Sancho defendiéndose en un pleno municipal de Canet. EPDA
Acta fundacional de la Academia Valenciana de Juristas en diciembre del año 2000. EPDAUna sentencia del Juzgado de lo penal 18 de Valencia pone al descubierto la realidad de la trama de las asesorías que el ex secretario del Ayuntamiento de Canet, José Antonio Sancho Sempere, creó para enriquecerse a costa de las arcas municipales. En el año 2011 el Ayuntamiento de Canet suscribió un contrato con la Academia Valenciana de Juristas para la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico a la corporación, que venía trabajando a dedo desde que se constituyó el 5 de diciembre de 2000. En sus estatutos, en el artículo 8, se señalaba que ''la Academia Valenciana de Juristas no persigue fines especulativos ni lucrativos'', aunque la realidad sería muy diferente.
Lo que parecía una contratación normal acabó convirtiéndose en una manera de esquilmar al Ayuntamiento y en una forma enriquecimiento para uno de los funcionarios del mismo, en concreto su entonces secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere.
Y ello porque dicho contrato lo que en realidad encerraba era el inicio de una trama de corrupción que durante años organizó Sancho Sempere para arruinar a dicho Consistorio del Camp de Morvedre y utilizar el chiringuito jurídico que controlaba para presentar demandas en ocasiones para frenar a quien le plantaba cara.
Y tan bien la salió que exportó la formula primero a otras Corporaciones localesy más tarde a otras empresas públicas de la Comunitat Valenciana.
Pero, ¿cómo funcionaba la trama, que se mantuvo oculta hasta que entró en acción El Periódico de Aquí a partir del año 2011?
La trama era bien simple. Usando su cargo de secretario municipal y con el beneplácito y la inestimable ayuda de algunos alcaldes, interventores, funcionarios municipales (entre ellos su hija, la jefa de Contratación) y varios profesionales del derecho desconocedores de que iban a ser engañados, fundó entre otras, una entidad que llamó la Academia Valenciana de Juristas.
Para la prestación de los servicios jurídicos puso al frente varios profesionales, a los que usó dándoles como cebo su integración en la junta directiva de la asociación.
Varios de dichos letrados engañados por Sancho han tenido que soportar un auténtico calvario porque fueron también acusados por culpa de Sancho Sempere en varios de los procesos judiciales que se produjeron dentro de la citada trama de las asesorías.
Así, los abogados prestaban sus servicios jurídicos a los ayuntamientos, la AVJ giraba las facturas y el dinero iba a parar a los bolsillos de Sancho.
Y ello porque era el propio Sancho Sempere quien negó siempre trabajar para dicha entidad ni tener representación alguna en la misma, era el que dirigía, controlaba y gestionaba a la Academia, hasta que El Periódico de Aquí comenzó a publicar informaciones comprometidas para él, demostrando las vinculaciones entre esta sociedad y otras como José Antonio Sancho Abogado SLP, Asesores Profesionales y Millena III Milenio.
Plan y fases
El plan era perfecto y tenía las siguientes fases:
1. Convencer a la corporación municipal que la Academia era la entidad mejor para la prestación de los asesoramientos legales.
2. Contratara dicha entidad para el asesoramiento.
3. Expedir las correspondientes facturas firmada por alguno de los profesionales controlados por Sancho.
4. Cobrar los importes de dichas facturas en una cuenta de las muchas que controlaba Sancho.
5. Llevarse el dinero a su bolsillo.
En todas fases era de aplicación el código penal.
En primer lugar, el convencimiento de la Corporación para contratar a la AVJ tenía que pasar al menos tres controles que fueron facialmente superados por Sancho porque:
- En el departamento de Contratación figuraba su hija Carmina Sancho Gonzalez y su amigo personal Salvador Vidal Tortosa.
- En la intervención municipal se miraba para otro lado porque se entendía que el tema competencia del alcalde.
- Y finalmente el asunto pasaba a los alcaldes que nunca veían problema alguno en la contratación de la AVJ. No fue hasta la irrupción de El Periódico de Aquí que quedaría patente que se trataba de un chiringuito de Sancho para enriquecerse y, además, presionar jurídicamente a los 'enemigos' de Sancho y la corrupción.
En segundo lugar, la contracción se hacía de dos formas: o bien adjudicación directa o bien abriendo un concurso libre para que pudieran concurrir varias opciones.
En este segundo caso se da la circunstancia de que quienes aparecían como ofertantes eran personas ligadas a Sancho que se presentaban para cubrir las formas.
En tercer lugar, las facturas se expedían por algún profesional del derecho que Sancho tenía paniaguados en la Academia que, por supuesto, no tenía idea alguna de las contrataciones y clientes que Sancho controlaba. Eran los tontos útiles.
En cuarto lugar, las facturas se expedían por la AVJ en muchas ocasiones con un simple sello de la AVJ y una firma ilegible presuntamente hechas por el propio Sancho Sempere.
Y en quinto lugar, los importes satisfechos por los servicios iban a parar al bolsillo particular de Sancho Sempere, ya que según el informe de la UCO disponía de 57 cuentas bancarias controladas por él.
Todo nacía y todo acababa en el mismo origen: Sancho Sempere.
Ese fue el inicio de la trama de las asesorías, una mafia dedicada al amaño de concursos y adjudicaciones locales sobre servicios de asesoramiento legal a ayuntamientos y otras entidades públicas.
Y así también el asunto llegó a los tribunales.
En concreto, el Juzgado de lo penal 6 de Valencia tuvo ocasión de conocer estas ilegalidades sobre la contratación de la AVJ por el Ayuntamiento de Canet.
En la sentencia dice la magistrada que la Academia Valenciana de Juristas, prestaba servicios de asesoramiento jurídico para el citado Consistorio. Esta colaboración comenzó en 2007, aunque en 2011 se sustituye el método y se establece un negociado sin publicidad. Sempere no elaboró un informe necesario en este tipo de procedimientos porque entendió que era una prórroga del contrato anterior. Él no tuvo participación en los pliegos.
Se invitó a otros dos letrados a prestar el servicio aparte de la Academia de Juristas. Uno de ellos fue la propia mujer de Sempere, Amparo González. El otro, un trabajador de una de las sociedades de Sancho Sempere. Es decir, que no existió una competencia real. Finalmente, fue el propio Sempere el que certificó el acuerdo de pagar los 57.000 euros más IVA por dos años a la citada empresa, una de las numerosas mercantiles bajo su órbita de control.
La magistrada consideró que en este supuesto no se daban los requisitos del delito de prevaricación y dice que la Junta de Gobierno aprobó un acuerdo que no dejaba de ser una continuación del servicio que se estaba ofreciendo ya por parte de esa empresa, y que se cumplieron todas las obligaciones, por ejemplo, la de las correspondientes invitaciones a otros participantes. También subraya que no hubo oposición por parte de los interventores.
La titular de Penal 6 sugiere que la conducta que se está planteando en esta causa está más relacionada con un tráfico de influencias que con una prevaricación. Así, en este supuesto, lo que se trataría de dictaminar es si se incumplió ''el principio de imparcialidad en la actuación administrativa, en el sentido de neutralidad y objetividad de la misma, deslindando los intereses públicos de los privados''.
Finalmente, la magistrada en la sentencia referida
La sentencia fue absolutoria y Sancho y el entonces alcalde Leandro Benito salieron de rositas.
Lo que ocurrió después fue lamentable se mire por donde se mire. Y es que como la justicia seguían investigando la trama de las asesorías, llegó el caso de nuevas contrataciones de la AVJ por parte del Ayuntamiento de Canet, pero con la diferencia de que, en este caso, el Fiscal fijó su atención en la hija de Sancho Sempere, Carmina Sancho González, que casualmente, trabajaba en el departamento de Contratación del mismo Ayuntamiento. Por si fuera poco, su hijo y socio en José Antonio Sancho Abogado SLP era el jefe de la Policía Local. La 'famiglia'.
Y entonces, como en cualquier novela que se precie, hubo un giro inesperado.
Ante la más que probable condena de su hija por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, Sancho Sempere decidió reconocer todos los hechos inculpándose de los mismos para evitar que se hija fuera a la cárcel y fuera inhabilitada y arruinada su vida profesional y laboral.
En concreto, el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia, por sentencia de fecha 21 de julio de 2022, condenó a Sancho Sempere por delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro delito también continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y actividades prohibidas.
La sentencia judicial que es firme y fue aceptada por Sancho, dice que: "Para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes y se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado".
Surgen varias preguntas:
¿Cómo es posible que la condena haya sido por una confesión del propio Sancho en el año 2022, cuando había otras causas judiciales anteriores de la trama por el mismo motivo y Sancho resultó absuelto?
¿Por qué motivo la fiscalía anticorrupción, ahora que tiene una declaración de culpabilidad reconocida expresamente por el propio Sancho en el año 2022, no solicita reabrir judicialmentelas causas anteriores por hechos idénticos?
¿A qué se debe el hecho de que la mayoría de los ayuntamientos y entidades públicas afectadas no se hayan presentado en las causas judiciales como acusación particular contra Sancho Sempere?
¿Por qué razón no devuelve Sancho Sempere la totalidad del dinero que se apropió de la Academia Valenciana de Juristas y que obtuvo como capo de la trama de las asesorías?
¿Por qué causa no intervino la Sindicatura de Cuentas en todos estos desmanes que, además, se prolongaron en el tiempo durante años y fueron denunciados por los medios de comunicación?
¿Por qué motivo no hizo nada tampoco la Agencia Antifraude de la Comunitat Valenciana pese a que los medios de comunicación y más en concreto El Periódico de Aquí denunciaron tales ilegalidades de forma constante?
La verdad está ahí fuera.
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