Sancho González SA, la 'famiglia' que pegó pelotazos a través de empresas que controlaba el ex secretario municipal de Canet d'En Berenguer, como la Federación Profesional Valenciana

Amparo González y José Antonio Sancho, matrimonio SA

La mujer y dos de las hijas de González y Sancho, escuchando al secretario municipal en una rueda de prensa. EPDA

Los Sancho González no eran una familia más. Se convirtieron en una Sociedad Anónima, con la participación en diversas empresas, algunas de las cuales centran la conocida como 'trama de las asesorías', para esquilmar las arcas de diversas administraciones públicas, con epicentro en Canet d'En Berenguer (Valencia). Y es que el ex secretario del Ayuntamiento de Canet, José Antonio Sancho Sempere, utilizó otro de sus chiringuitos financieros, la Federación Profesional Valenciana, en la que también colaboraban su esposa Amparo González Sanchis y su hija María Inda Sancho González, para desviar fondos públicos y quedarse con el dinero obtenido en la trama de las asesorías. Durante años El Periódico de Aquí ha seguido la pista de uno de los casos de corrupción en la administración local más relevantes de la reciente historia de las organizaciones familiares corruptas que han pululado por nuestro país, imponiendo sus métodos mafiosos y sus planes ilícitos para obtener el dinero público y llenarse los bolsillos. Se trata de la denominada “trama de las asesorías”, un sistema de corrupción generalizada diseñado por ex secretario del Ayuntamiento de Canet, José Antonio Sancho Sempere, para enriquecerse junto al resto de su familia a costa de las arcas municipales de varios ayuntamientos, pero también de otras entidades públicas de la Comunitat Valenciana.

La lista de entidades afectadas por la trama es larga:

-Canet d´En Berenguer.

-Cheste

-San Antonio de Benagever

-Real de Gandía

-Consorcio de Museos de la generalidad valenciana

-Junta de Andalucía

-Egevasa

Este medio de comunicación, desde el primer momento, presentó batalla contra ese entramado de empresas familiares que fueron creadas con el exclusivo fin de esquilmar fondos públicos en perjuicio de los contribuyentes y beneficio exclusivo de Sancho Sempere y de su familia.

El Periódico de Aquí, como fruto de una extensa y compleja investigación periodística, ha tenido acceso a la información contenida en las diversas causas judiciales habidas en relación con la trama de las asesorías. A raíz de las informaciones obtenidas por la Comandancia de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, se ha conocido que durante más de quince años Sancho Sempere usó a su antojo una serie de asociaciones privadas que él mismo había constituido para saquear fondos de diversos ayuntamientos y entidades públicas valencianas.

Las investigaciones policiales y judiciales acabaron desentrañando la tela de araña que Sancho Sempere había tejido con la ayuda de otros funcionarios, empresarios y políticos locales.

El ex secretario se valió de varios de sus chiringuitos para tal fin:

-ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS

-JOSE ANTONIO SANCHO ABOGADOS SLP

-ASESORES PROFESIONALES

-AGROPECUARIA DE LA SERRANIA

-MILLENA III MILENIO

-FEDERACION PROFESIONAL VALENCIANA

En todas las citadas entidades había unas notas comunes:

1. Fueron creadas, controladas, gestionadas y dirigidas desde el primer momento por Sancho Sempere.

2. Puso al frente de las mismas como miembros de las juntas directivas a terceras personas (testaferros) para que hicieran los trabajos del objeto social de cada una de ellas, en general asesoramientos legales.

3. El objetivo era conseguir contratos de prestación de servicios con el Ayuntamiento bien con adjudicaciones directas, bien con concursos amañados.

4. Quien se llevaba los íntegros ingresos de las facturas que emitían dichas entidades era el propio Sancho Sempere que ingresaba el dinero en alguna de las 57 cuentas bancarias que usaba para tal fin.

La que hoy es objeto de nuestra atención es la FEDERACION PROFESIONAL VALENCIANA.

Cuando en el año 2013 la justicia tomó cartas en el asunto y por orden del Juzgado y de la Fiscalía, la comandancia de la Guardia Civil elaboró un exhaustivo informe sobre las actividades de Sancho Sempere en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2013.

En dicho informe y con respecto a la entidad FEDERACION PROFESIONAL VALENCIANAobtuvieron la siguiente información de dicha entidad:

1.- Aparecen por primera vez en el trama dos de los miembros de la familia de Sancho Sempere, que luego estarán presentes también en otras causas, en concreto su mujer, AMPARO GONZALEZ SANCHIS y su hija MARIA INDA SANCHO GONZALEZ.

Ambas figuran como trabajadoras de la Federación Profesional valenciana en el año 2010.

2. Como representante autorizado de la entidad aparece el mismo José Antonio Sancho que posteriormente se autonombra gerente de la asociación.

3. El domicilio de la entidad se sitúa en Valencia, calle Palau 13 en una de cuyas puertas reside, casualmente, la vivienda personal y familiar de Sancho Sempere.

4. Aparece un ingreso de 165.000 euros que se transfiere de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (la gallina de los huevos de oro de Sancho) a la FEDERACION PROFESIONAL VALENCIANA sin que exista justificación alguna a dicha operación.

5. La FEDERACION PROFESIONAL VALENCIANA aparece vinculada según el informe policial con otras entidades, asociaciones y personas físicas del entorno o contraladas por Sancho Sempere como su mujer Amparo González y una de sus hijas, María Inda Sancho González.

6. El informe indica que Sancho Sempere creó una trama empresarial estructurada para obtener fondos públicos de varios ayuntamientos y otras entidades del sector público, sirviéndose para ello de varias asociaciones privadas fundadas, gestionadas y dirigidas por Sancho para su propio beneficio personal y el de su familia.

Sancho Sempere como consecuencia de las graves irregularidades observadas fue encausado judicialmente y posteriormente condenado a pena de prisión como este medio periodístico ha informado anteriormente.

1.- Fue condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que también condenó a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García Castellar.

Ambos fueron condenados por el delito de cohecho.

Esta sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia fue recurrida por vía de recurso de Casación ante el Tribunal Supremo que resolvió de forma definitiva la cuestión en la

Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016, desestimando el recurso de casación interpuesto por Sancho Sempere y ratificando la sentencia de la Audiencia que decía: “Debemos condenar y condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio Sancho Sempere, y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García Castellar; imponiendo a ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas”.

2.- Fue condenado por el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia que en virtud de sentencia de fecha 21 de julio de 2022 pordelito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro delito también continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y actividades prohibidas.

La sentencia judicial que es firme y fue aceptada por Sancho, dice: “Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo CONDENAR Y CONDENO a Jose Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su funcióndel art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO AL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA, 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular

Pero lo relevante de esta última sentencia es que Sancho Sempere reconoció de forma expresa que era él el que dirigía, gestionaba y controlaba a la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (como también ocurría con las otras asociaciones creadas por Sancho Sempere como la FEDERACION PROFESIONASL VALENCIANA).

La sentencia dice: “Para ocultar su condición de director de laACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ)puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ,pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado”.

José Antonio Sancho Sempere, ex secretario del Ayuntamiento de Canet y cabeza visible de la llamada “trama de las asesorías”, se enriqueció durante años a costa de ayuntamientos y entidades públicas y consiguió ser titular de57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, (uno de ellos en Canet) 82 fincas rústicas, un yate privado (Millena) y vehículos de alta gamaque fueron a parar a su patrimonio personal y al de su familia, según descubrió la sección de delitos económicos de la Policía Judicial.

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