que las investigaciones avancen y de una vez por todas sepamos toda la verdad.