El Ayuntamiento de Casinos abre un nuevo frente legal para tumbar la macroplanta de biometano de Llíria

El Ayuntamiento de Casinos no da tregua. El Consistorio ha abierto un nuevo frente legal en su intento por frenar la planta de biometano proyectada en Llíria, cerca del término municipal de Casinos. Tras el rechazo del recurso de alzada por parte de la Conselleria, el Consistorio ha presentado ahora un requerimiento previo contra una nueva resolución autonómica, que aprueba el proyecto de la infraestructura necesaria para inyectar el gas renovable en la red. Se trata de una nueva vía administrativa que refuerza la ofensiva legal iniciada meses atrás y que podría desembocar también en los tribunales.

El requerimiento, al cual ha tenido acceso El Periódico de Aquí, y firmado con fecha del 13 de abril, impugna la resolución de la Dirección General de Energía y Minas que autoriza a la empresa Nedgia Cegas S.A. a adaptar infraestructuras e instalar los sistemas necesarios para inyectar gas renovable en la red de la zona donde se proyecta la planta.

El Ayuntamiento sostiene que esta autorización es “contraria a derecho” y, sobre todo, que no puede entenderse como un proyecto independiente de la planta de biometano promovida por Bioenergía Gas Renovable. “El problema es que se está tramitando por separado algo que en realidad forma parte del mismo proyecto”, explica el alcalde, Miguel Navarré, en declaraciones a este periódico.

El núcleo del requerimiento se basa en una idea clara: existe una “unidad funcional” entre la planta y la infraestructura gasista, lo que obligaría a evaluarlas de manera conjunta. Según el escrito, la propia Administración autonómica reconoce que la instalación de inyección tiene como única finalidad tratar el gas generado por una planta concreta. Esto, a juicio del Consistorio, implica que la infraestructura no tiene autonomía funcional propia, que ambas actuaciones forman un único sistema técnico y que la tramitación separada supone un fraccionamiento indebido del proyecto.

El Ayuntamiento considera que esta fragmentación vulnera la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y la normativa europea, al impedir una evaluación global de los impactos. “El hecho de separar los proyectos evita analizar los efectos reales y acumulativos sobre el territorio”, sostiene Navarré.

Otro de los argumentos centrales es la supuesta insuficiencia de la evaluación ambiental realizada. El Consistorio critica que el informe que avala la infraestructura de gas concluye que no hay efectos significativos, pero lo hace analizando solo una parte del sistema. 

Desde Casinos advierten de que los impactos deben evaluarse de forma conjunta, especialmente en cuestiones sensibles como la contaminación de acuíferos, las emisiones y olores o la afección a poblaciones cercanas —el casco urbano está a poco más de dos kilómetros—. “Si se analiza todo como un único proyecto, la conclusión puede ser muy distinta”, apunta el primer edil.

El requerimiento va más allá y solicita directamente la nulidad de la resolución, al entender que se ha prescindido de un elemento esencial: la evaluación ambiental completa del proyecto.

El consistorio invoca el artículo 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo para defender que no se trata de un defecto formal, sino de una infracción sustancial que invalida la autorización.

Además, critica que el expediente interprete el silencio de otras administraciones como conformidad, algo que considera jurídicamente inaceptable.

El Ayuntamiento de Casinos pide la revocación de la autorización o, al menos, que se retrotraiga el procedimiento para someter el proyecto a una evaluación conjunta. En caso contrario, ya advierte de que acudirá a la vía contencioso-administrativa.

Este nuevo movimiento se suma al recurso de alzada ya rechazado y a la futura demanda ante el Tribunal Superior de Justicia que el consistorio está preparando. “Estamos abriendo varios frentes porque el objetivo es claro: que se cumpla la ley y evitar posibles riesgos para el territorio”, subraya Navarré.