Publicación del año 2014.

Dentro de las investigaciones periodísticas que está realizando El Periódico de Aquí referidas a los distintas piezas de la conocida como “la trama de las asesorías”, este medio ha sabido que el ex secretario de Canet, José Antonio Sancho Sempere ,se llevó al bolsillo la cantidad de 16.960 euros correspondientes a facturas emitidas por la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) y que fueron pagadas por la entidad Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.

La trama es la siguiente: dicho Consorcio en una entidad pública que al tiempo de contratar los servicios de la AVJ tenía como uno de sus responsables, en concreto como interventor, a Rafael Parra Mateu, amigo de Sancho Sempere. La amistad en lo personal llevó a ambos a relacionarse profesionalmente de modo que el dueño real de la Academia de Juristas cobró al Consorcio de Museos por unos informes la cantidad reseñada que fue pagada por el citado Consorcio con el beneplácito de Parra.

Ambos, Sancho y Parra, eran, en realidad, los que controlaban un amplio entramado societario compuesto por las firmas Academia Valenciana de Juristas, Asesores Económicos, Asesores Profesionales y Millena III Milenio. No obstante, ellos no figuraban como administradores. Pretendían ocultar esa relación para evitar la ley del Sector Público, ya que ambos eran funcionarios.

El entramado sólo perseguía un objetivo: generar facturación a su favor para ganar dinero a costa de las arcas públicas. En ocasiones, colocaban a personas al frente de la administración de las firmas, aunque las cuentas bancarias las manejaban ellos. Eran nombramientos directos de personas que no tenía capacidad de gestión y administración real.

Como ya publicó El Periódico de Aquí, tanto Sancho Sempere como Parra Mateu compartieron celda en el centro penitenciario de Picasent, por resolución del Juzgado de Instrucción 12 de Valencia en una de las causas de la trama.

Volvernos a encontramos aquí con la misma operativa que Sancho Sempere ha utilizado de forma continua parra esquilmar a ayuntamientos y otras entidades públicas. Sancho, a través de sus amistades personales, empresariales y políticas dentro de algunas corporaciones y como habilitado de la administración local ofrecía a diversos ayuntamientos y otras entidades públicas unos servicios de asesoramiento jurídico. Tras un concurso amañado y/o mediante contrataciones directas conseguía que entidades públicas contrataran a las asociaciones que Sancho dirigía, gestionaba y controlaba. Tras la presentación por estas de las facturas correspondientes, las entidades públicas las pagaban y el dinero acababa así en los bolsillos de Sancho.

Esta manera de proceder fue siempre negada por Sancho en todos los juicios de la trama que se han celebrado contra él hasta el año 2022, que adelantó recientemente El Periódico de Aquí al lograr la sentencia de conformidad en la que lo admitía todo para evitar que su hija, funcionaria en Contratación en el mismo Ayuntamiento, el de Canet d'En Berenguer, pudiera ser condenada a cárcel y a inhabilitación. No obstante, en dicho año, y sorprendentemente, Sancho para salvar a su hija en la pieza judicial del Ayuntamiento de Canet se autoinculpó y reconoció que era él quien controlaba todo y por ello fue condenado como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro delito también continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.

La sentencia judicial, que es firme y fue aceptada por Sancho, dice que:

“Para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes, se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado·.

En el presente caso la relación de facturasque emite la Academia Valenciana de Juristas al Consorcio de Museo de la Generalitat Valenciana y cuyo dinero se llevó a su bolsillo Sancho, fueron las siguientes:

-Factura 201/2009 de fecha 31 de enero de 2009

En la misma se detalla el concepto de “servicios de asesoramiento y colaboración con el servicio de intervención en la redacción de los modelos de expedientes de acuerdo con la normativa jurídica expresada en la nueva estructura de instrucción de Contabilidad orden EHA 4641/2004” por un importe total de 2.900 euros correspondientes a una base de 2.500 euros más 400 euros en concepto de IVA del 16%.

-Factura 206/2009 de fecha 9 de junio de 2009

En la misma se detalla el concepto de “servicios de asesoramiento y colaboración con el departamento de intervención en la redacción de los modelos de expedientes de acuerdo con la normativa jurídica expresada en la Ley General de estabilidad Presupuestaria adaptada a las Entidades Locales, a través del Real Decreto 1463/2007” por un importe total de 2.900 euros correspondientes a una base de 2.500 euros más 400 euros en concepto de IVA del 16%.

-Factura 207/2009 de fecha 8 de octubre de 2009

En la misma se detalla el concepto de “servicios de asesoramiento y colaboración con el departamento de intervención en la formulación de los modelos de expedientes relativos a la nueva Estructura Presupuestaria de acuerdo con la Orden de Economía y Hacienda 3565/2008” por un importe total de 2.900 euros correspondientes a una base de 2500 euros más 400 euros en concepto de IVA del 16%.

-Factura 110/2010 de fecha 7 de octubre de 2010

En la misma se detalla el concepto de “ prestación de los servicios jurídicos en materia de asesoramiento en la elaboración de los nuevos estatutos del Consorcio, y todo ello por el precio de 7.000 euros IVA no incluido” por un importe total de 8.260 euros, con un IVA del 18% de 1.260 euros.

De la citada relación de facturas, se constata que la cantidad total abonada por el Consorcio de Museo de la Generalitat Valenciana a la entidad Academia Valenciana de Juristas fue de 16.960 euros que nuevamente acabaron en el patrimonio personal de Sancho Sempere.

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