El ex secretario del Ayuntamiento de Canet, José Antonio Sancho, contó con el beneplácito de varios alcaldes para enriquecerse durante años a costa de las arcas municipales

La ex alcaldesa Amparo Mañó, en primera fila. El ex alcalde socialista, Octavio Herranz. Sancho, junto a Salvador Vidal y el ex alcalde Leandro Benito.

El ex secretario del ayuntamiento de Canet, José Antonio Sancho Sempere, contó con la permisibilidad y el beneplácito de varios alcaldes de la localidad para enriquecerse durante años a costa de las arcas municipales. Enrique Altabella, Amparo Mañó, Octavio Herranz y Leandro Benito convivieron con el capo de la trama de corrupción y fue el dirigente del PP el que acabó rompiendo amarras. En los comienzos del presente siglo comenzó a gestarse en la localidad de Canet una burda trama de corrupción administrativa que tuvo como epicentro al entonces secretario municipal de la corporación, José Antonio Sancho Sempere, quien llegó a esta localidad en los años 80 cuando el alcalde era Enrique Altabella (PCE primero y luego EU). Interesa recordar que la localidad de Canet, a pesar de su cercanía a otras zonas con gran interés vacacional y turístico, tuvo escasa atracción como playa y ello quizá fue debido entre otros motivos a la proximidad de los Altos Hornos del Mediterráneo que impedían por la propia naturaleza de su actividad industrial el desarrollo de la población, lo contrario que ocurría en zonas cercanas como La Pobla de Farnals.

Canet fue durante años un municipio costero pero eminentemente agrícola. En la década de los años ochenta, hizo su aparición en el pueblo como secretario municipal quien fuera candidato por Fuerza Nueva al Ayuntamiento de Valencia en 1979, José Antonio Sancho Sempere. El entonces alcalde, Enrique Altabella, tenía el plan de generar progreso y trabajo para su municipio y promovió la transformación de la localidad, apoyándose en empresarios locales que recibieron las primeras concesiones, como el Hotel Playa Canet o Salones Mar Blau. Empresarios que invirtieron en el municipio a cambio de dichas concesiones, construyendo por ejemplo el imponente auditorio o el emblemático paseo marítimo.

Sin embargo, otros buitres aprovecharon la buena intención del alcalde, Enrique Altabella, para no sólo hacer negocio, sino para tejer una densa tela de araña de sobornos continuos, compras de voluntades, oposiciones trucadas, recalificaciones urbanísticas sospechosas, concesiones de licencias ilegales y contrataciones públicas amañadas. Y mira por donde uno de esos buitres iba a ser el flamante secretario del Ayuntamiento José Antonio Sancho Sempere, el habilitado nacional que debía velar por la legalidad y que, sin embargo, se la saltó para enriquecerse.

El proceso comenzó en los años 90 con los pelotazos urbanísticos y durante el periodo 2000 a 2007, el secretario se movió a sus anchas por el Ayuntamiento y comenzó a crear una serie de entidades que poder usar para hacer exitoso el plan que tenia urdido, cual era el esquilmar al Ayuntamiento y quedarse el dinero de las arcas municipales.

Así, Sancho Sempere fundo las siguientes entidades:

-ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS

-MILLENA TERCER MILLENIO

-JOSE ANTONIO SANCHO ABOGADOS SLP

-ASESORES PROFESIONALES

-FEDERACION PROFESIONAL VALENCIAMA

En todas las citadas entidades había unas notas comunes:

- Fueron creadas, controladas, gestionadas y dirigidas desde el primer momento por Sancho Sempere.

- Puso al frente de las mismas como miembros de las juntas directivas a terceras personas (testaferros) para que hicieran los trabajos del objeto social de cada una de ellas, en general asesoramientos legales.

- El objetivo era conseguir contratos de prestación de servicios con el Ayuntamiento bien con adjudicaciones directas, bien con concursos amañados.

- Quien se llevaba los íntegros ingresos de las facturas que emitían dichas entidades era el propio Sancho Sempere.

Sin embargo, en el año 2013 todo se vino abajo porque primero la Fiscalía anticorrupción de Valencia y luego el Juzgado de Instrucción 12 de la capital, comenzaron una exhaustiva investigación contra Sancho Sempere y dichas entidades.

¿Y qué ocurrió en Canet? Fue la primera de las causas abiertas por la justicia y la que dio nombre inicialmente a todas la serie de procesos judiciales: La causa de Canet. Pero fueron tantos procesos los abiertos contra Sancho en diversos ayuntamientos y otras entidades públicas a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana que acabó siendo conocida por la trama de las asesorías. 

Y así en el año 2011 el Ayuntamiento de Canet suscribió un contrato con una de las asociaciones creadas por Sancho Sempere, la Academia Valenciana de Juristas, para la prestación de los servicios de asesoramiento jurídico a la Corporación. Lo que parecía una contratación normal acabó convirtiéndose en una manera de esquilmar al Ayuntamiento y en una forma grosera de enriquecimiento para José Antonio Sancho Sempere.

Y ello porque dicho contrato, lo que en realidad encerraba era el inicio de una trama de corrupción que durante años organizó Sancho Sempere para arruinar a dicho Ayuntamiento del Camp de Morvedre.

La trama era bien simple. Usando su cargo de secretario municipal y con el beneplácito y la inestimable ayuda de algunos alcaldes, y otras personas promovió la contratación de Academia Valenciana de Juristas para la prestación de los servicios jurídicos a la Corporación. La AVJ nació en el año 2000 y prestó servicios al Consistorio sin concurrencia pública, a dedo. Los alcaldes avalaron a Sancho cuando impulsó este chiringuito jurídico.

Desde el comienzo de la trama de las asesorías hasta su desmoronamiento por los tribunales han pasado por el ayuntamiento cuatro alcaldes (2000-2015):

Enrique Altabella

Octavio Herranz

Amparo Mañó

Leandro Benito

Todos ellos sabían perfectamente quién era Sancho en el Ayuntamiento. Era vox populi que era el factótum del Consistorio, pero todos miraron hacia otro lado y nunca se enfrentaron para frenar los desmanes y tropelías del secretario corrupto. Fue Leandro Benito, cuando El Periódico de Aquí llevaba dos años de investigaciones y publicaciones, cuando comenzó a darse cuenta de que debía cortar con Sancho. De hecho, los tres alcaldes vivos fueron encausados en la pieza de Canet de la trama de las asesorías y todos mantuvieron siempre una actitud de servilismo hacia la figura de Sancho Sempere. Por miedo, ignorancia o desidia. O por las tres.

De los tres citados alcaldes sólo Leandro Benito se sentó en el banquillo como acusado por la Fiscalía por el delito de prevaricación administrativa al permitir que Sancho Sempere contratara a una de sus entidades favoritas, la Academia Valenciana de Juristas, para la prestación de los servicios jurídicos al Ayuntamiento. La causa fue vista en el año 2016 por el Juzgado de lo penal 6 de Valencia y en la sentencia la magistrada dice que la Academia Valenciana de Juristas prestaba servicios de asesoramiento jurídico para el citado Consistorio. Esta colaboración comenzó en 2007, aunque en 2011 se sustituye el método y se establece un negociado sin publicidad. Sempere no elaboró un informe necesario en este tipo de procedimientos porque entendió que era una prórroga del contrato anterior. Él no tuvo participación en los pliegos.

Se invitó a otros dos letrados a prestar el servicio aparte de la Academia de Juristas. Uno de ellos fue la propia mujer de Sempere, Amparo González. El otro, un trabajador de una de las sociedades de Sancho Sempere. Es decir, que no existió una competencia real. Finalmente fue el propio Sempere el que certificó el acuerdo de pagar los 57.000 euros más IVA por dos años a la citada empresa, una de las numerosas mercantiles bajo su órbita de control.

La magistrada consideró que en este supuesto no se daban los requisitos del delito de prevaricación ni de Sancho Sempere ni de Leandro Benito y dice que la Junta de Gobierno aprobó un acuerdo que no dejaba de ser una continuación del servicio que se estaba ofreciendo ya por parte de esa empresa, y que se cumplieron todas las obligaciones, por ejemplo, la de las correspondientes invitaciones a otros participantes. También subraya que no hubo oposición por parte de los interventores, que también miraron hacia otro lado.

La titular de Penal 6 sugiere que la conducta que se está planteando en esta causa está más relacionada con un tráfico de influencias que con una prevaricación. Así, en este supuesto, lo que se trataría de dictaminar es si se incumplió «el principio de imparcialidad en la actuación administrativa, en el sentido de neutralidad y objetividad de la misma, deslindando los intereses públicos de los privados».

Finalmente, la magistrada en la sentencia referida lamenta que las acusaciones no hayan formulado escrito de calificación en ese sentido ni que durante el juicio se hayan practicado pruebas para demostrar ese ilícito.

La sentencia fue absolutoria y Sancho Sempere y el entonces alcalde Leandro Benito salieron de rositas.

Eso juicio y la sentencia referida se produjeron en el año 2016 pero en el 2022 ocurrió algo que de haberse producido antes lo hubiera cambiado todo para Sancho Sempere y también para al alcalde, Leandro Benito. Y es que como la justicia seguían investigando la trama de las asesorías, llegó el caso de nuevas contrataciones de la AVJ por parte del Ayuntamiento de Canet, pero con la diferencia de Contratación del Ayuntamiento, uno de los más sensibles y de máximo interés para su padre corrupto.

Ante la más que probable condena de su hija por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, Sancho Sempere decidió reconocer todos los hechos inculpándose de los mismos para evitar que se hija fuera a la cárcel. En concreto, el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia, por sentencia de fecha 21 de julio de 2022, condenó a Sancho Sempere por delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro delito también continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y actividades prohibidas.

La sentencia judicial que es firme y fue aceptada por Sancho, dice que: “Para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes y se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado”.

Es obvio que si esta sentencia hubiera sido dictada en el año 2015 lo ocurrido después en el año 2016 en el juicio contra Sancho Sempere y Leandro Benito hubiese sido muy diferente, porque ambos habrían sido condenados al haber reconocido judicialmente el secretario que quien controlaba y dirigía la entidad AVJ que asesoraba al municipio era suya, arrastrando así probablemente al entonces alcalde.

Surge la pregunta: ¿Por qué motivo ninguno de los alcaldes que conocieron y consintieron estas actividades claramente ilegales y judicialmente declaradas delictivas por la administración de justicia que fueron perpetradas por Sancho Sempere nunca interpusieron acciones judiciales contra el secretario corrupto?

José Antonio Sancho Sempere estuvo en prisión durante dos años como consecuencia de condena judicial por el delito de cohecho y en el año 2022 fue condenado por prevaricación administrativa a una pena de seis meses de cárcel.

A día de hoy, no hay constancia de que haya ha devuelto ni un solo euro que obtuvo ilegalmente en la trama de las asesorías.

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