El fin del concurso de acreedores de Alser deja un agujero económico de más de nueve millones de euros

La sección quinta del Juzgado Mercantil 3 de Valencia ha puesto hoy fin a uno de los mayores calvarios judiciales del Camp de Morvedre, al menos en lo que a cuestiones mercantiles se refiere. Hablamos del concurso de acreedores de la empresa urbanizadora Alser S.L., la histórica compañía de Julián Castellblanque y una de las grandes responsables de la transformación urbanística de la ciudad de Sagunt durante el cambio de siglo.

Afectada de lleno por la paralización de las obras que conllevó el estallido de la burbuja inmobiliaria, Alser trató de capear el temporal hasta que el 10 de mayo del año 2013 presentó ante los tribunales la petición de un concurso de acreedores, el procedimiento legal previsto para empresas en bancarrota, iniciando así un proceso técnico y judicial que ha tardado más de 12 años en ver su conclusión.

Para quienes no estén familiarizados con el proceso, un concurso de acreedores es un procedimiento en el que se retira a los gestores de la empresa que lo solicita para poner al frente de la empresa a una persona designada por un juez. Esta persona, llamada administrador concursal, analiza la situación de la empresa y decide si la compañía puede pagar a sus acreedores y seguir en marcha o si ha de vender sus activos y cerrar definitivamente.

En el caso de Alser se trató de mantener la empresa en marcha a través de un acuerdo con los acreedores para que recibieran lo que se les adeudaba gracias a un convenio que se firmó el 28 de mayo de 2015. Sin embargo, cuando estaban a punto de cumplirse los siete años de aquel acuerdo, el 7 de abril de 2022, la empresa mandó un escrito asegurando que no podría hacerse cargo de sus compromisos económicos y se iniciaba así la liquidación total de la urbanizadora.

De esta manera, en 2023 salieron a la venta 77 propiedades que incluían parcelas, trasteros (principalmente en el residencial de la Mini-Fe), garajes (principalmente en la avenida Montiber), casas, las propias oficinas de Alser e incluso un horno en la calle Mayor de Sagunt. De estas propiedades, 76 se vendieron en subasta, siendo adquiridas por particulares, empresas e incluso por la Sareb (el llamado ‘banco malo’), y una por venta directa a una particular que, tras la autorización judicial debida, consiguió hacerse con una de las fincas en venta por 72.000 euros.

Una vez convertido en dinero todo el patrimonio de Alser, se procedió a pagar al administrador concursal y a los acreedores prioritarios. En este caso, hay que destacar que el Ayuntamiento de Sagunto, que había concedido lo que se conoce como un “crédito contra la masa”, recuperó los 69.416,90 euros que había aportado a la empresa.

Después de cumplir las obligaciones prioritarias, el administrador contaba con 286.187,87 euros para repartir entre 82 acreedores a los que se les debía la cantidad total de 10.176.790,43 euros.

De esta manera, es fácil entender que los acreedores han sufrido una decepción al saber que cobrarán menos del 3 % de lo que Alser les dejó a deber, con casos llamativos como el de una factura por consumo de móviles donde se cobrará menos de un euro.