El ex secretario del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, reiteradamente condenado por la administración de justicia por casos graves de corrupción en la administración local, ha amenazado con la interposición de acciones penales y/o civiles contra los profesionales del derecho y testigos que prestaron declaración y/o intervinieron en los procesos judiciales de las distintas piezas de la trama de las asesorías.
El ex interventor y ex secretario del consistorio no deja de complicarse la vida y sobre todo de complicársela a los demás. Ahora ha tenido la ocurrencia de amenazar con acciones judiciales (demandas civiles y querellas criminales) contra todos aquellos abogados que trabajaron bajo su dependencia y subordinación en la Academia Valenciana de Juristas, uno de los chiringuitos privados creados por Sancho para saquear las arcas públicas de varios ayuntamientos de la provincia de Valencia y entre ellos al Ayuntamiento de Canet.
El enésimo nuevo asunto del corrupto ex secretario municipal tiene su origen en el año 2000, cuando José Antonio Sancho Sempere, además de abogado en ejercicio, era funcionario de la Administración Local con habilitación nacional, y tiempo después accedió al puesto de Interventor y Secretario General del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer. Simultánea y paralelamente al desempeño de su cargo funcionarial, Sancho, el 27 de noviembre de 2000, decidió fundar una organización empresarial privada denominada Academia Valenciana de Juristas.
El ámbito profesional de la AVJ quedó delimitado a las personas que se dedicasen profesionalmente al derecho, y su objeto estuvo dirigido a la promoción y defensa de cuantas actuaciones afectasen de cualquier forma a sus asociados, a la profesión de jurista o al derecho.
La Academia se constituyó como una asociación sin ánimo de lucro. En este sentido el artículo 8 de los estatutos de la AVJ señala que: “La Academia Valenciana de Juristas no persigue fines especulativos ni lucrativos. No obstante podrá administrar su patrimonio con la diligencia de un buen paterfamilias, y prestar servicios a cambio de contraprestaciones que servirán y destinarán al mejor cumplimiento de sus fines."
Sin embargo, la AVJ desde su propio inicio empresarial hasta el año 2015, fue usada delictivamente por Sancho Sempere para canalizar su actividad profesional de carácter privado, manteniendo relaciones profesionales con distintas administraciones públicas, entre las que se encontraba el propio Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer. El ex secretario, para ocultar su condición de administrador real y dueño de la AVJ, puso al frente de la misma a varios abogados que, desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes, se encargaron, siguiendo siempre las instrucciones de Sancho de tramitar los pleitos y litigios que le eran encomendados a la AVJ.
NO SABÍAN NADA
Estos abogados, así como otras personas ajenas al procedimiento, fueron incluso incluidas por el propio Sancho Sempere como miembros de la Junta de Gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la controlaba, dirigía y gestionaba era Sancho. Estos letrados nada sabían sobre los manejos turbios y delictivos que Sancho realizaba y así se demuestra cuando fueron a declarar como investigados en diversas causas judiciales instadas por la Fiscalía Provincial de Valencia contra el ex secretario que fueron conocidas como la “trama de las asesorías” a la que precedieron las también corruptas “trama de las oposiciones trucadas” y “trama de las recaudaciones”.
Los abogados declararon judicialmente que sus nombres y cargos fueron usados por Sancho Sempere para justificar las operaciones fraudulentas y confirmaron que siempre actuaron bajo su dirección siguiendo sus órdenes y cumpliendo sus mandatos.
Manifestaron también que el ex secretario actuaba de forma ilegal con prácticas como la firma de cheques en blanco, traspaso de dinero de la AVJ a otras empresas particulares de Sancho, el uso no autorizado de sus nombres en documentos legales y la utilización indebida del cuño de la AVJ.
SENTENCIA CLAVE
Estos hechos quedaron refrendados por los citados letrados en la sentencia de conformidad condenatoria del Juzgado de lo Penal 18 de Valencia de fecha 21 de julio de 2022 con relación a los delitos cometidos Sancho Sempere en el Ayuntamiento de Canet durante años.
El Periódico de Aquí, como consecuencia de la investigación que ha estado realizando desde el inicio de este caso de corrupción en la administración local, tuvo acceso a dicha sentencia y la reprodujo en su integridad y fue publicada el día 11 de septiembre de 2024.
La resolución judicial dice textualmente:
“Para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado”.
La corrupta actividad delictiva de Sancho Sempere, una historia repleta de cómplices, entre políticos, funcionarios y empresarios, ha quedado plasmada en un libro titulado 'El zorro en el gallinero', que ha resultado todo un éxito y ya va por la segunda edición.
Pues bien, el ex secretario ha decidido ahora emprenderla a demandas y querellas contra los abogados que fueron citados por los Juzgados en las distintas piezas de la trama de las asesorías para esclarecer las ilegales actividades de Sancho. Esta maniobra típica de la mafia americana y de la cosa nostra italiana, fue también padecida por el periodista que suscribe este artículo, porque durante años tuve que soportar todo tipo de amedrentamientos y presiones para que dejase de publicar noticias sobre las ilegales y ilícitas andanzas del ínclito secretario Sancho Sempere.
Pero recapitulemos. En el año 2012, El Periódico de Aquí publicó varios artículos comprometidos y comprometedores referidos a Sancho y al sistema corrupto que había instalado en la administración local para enriquecerse a costa de las arcas públicas.
Todo comenzó como suele pasar en estos casos intentando el siniestro personaje mostrar su lado más afable y amistoso. Sancho invitó a quien suscribe a una comida, le concedió una entrevista e intentó captar la voluntad del periodista y comprar el silencio del periódico con dos páginas de publicidad a un coste de 500 euros cada una. Como no surtió efecto, era momento de pasar a una fase superior de hostigamiento.
Y así el día 15 de abril de 2013, este periodista tuvo que asistir a un acto de conciliación judicial promovido por Sancho en nombre del Ayuntamiento de Canet, que contó con la presencia personal del propio Sancho como abogado de la corporación municipal. El citado acto de conciliación se celebró en el juzgado de primera instancia número dos de Sagunto por un asunto liviano que ya había sido rectificado por el periódico al tratarse de un error.
Tras
este primer encuentro en el juzgado, que tuvo un coste económico
para el rotativo, se produjeron otros dos actos a raíz de sendos
derechos de rectificación presentados por la Academia Valenciana de
Juristas, la entidad que llevaba los asuntos jurídicos del
Ayuntamiento de Canet y que en ese momento se desconocía que en
realidad era una chiringuito que estaba bajo sus órdenes
empresariales. Para intentar seguir engañando a la opinión pública
y a los contribuyentes de Canet d'En Berenguer, el gabinete jurídico
controlado por el secretario acabaría ganando dos concursos
públicos para el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento, el
primero presentándose junto a la AVJ, uno de los fundadores de ésta
y el propio secretario municipal; mientras que en el segundo lo haría
otro fundador y la propia mujer de Sancho. Un auténtico escándalo.
La
Academia de Juristas, con dinero público y bajo las órdenes de
Sancho, presentaba procesos judiciales a quien el 'capo'
ponía
en la diana. En este caso, el periodista que estaba desmontado el
tinglado. En el primero acudió incluso Sancho como testigo,
intentando dar credibilidad a las pretensiones de la AVJ y, sobre
todo, para trasladar dos mensajes, uno al periodista y otro a los
funcionarios, políticos y empresarios de Canet: el que se enfrenta a
mí, la paga. Pero Sancho nuevamente fracasó en sus malévolas
intenciones de acallar y asustar a quien suscribe y además fue
condenado a pagar las costas de los juicios entablados contra El Periódico de Aquí. El juez determinó que no se había producido
perjuicio económico alguno contra la entidad.
En dicho procesos ocurrió lo siguiente: El primero tuvo lugar el 8 de julio de 2013 y un día después ya había sentencia a favor de El Periódico de Aquí. En el segundo, tampoco sirvió de nada el documento aportado por el Ayuntamiento en el que aseguraba que las informaciones sobre la AVJ habían ocasionado un perjuicio moral a la entidad porque así lo habían comentado algunos vecinos (sic). La sentencia llegaría el 21 de febrero del año siguiente favorable también para El Periódico de Aquí.
El secretario de Canet no se dio por vencido y la ofensiva judicial pasó a una siguiente fase, la vertiente penal.
La primera de las dos querellas que interpuso el corrupto ex secretario la presentó el 21 de enero de 2013 y en la misma pedía que se ‘‘tomaran las pertinentes medidas cautelares sobre la situación personal y sobre los bienes del querellado disponiendo se proceda al procesamiento, detención y prisión provisional del querellado, o se le exija fianza por la libertad en la cantidad de seis mil euros y otra fianza para cubrir las responsabilidades civiles (...) que esta parte valora en seis mil euros’’. El proceso penal comenzó el 4 de julio y en el mismo Sancho acusaba al director de El Periódico de Aquí de robar un documento público del Consistorio el 7 de diciembre anterior e intentó involucrar para ello al funcionario Eduardo Almor. Para ello no dudó en hacer declarar a otros funcionarios, como Reyes de Naldas y Amparo Marzal. Tras declarar el propio director y una retahíla de testigos a petición de Sancho, incluyendo a Víctor Almor, la justicia decidió archivar la causa y ni siquiera abrir juicio oral, al demostrarse que la información publicada en El Periódico de Aquí sobre la petición de prórroga de la edad de jubilación de Sancho había sido objeto de debate público en un pleno municipal. Además, en la declaración ante la jueza y ante la pregunta '¿cómo ha conseguido esa documentación? ¿Quién se la ha facilitado?'. La respuesta fue magistral: 'señoría, ha sido el propio querellante quien me la dio, el señor Sancho Sempere'.
Como puede recogerse en 'El zorro en el gallinero', ''La otra querella la presentó Sancho tras un episodio desagradable en su despacho del ayuntamiento el 13 de marzo de 2013, al que acudí para recabar su versión sobre las últimas informaciones. Allí que me presenté con una grabadora, que resultó que no funcionaba. La conversación iba progresando hasta que el entonces secretario del Ayuntamiento lanzó frases del estilo ‘‘Yo tengo un lema, que dice que cada vez me pega en una mejilla, yo pego dos veces’’, ‘‘Tengo mucha paciencia y llega un momento que cuando me la hacen, me la pagan’’, ‘‘Voy a escribir un libro y si sigues en esa línea, no te voy a poner muy bien’’ (esta amenaza la acabó cumpliendo) o ‘‘Aunque ahora te pongas de rodillas, el mal ya lo has hecho’’. Dados los antecedentes, estos comentarios sólo se pueden considerar como advertencias/amenazas. Por recomendación de mi abogado, me fui a denunciar las frases consideradas intimidatorias a la Policía Nacional de Puerto de Sagunto. La Asociación Profesional de Periodistas Valencianos emitió un comunicado de apoyo, mientras que fue la Academia Valenciana de Juristas la que emitió un comunicado de respaldo a Sancho. En ese momento se desconocía que la AVJ era un chiringuito empresarial controlado por Sancho y medios como Levante-El Mercantil Valenciano le dio bola siempre que pudo''.
''Tras
las informaciones aparecidas en la prensa comarcal, Sancho decidió
atacar de nuevo, acusándome de denuncia falsa. Fue el 21 de marzo de
2013. La querella del secretario provocó que fuese a declarar. En la
vista previa hubo dos sorpresas mayúsculas. Una me la llevé yo,
pero la peor fue para el delincuente Sancho. Mi sorpresa llegó
cuando descubrimos que Sancho había presentado una transcripción de
nuestra conversación porque él había estado grabando la
conversación. Curiosamente, había recortado la parte en la que me
deslizaba frases a modo de advertencia. Pero él no lo vio venir. La
grabadora que llevé efectivamente no funcionaba. Daba igual. Estaba
grabando con mi teléfono móvil. Todas y cada una de las
conversaciones y encuentros con Sancho están grabados. Quedó
demostrado que las frases denunciadas en la Policía Nacional las
había pronunciado y la denuncia de Sancho fue también archivada'', prosigue la obra editada por NPQ Editores.
Pero lo que ocurrió en este juicio fue cómico digno de una comedia al estilo de Berlanga. ''Sancho ante las preguntas de mi letrado sobre si en la conversación del 13 de marzo de 2013 dijo las expresiones contenidas en el atestado de ese día, Sancho respondió: ‘‘de memoria entiendo que es imposible que esas frases se pronunciaran. Nada más empezar la entrevista, la grabadora que utilizaba el señor Pere Valenciano se estropeó, él empezó a intentar que funcionara y después de unos minutos dijo que la grabadora no funcionaba. Por lo tanto, como consecuencia de lo anterior que está recogido en su denuncia, es imposible que exista un CD y una transcripción porque el propio Señor Pere manifestó que su grabadora no funcionaba’’. Preguntado si la transcripción que aportó Sancho era parcial o completa, aseguró que ‘‘no es completa’’ y preguntado por qué no había aportado la transcripción completa, su respuesta no merece comentarios: ‘‘para transcribir sólo la primera parte la secretaria particular estuvo dos meses’’, considerando que ‘‘la segunda parte no era importante’’. Casualmente, fue la segunda parte la que incluía las frases que motivaron la denuncia en la Policía Nacional. Se quedó ojiplático cuando descubrió que su Señoría contaba con la transcripción completa. Había manipulado pruebas y había mentido''.
Todas estas maniobras mafiosas han sido nuevamente puestas en marcha por Sancho Sempere en esta ocasión contra los letrados que trabajaron para él en la Academia Valenciana de Juristas. Y la mecánica es la misma. El corrupto secretario ha presentado ante los Juzgados de la ciudad de Valenciana demanda de juicio ordinario contra los letrados que el mismo nombró en el año 2016 para tratar de seguir esquilmando fondos públicos.
Porque Sancho Sempere, sorprendentemente, pocas semanas después de dictada la sentencia de conformidad firme de 21 de julio de 2022, en concreto el día 1 de septiembre de 2022, firmó la interposición de una demanda de juicio declarativo ordinario de nulidad absoluta de actos jurídicos contra los citados nuevos letrados y nuevos miembros de la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de Juristas nombrados en el año 2016, alegando lo siguiente:
Que era miembro de la AVJ desde el 1 de abril de 2009.
Que el acta de nombramiento de la nueva junta directiva realizada en el año 2016 de la AVJ era ilegal y presuntamente delictiva.
Que el objetivo de dichos nombramientos nuevos era obtener más de 100.000 euros del Ayuntamiento de Canet por la prestación de servicios realizadas durante muchos años por la AVJ al Ayuntamiento referido.
Que lo que pretenden los nuevos miembros de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS es repartirse entre ellos el citado dinero pendiente de cobro por la citada entidad.
Que eso no se puede permitir, porque dichas cantidades no son repartibles entre los miembros de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS, ya que es una entidad sin ánimo de lucro que no puede repartirse beneficios entre sus miembros.
En apoyo de la citada demanda, que correspondió al Juzgado de Primera Instancia 18 de Valencia con el numero de procedimiento 1404/2022, Sancho Sempere, omitiendo el reconocimiento expreso realizado en la referida sentencia de conformidad penal aportó unos documentos públicos y privados en los que basaba su pretensión con especial referencia a que era un simple miembro de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS.
Lo inaudito y, a la sazón presuntamente delictivo del caso, es que Sancho, deliberada y maliciosamente:
Ocultó al interponer esta demanda civil ante el Juzgado de Primera Instancia de Valencia el día 1 de septiembre de 2022, que el día 21 de julio del mismo año (57 días antes) y en una sentencia de conformidad penal, había reconocido expresamente ser el DUEÑO, DIRECTOR Y GESTOR DE LA ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS.
Ocultó en un juicio penal posterior, celebrado los días 21, 22,23 y 24 de mayo de 2024 en el Juzgado de lo Penal 9 de Valencia (Pieza EGEVASA), que había reconocido su control y dominio sobre la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS.
Ocultó que como dueño real, director y gestor de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS, y solo en el periodo comprendido entre los años 2007 A 2011, se llevó a su casa el importe de todos los ingresos obtenidos por la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS durante ese periodo que, según el INFORME de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia aportado a la causa principal (Pieza Canet) fueron de 470.519, 23 euros
Ocultó que con todo ese dinero fue capaz de ser titular de 7 chiringuitos financieros, 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, (uno de ellos en Canet) 82 fincas rústicas, un yate privado (Millena) y vehículos de alta gama que fueron a parar a su patrimonio personal y al de su familia.
Ocultó en fin los nombramientos de la nueva Junta de Gobierno de la ACADEMIA VALENCIA DE JURISTAS habían sido propuestos y decididos por el señor Sancho Sempere como todo lo que se decidía en dicha entidad.
Ocultó que después de nombrada en el año 2016, la nueva Junta de Gobierno de la ACADEMIA VALENCIANA DE JUSRISTAS se produjeron varios procesos judiciales contra Sancho en los que también estaba involucrada la Academia y nada dijo sobre la ilegalidad de la presencia en tales juicios de dicha entidad.
Fuentes jurídicas consultadas por este medio han señalado que dichos hechos son presuntamente constitutivos de delito de estafa procesal agravada, ya que Sancho, a sabiendas y ocultando su verdadero rol en la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS respecto de la que había reconocido pública y expresamente ser el dueño, director y gestor de ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS en la sentencia penal de conformidad de fecha 21/07/2022, trata de engañar al Juzgado de Instancia haciéndole creer que es un tercero ajeno, simple miembro de la entidad, y todo con la finalidad de perjudicar los intereses de la nueva Academia a efectos de que no pudiera obtener unos honorarios pendientes de cobro del Ayuntamiento de Canet.
La agravación de la conducta se justifica porque junto al daño en el patrimonio del particular de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS, se une el atentado contra el Poder Judicial al que se utiliza como instrumento de ilícitas finalidades como impedir las actuaciones de cobro por porte de dicha asociación de créditos pendientes contra el Ayuntamiento de Canet por importe de 100.000 euros según el propio Sancho reconoce en la demanda presentada con los profesionales del derecho demandados.
Según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia que consta aportado en varias de las piezas judiciales de la trama instalada por el ex secretario y, solo en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2011, Sancho Sempere se embolsó más de 470.000 €.
Igualmente este periódico ha sabido que tanto la hija de Sancho, Carmen Sancho González como la esposa Amparo González Sanchis, podrían ser enjuiciadas por colaboradoras de Sancho en la comisión de algunos de los delitos que aún no han sido juzgados por los tribunales de justicia.
El Periódico de Aquí, que sigue con la investigación periodística de este caso, ha tenido acceso también a una resolución judicial firme de fecha 21 de julio de 2021, dictada por el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, dentro de la Pieza judicial referida al Ayuntamiento de Canet de la trama de las asesorías que afirma que el importe total obtenido por Sancho a través solo de la AVJ fue 842.615,62 euros y ello solo en el periodo entre 2007 y 2011 y según el siguiente detalle:
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35.400 € |
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3.953 € |
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6.924,88 € |
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5.653,76 € |
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2.998,60 € |
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7.308 € |
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171.559,47 € |
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16.960 € |
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98.110 € |
|
168.300 € |
|
91.000 € |
|
227.137,11 € |
|
7.310,80 € |
TOTAL |
842.615,62
|
Igualmente El Periódico de Aquí ha sabido que, según las últimas investigaciones realizadas en los años 2011 y 2013, se firmaron entre el Ayuntamiento de Canet y la sociedad privada de Sancho, Academia Valenciana de Juristas dos contratos de asesoramiento legal en los que intervinieron la hija del ex secretario Carmen Sancho González, que era Técnico de Administración en el consistorio y la mujer de Sancho, Amparo González Sanchis, abogada que recibió casualmente una invitación firmada por su hija para adjudicarse los contratos por un importe total de 115.200 €.
Luego el dinero total obtenido por Sancho y familia a través de la AVJ ha sido de 957.815,62 euros. Y solo por lo que se refiere a la AVJ y el Ayuntamiento de Canet.
Sancho Sempere como consecuencia de las graves irregularidades observadas durante su larga carrera delictiva como funcionario municipal, fue encausado judicialmente y posteriormente condenado a pena de prisión, como este medio periodístico ha informado anteriormente.
1.- Fue condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que también condenó a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García Castellar.
Ambos fueron condenados por el delito de cohecho.
Esta sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia fue recurrida por vía de recurso de Casación ante el Tribunal Supremo que resolvió de forma definitiva la cuestión en la Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016, desestimando el recurso de casación interpuesto por Sancho Sempere y ratificando la sentencia de la Audiencia que dijo:
“Debemos condenar y condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio Sancho Sempere, y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García Castellar; imponiendo a ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas”.
2. Fue condenado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la pieza judicial del Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana que vuelve a condenar a José Antonio Sancho Sempere por el delito de prevaricación en los siguientes términos:
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido
Condenar a JOSE ANTONIO SANCHO SEMPERE y a RAFAEL PARRA MATEU por un delito continuado de prevaricación de los arts. 404 y 74 CP a las penas de cuatro años y seis meses y nueve años respectivamente de inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o función pública que comporten manejo de fondos públicos o decisiones o intervención en contratación.
Las amenazas dirigidas ahora a los profesionales del derecho y en su día a quien suscribe el presente artículo, reflejan un intento de Sancho por intimidar y silenciar a quienes se atrevieron y/o se atreven a denunciar sus actividades delictivas. Sin embargo, gracias a la valentía de estos profesionales y al trabajo periodístico comprometido, se ha logrado desmantelar una trama de corrupción, que ha campado a sus anchas durante años en el Ayuntamiento de Canet dEn Berenguer.
Este caso pone de manifiesto también la importancia de la labor periodística y la necesidad de proteger a quienes, desde el ámbito legal y mediático, luchan contra la corrupción y defienden la transparencia en las instituciones públicas.