Diez meses después de la trágica dana que segó la vida de 229 personas, las heridas siguen abiertas en muchas localidades. Las viviendas, comercios y bajos fueron los que peor sufrieron el embate del agua con importantes pérdidas, pero en un segundo plano, casi invisibles, permanecen las fincas como edificios enteros olvidados en el reparto de ayudas, atrapados entre normativas de propiedad horizontal que no entienden de dramas humanos.
En Albal, los vecinos de una finca de la calle San Carlos viven esa realidad cada día. Su garaje sigue inutilizado, el ascensor permanece averiado y, para devolver a sus hogares unas mínimas condiciones de normalidad, cada propietario debe afrontar una derrama cercana a los 3.000 euros. En total, 25 familias, la mayoría trabajadores que compraron sus pisos hace dos décadas "para vivir, no para especular", se ven ahora obligadas a elegir entre endeudarse o resignarse al deterioro.
"Nos ahoga más esta situación que la propia riada", reconocen con impotencia. Las obras en el garaje están paralizadas por falta de recursos y el ascensor, vital para varios vecinos con movilidad reducida, ni siquiera está en la lista como prioritario. "Aunque lo fuera, no podríamos asumir el coste", lamentan.
La diferencia entre los 60.000 euros que reconoce el Consorcio de Seguros y lo que recoge el informe de un arquitecto contratado por la comunidad, que ascienden aproximadamente a170.000, refleja el abismo en el que se encuentran. Un expediente aún abierto y plagado de trabas para el que ya han solicitado un segundo peritaje. Más que nada porque todavía están emergiendo nuevos problemas no contemplados en el presupuesto inicial, como es el caso de la instalación eléctrica de los contadores, donde el barro puede provocar accidentes y afecta a la seguridad de los vecinos.
"El perito del Consorcio nos ha llegado a decir que en los bajos no había persianas y que el garaje no estaba pintado. Hemos tenido que demostrar con fotos y Google Maps lo contrario", explica Teresa, vecina de la finca.
Para ellos está siendo una lucha continúa contra el consorcio ante sus exigencias porque "no pedimos más de lo que teníamos, solo lo que es justo", puntualiza Jorge. En este sentido, para cada paso que dan, han contratado a un arquitecto con el fin de que certifique cada una de las reparaciones.
"Hay que adaptar todo lo que se hace a la nueva normativa y el perito considera que lo que hacemos son mejoras", explica José, como por ejemplo instalar un espejo en la rampa del garaje, una bomba de achique o detectores de humo, cuestiones a las que obliga la ley para que Industria de el visto bueno. A estos problemas se suman una vecina morosa que debe miles de euros a la comunidad de propietarios.
Problemas de movilidad
Mientras tanto, la vida sigue en condiciones precarias. José, enfermo de esclerosis múltiple, debe enfrentarse cada día al reto de subir y bajar las escaleras hasta su vivienda en el segundo piso. Un vecino mayor con movilidad reducida tuvo que trasladarse a una residencia porque ya no podía salir de su casa, a pesar de que su hijo vive puerta con puerta.
Una mujer invidente se abre paso con dificultad junto a su perro guía, y otros dos residentes en silla de ruedas apenas pueden desplazarse. "Hasta bajar a comprar se convierte en un calvario", confiesa María Jesús, que sufre dolores de rodilla y cadera y depende de su hija para cargar con la compra.
La espera desespera. El comercial de la empresa de ascensores prometió que las reparaciones durarían "entre siete y diez semanas" cuando firmaron el contrato. Han pasado meses, y la fecha sigue siendo una incógnita. "Se aprovecharon de la situación, y por delante tienen todavía una decena de fincas como la nuestra y no nos dan ni fecha para la reparación", denuncian los vecinos.
29 de octubre
El recuerdo del 29 de octubre permanece imborrable. El agua alcanzó casi los dos metros, arrasando el patio, garaje, trasteros y el ascensor. Fueron los propios residentes quienes, con las manos y apenas unos EPIs donados por el Ayuntamiento y una retroexcavadora prestada, sacaron el barro y limpiaron las zonas comunes.
Hoy, agotados por la burocracia y las deudas, sienten que la verdadera riada es la de obstáculos y silencio que se han encontrado desde entonces.
"Solo pedimos lo justo, nada más", insiste Jorge. Pero lo justo, para estos vecinos, sigue siendo un horizonte cada vez más lejano. Esta misma semana han logrado un halo de esperanza después de que una carta remitida por el Ayuntamiento los sitúe como acción prioritaria para la reparación del ascensor.
