El barco de Sancho, llamada Millena, como una de sus sociedades. EPDA
Una entrevista a Sancho en el Restaurante Mar Blau de Jesús Gor de Canet en el año 2012. EPDAEl ex secretario del Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, cabeza visible de la llamada "trama de las asesorías", se enriqueció a costa de Ayuntamientos y entidades públicas y consiguió ser titular de 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, 82 fincas rústicas, un yate privado y vehículos de alta gama que fueron a parar a su patrimonio personal, según descubrió la sección de delitos económicos de la Policía Judicial. En el año 2010 El Periódico de Aquí tuvo conocimiento que en el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer se estaban produciendo una serie de actos presuntamente delictivos y cuyo protagonista absoluto era José Antonio Sancho Sempere, secretario en aquel momento de la Corporación. Sancho Sempere tejió una espesa tela de araña que envolvió a políticos adictos, empresarios ambiciosos, funcionarios proclives y familiares íntimos, que acabaron beneficiándose de los favores recibidos y que supuso un enriquecimiento personal de Sancho por valor de más de un millón de euros en efectivo más otros bienes materiales de diversa naturaleza. Sancho Sempere como consecuencia de las graves irregularidades observadas fue encausado judicialmente y posteriormente condenado a pena de prisión como este medio periodístico ha informado anteriormente.
La primera de dichas condenas fue acordada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que también condenó a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García Castellar. Ambos fueron condenados por el delito de cohecho, esto es, porque la entonces alcaldesa tránsfuga aceptó soborno de Sancho para que éste introdujese sus chiringuitos en dicha localidad valenciana.
Esta sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia fue recurrida por vía de recurso de Casación ante el Tribunal Supremo que resolvió de forma definitiva la cuestión en la Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016, desestimando el recurso de casación interpuesto por Sancho Sempere y ratificando la sentencia de la Audiencia que decía: "Debemos condenar y condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio Sancho Sempere, y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García Castellar; imponiendo a ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas".
La segunda de dichas condenas la dictada por el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia que en virtud de sentencia de fecha 21 de julio de 2022 condenó a Sancho Sempere por delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro delito también continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y actividades prohibidas. En este caso se trató de una sentencia de conformidad para evitar que su hija, funcionaria en el departamento de Contratación del Ayuntamiento de Canet, pudiese ser condenada a cárcel y a inhabilitación como funcionaria.
La sentencia judicial que es firme y fue aceptada por Sancho, dice: "Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo condenar y condeno a Jose Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función del art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de seis meses de prisión y accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio al derecho al sufragio pasivo durante la condena, 6 meses de multa a razón de una cuota diaria de 10 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 meses de inhabilitación especial para el cargo de funcionario de la administración local con habilitación nacional; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular). Pero lo relevante de esta última sentencia es que Sancho Sempere reconoció de forma expresa que era él el que dirigía, gestionaba y controlaba a la Academia Valenciana de Juristas y así la sentencia dice: "Para ocultar su condición de director de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado".
Todo este entramado fue posible porque Sancho Sempere contó con colaboradores situados en sitios estratégicos y porque creó un sistema de saquear fondos públicos muy peculiar, como quedará reflejado en
Por ejemplo, en el caso de Canet d'en Berenguer, el consistorio estaba en manos de un chiringuito de Sancho, la Academia Valenciana de Juristas, que se quedó con los servicios jurídicos -hasta el 2015- gracias a concursos negociados sin publicidad gestionados por su hija Carmina y su amigo Salvador Vidal y que estaban amañados, al invitar en 2011 y 2013 al propio Sancho a través de su empresa José Antonio Sancho Abogado SLP y a la mujer de éste, Amparo Sancho González, respectivamente. En definitiva, todo un sistema perfectamente organizado para controlar el Consistorio y, de paso, sacar dinero público.
El enriquecimiento obtenido por Sancho Sempere dentro de la trama de las asesorías, según las investigaciones policiales y judiciales, supera el millón de euros a lo que hay que añadir otros bienes de naturaleza variada como inmuebles urbanos y rústicos, vehículos y hasta un yate privado.
Esta cantidad puede ser superior por los siguientes motivos:
1. Cuando la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia (UCO) a instancias del Juzgado de Instrucción 12 y de la Fiscalía Anticorrupción, investigó dentro de la trama de las asesorías las facturas que las distintas entidades controladas por Sancho habían cobrado de ayuntamientos y corporaciones públicas, las acciones judiciales que se podrían interponer habían prescrito.
Conviene saber que los particulares y las empresas no están obligados a conservar fiscalmente las facturas más de cuatro años.
Como las investigaciones judiciales y policiales son posteriores al año 2007, los años anteriores resultan impunes para Sancho Sempere que no ha respondido de los ilegales ingresos y beneficios percibidos en dichos años anteriores.
2. En algunas causas judiciales de la trama de las asesorías los ayuntamientos y las corporaciones a las que se cobró por facturas de servicios de asesoramiento jurídico no encontraron o no quisieron encontrar facturas por dichos servicios ya que los asesoramientos que se prestaron fueron verbales y no hay constancia concreta de los asesoramientos prestados (fechas, conceptos e importes).
3. Algunas de las facturas emitidas por las entidades que Sancho Sempere controlaba consignaban importes inferiores a las que Sancho Sempere percibía en realidad que en ocasiones eran notoriamente superiores.
4. Muchas facturas emitidas por las asociaciones controladas por Sancho Sempere no se declaraban fiscalmente o se hacía con importes inferiores.
El Periódico de Aquí, a raíz de las investigaciones obtenidas en el caso de la trama de las asesorías, siempre ha defendido la necesidad de combatir la corrupción en los ayuntamientos, implementando una serie de medidas que promuevan la transparencia, la rendición de cuentas y la ética en la gestión pública, que pasan a reiterarse a continuación para evitar otros casos como el de José Antonio Sancho Sempere:
1. Transparencia en la gestión:
- Publicación obligatoria de contratos, presupuestos, subvenciones y gastos municipales en portales de acceso público.
- Exigir que las licitaciones públicas sean accesibles y que el proceso sea claro y competitivo.
- Publicación periódica de declaraciones patrimoniales y de intereses de los cargos públicos y sus familias.
2. Control interno y auditorías externas:
- Fortalecer los mecanismos de control interno de los ayuntamientos, como la intervención y tesorería, para evitar la manipulación de cuentas.
- Realización de auditorías externas periódicas a los ayuntamientos para revisar la legalidad de las actuaciones y el uso de fondos públicos.- Controles más estrictos sobre los contratos menores y fraccionados, que son más susceptibles a prácticas irregulares.
3. Órganos de supervisión independientes:
- Fomentar la creación de órganos de supervisión externos e independientes que puedan revisar y denunciar casos de corrupción.
- Colaboración activa con instituciones como el Tribunal de Cuentas y la Oficina Antifraude para mejorar los mecanismos de vigilancia.
4. Regulación de los conflictos de interés:
- Evitar que altos cargos públicos tengan relaciones o intereses económicos con empresas que contraten con el ayuntamiento.
- Establecer un régimen sancionador eficaz para quienes no declaren sus conflictos de interés o incurran en prácticas corruptas.
5. Participación ciudadana:
- Fomentar la participación activa de la ciudadanía en la fiscalización de los procesos municipales, como en la elaboración de presupuestos participativos.
- Crear herramientas para que los ciudadanos puedan denunciar casos de corrupción de manera anónima y segura.
6. Capacitación y formación ética:
- Ofrecer programas de formación continua en ética pública y cumplimiento normativo a los funcionarios y cargos electos.
- Reforzar los códigos de conducta y asegurar que todos los empleados públicos conozcan las consecuencias de la corrupción.
7. Normativas anticorrupción:
- Endurecer las sanciones para los delitos de corrupción, incluyendo la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
- Desarrollar leyes que limiten el mandato de los alcaldes y otros cargos para evitar redes clientelistas y acumulación de poder.
8. Tecnología para la detección de irregularidades:
- Implementar sistemas electrónicos avanzados para el seguimiento y control de los procesos administrativos y financieros del ayuntamiento.
- Uso de la tecnología blockchain o herramientas de inteligencia artificial para identificar patrones sospechosos en los contratos y licitaciones.
Estas medidas, si se aplican de manera rigurosa y efectiva, pueden ayudar a reducir significativamente la corrupción en los ayuntamientos españoles y a restaurar la confianza en la gestión pública local.
Y una gran pregunta: ¿quién vigila al que debe vigilar y velar por la legalidad en una administración pública? ¿quién controla mínimamente a los secretarios e interventores? ¿por qué en Canet d'En Berenguer se tardaron tres décadas en terminar con Sancho? ¿qué mecanismos deben introducirse para evitar el trucaje de las oposiciones públicas, como también ha quedado patente en Canet y La Pobla de Farnals?
Sancho se apropió de casi 100.000 euros que la AVJ le facturó a Egevasa
Sancho se llevó 151.000 euros sólo en una de las piezas de la trama de las asesorías
Un acuerdo a cuatro bandas por el que ganan todos
Sancho se llevó a su casa 151.000 euros del Ayuntamiento de Canet
Una historia repleta de cómplices, entre políticos, funcionarios y empresarios, que quedará plasmada en una libro que se publicará en diciembre de 2024 con el título provisional de 'La zorra en el gallinero
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