Maribel Sáez promete un plan integral para la discapacidad en Sagunt

La candidata del PP a alcaldía de Sagunt, Maribel Sáez, y la vicesecretaria de Política Social del PPCV, Elena Bastidas, se han reunido esta semana con las asociaciones de salud y bienestar locales para recoger sus necesidades.

Durante el encuentro de trabajo, un nutrido número de asociaciones, entre las que se encontraban asociaciones de personas en situación de discapacidad, contra el cáncer, del mayor, centros ocupacionales y afectados particulares con diversos problemas, como padres de niños con enfermedades raras, entre otras, han compartido con la candidata y la diputada sus numerosos problemas.

"Nuestra ciudad carece de un Plan Integral, real, de discapacidad. Nuestras asociaciones mueven la ciudad, en una ciudad donde ellos no se pueden mover, y eso lo vamos a solucionar con ellos", ha expresado Sáez en ese sentido. La concejal del PP se ha avanzado prometiendo un plan hecho con la participación de las asociaciones de la ciudad. Un plan, dice, "que se ejecute y no se quede en un cajón, como hasta ahora".

Desde el punto de vista de Sáez, la administración "tiene que dar ejemplo y para ello debemos tener una visión integral de nuestro entorno que contemple, no solo la movilidad, sino la visibilidad, atención, formación, accesibilidad de todo el municipio". 

La candidata a la alcaldía por los populares denuncia que los vecinos con discapacidad tienen "complicaciones" para poder usar el transporte público. "Los autobuses no cumplen o funcionan mal", expresa. "Algunas personas se ven obligadas a jugársela porque no se ha contemplado la accesibilidad de forma correcta. En concreto, Sáez pone de ejemplo la Escuela Oficial de Idiomas de Sagunt.

Además de las personas con problemas de movilidad, la concejal hace referencia a las personas sordas, con autismo o con discapacidad intelectual. A esto se le añade la "brecha que hay entre sus necesidades y las soluciones que les da la administración".

Todo esto, no solo, limita su día a día, sino su bienestar emocional y su integridad como personas. "No puede ser que colectivos que tienen que ser nuestra prioridad sean tratados como ciudadanos de segunda", declara.

Por su parte, la portavoz adjunta del GPP y vicesecretaria de política social del PPCV, Elena Bastidas, ha denunciado que "los más vulnerables y las políticas sociales no son una prioridad para el Consell de Puig ya que la falta de recursos y los retrasos tanto en dependencia como en los certificados de discapacidad está siendo un gran problema para muchos ciudadanos".

 

En este sentido, la vicesecretaria de política social del PPCV ha asegurado que "con el nuevo decreto del Consell de Puig para salud mental y discapacidad los mayores perjudicados son los usuarios. Cada vez las prestaciones son menores, lo que conlleva que en muchas ocasiones no puedan ser atendidos de manera adecuada".

 

"El nuevo decreto del Consell para atención en salud mental y dependencia recorta una tercera parte lo que se concedía hasta ahora", ha enfatizado. "Este decreto por el que se regula, entre otros asuntos, el coste de las plazas de salud mental y de dependencia, reduce el importe que recibirán las personas que se incorporen al sistema a partir de ahora para ser atendidos en una vivienda supervisada de atención a salud mental. Hasta ahora se cubría el coste de la plaza en su totalidad, en torno a los 2.300 euros mensuales, y ahora se concederá solamente una tercera parte, 715 como máximo", ha recalcado.

 

La diputada popular ha asegurado que "Puig prometió un Plan de Salud Mental con 41 millones de euros de inversión y no se ha hecho absolutamente nada. Ni se ha invertido ni un euro ni hay nada contemplado en los presupuestos".

 

Bastidas ha lamentado que “la falta de gestión comporta importantes perjuicios para gente que lo que necesita es que la administración se ágil y les dé respuestas efectivas. No es posible que para la emisión de un certificado de discapacidad se tarde más de año y medio” y ha exigido a “Puig que cumpla la Ley y que esos certificados se den en el plazo de 3 meses” como han solicitado las asociaciones.

 

Maribel Sáez, la diputada Bastidas y el diputado Alfredo Castelló, también presente en la jornada de trabajo, se ha comprometido a trabajar por resolver todas las necesidades planteadas.