Sagunt solicitará un cambio legislativo para poder controlar los precios abusivos del alquiler de vivienda

Casco histórico de Sagunt. Foto: Paco Quiles.

El Ayuntamiento de Sagunto instará al Gobierno de España a aprobar una ley estatal de vivienda que permita su desarrollo en el marco de las competencias de las comunidades autónomas y de los municipios, que blinde la función social de la vivienda asegurando el cumplimiento efectivo y el respeto del derecho a una vivienda digna y adecuada recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, incluyendo el acceso a los suministros básicos.

Así lo ha aprobado el pleno municipal a instancias de una moción presentada por el grupo municipal de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), con el objetivo de poder controlar los precios de alquileres abusivos y ofrecer garantías a las personas arrendatarias mediante mecanismos de control de precios y promoviendo bajadas de las rentas de arrendamiento tanto en contratos en vigor como en contratos futuros. De este modo, se pretende garantizar un alquiler estable, seguro y asequible, aumentando el parque público de vivienda en alquiler social y asequible, adoptando mecanismos para la cesión obligatoria y temporal de vivienda vacía en manos de grandes tenedores de vivienda a las administraciones públicas competentes.

Según datos del Banco de España, los alquileres han aumentado un 50% en los últimos diez años a nivel nacional, una subida significativa sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia y en varios enclaves del turismo como las Islas Baleares o las Islas Canarias. Tal como se afirma en la moción, “la especulación en el precio de los alquileres es una realidad que sufren actualmente cientos de ciudades en Europa y también en España”.

Cumplimiento de obligaciones internacionales

La intención es adoptar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derecho a la vivienda. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en 2014 “el 24,7% de los hogares tenían un gasto en vivienda de alquiler superior al 40% de sus ingresos netos, frente al 13,1% registrado en el promedio de la OCDE”, por lo que esta proporción habrá aumentado con la escalada de precios actual.

Actualmente, el incremento de los alquileres no se corresponde con una mejora en la capacidad adquisitiva de la población. Según el estudio ‘El Estado de la Pobreza. España 2019. IX Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión’ realizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social EAPN España, “un total de 12.188.288 personas, que suponen el 26,1% de la población española está en Riesgo de pobreza y/o exclusión Social”.

España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea, tras Chipre, donde más ha crecido la desigualdad de renta, 20 veces más que el promedio europeo. La crisis del coronavirus está ya agravando esta situación. Con la paralización de gran parte de la actividad económica por culpa de la epidemia de la Covid-19, “muchas de las personas que están pagando una hipoteca o viviendo de alquiler están teniendo grandes dificultades para seguir haciéndolo”.