¿Por qué nadie reclama el dinero que se llevó José Antonio Sancho Sempere como cabecilla de la trama de las asesorías?

José Antonio Sancho Sempere en el salón de plenos de Canet. EPDA

¿Por qué nadie reclama el dinero que se llevó José Antonio Sancho Sempere como cabecilla de la trama de las asesorías? Más de dos millones de euros quedan acreditados que logró el ex secretario municipal de Canet a través de los chiringuitos empresariales sólo del periodo 2007 a 2011. Tras las sentencias judiciales firmes que condenan al ex secretario del Ayuntamiento de Canet, José Antonio Sancho Sempere, por los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, ni la Administración de Justicia, ni la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, ni los alcaldes de los municipios saqueados, ni los interventores de la administración local, ni la Sindicatura de Cuentas de la Comunitat Valenciana, han recuperado ni un solo euro de los saqueados por Sancho y su familia en la trama de las asesorías.

En diciembre sale a la venta un libro titulado 'El zorro en el gallinero', con todos los detalles y los cómplices de Sancho, entre empresarios, políticos, funcionarios y medios de comunicación.

En el año 2013 la justicia comenzó a investigar una de las tramas de corrupción más sonadas de las últimas décadas en la Comunitat Valenciana. Para entonces El Periódico de Aquí llevaba dos años publicando informaciones comprometidas para el capo. Se trata de la trama de las asesorías, que engloba un listado de empresas lideradas por Sancho, entre ellas la Academia Valenciana de Juristas, Asesores Profesionales o Millena III Milenio, que representaban una organización privada creada y diseñada por el que fuera secretario del Ayuntamiento de Canet, José Antonio Sancho Sempere y su familia, para saquear las arcas municipales con contratos de asesoramiento de empresas particulares constituidas por el propio Sancho y cuyos ingresos iban a parar a los bolsillos del secretario y de su familia.

Con el avance de las investigaciones judiciales surgieron otras dos tramas corruptas: la de las oposiciones trucadas y la de las comisiones por cobro de impuestos municipales.

Las tramas comenzaron a tomar forma hacia el año 2000, cuando el ahora ex secretario del ayuntamiento trabajaba en la administración local. Aprovechando la falta de controles estrictos en el proceso de adjudicación de contratos menores, el funcionario ideó un plan para que alguno de sus chiringuitos se hiciera con el contrato de asesoramiento jurídico de la corporación municipal cuando la realidad era que tales empresas eran gestionadas por él y sus familiares.

Para lograrlo, se sirvió de varios mecanismos fraudulentos:

1. Adjudicación Directa de Contratos Menores: Los contratos menores, aquellos cuyo importe no superaba cierto umbral y que, por tanto, podían ser adjudicados sin necesidad de un proceso de licitación formal, eran su especialidad. Se detectaron contratos que eran siempre adjudicados a una empresa la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS que no era sino una fachada porque esa entidad era controlada al cien por cien por Sancho y su familia.

2. Creación de Empresas de Familiares como Tapaderas: Las investigaciones han revelado que estas empresas "chiringuito" estaban a nombre de familiares cercanos, como su esposa, y sus hijos, quienes figuraban como propietarios o directores. Sin embargo, los verdaderos responsables de gestionar los fondos y decidir las operaciones eran el propio secretario.

El presente artículo pretende explicar, por una parte, cómo ha sido posible que ninguna de las instituciones públicas encargadas de velar por la legalidad y el control de los actos de la administración municipal, hayan podido recuperar el dinero que, fraudulentamente, se llevaron Sancho Sempere y su familiadurante casi treinta años de las arcas públicas a costa de los contribuyentes, y por otra parte si es posible conseguir de alguna forma la devolución de las cantidades ilícitamente obtenidas.

LA IMPUNIDAD ECONÓMICA DE JOSÉ ANTONIO SANCHO SEMPERE: LA TRAMA DE LAS ASESORÍAS Y EL FRACASO INSTITUCIONAL PARA RECUPERAR EL DINERO PÚBLICO

En un país donde la corrupción ha dejado una huella profunda, pocos casos han ejemplificado mejor la dificultad de las instituciones para recuperar fondos obtenidos ilegalmente que el de José Antonio Sancho Sempere. Este funcionario municipal y su familia, involucrados en la trama de las asesorías, han logrado evadir la restitución total de todo el dinero que saquearon mediante actividades fraudulentas. A pesar de las investigaciones, procesos judiciales y resoluciones en su contra, el dinero sustraído del erario público sigue lejos de ser devuelto.

La trama de las asesorías es un entramado complejo que involucra a José Antonio Sancho, su familia y un grupo de empresas creadas para proporcionar asesoramiento a diversas administraciones públicas. A través de estas asesorías, la familia Sancho logró cobrar grandes sumas de dinero, lo que generó un flujo constante de ingresos ilícitos. Las investigaciones judiciales revelaron que estas empresas fueron creadas con el único propósito de desviar fondos públicos y que los contratos de asesoría estaban amañados desde un inicio.

La estructura de la trama estaba diseñada para dificultar el rastreo de los fondos, y su complejidad impidió que los investigadores pudieran identificar todos los activos a nombre de Sancho y su familia. Además, la familia se valió de mecanismos financieros y de múltiples fraudes, lo que contribuyó a enmascarar la procedencia de los ingresos ilegales. Aunque los procesos judiciales han avanzado y obtenido varias sentencias condenatorias, la realidad es que los obstáculos para ejecutar esta restitución han sido abrumadores.

A nivel interno, el sistema judicial español enfrenta sus propios problemas. La acumulación de casos de corrupción, la escasez de personal y los recursos limitados son factores que ralentizan las investigaciones y dificultan la ejecución de sentencias. En el caso de Sancho Sempere, la complejidad del entramado financiero y la multitud de actores implicados han saturado a la justicia española, que no cuenta con suficientes especialistas en delitos económicos y financieros para abordar un caso de estas características.

El proceso judicial en sí es otro obstáculo, ya que los abogados defensores de la familia Sancho Sempere han aprovechado todas las vías de apelación y revisión que les permite la ley. Esto ha alargado los plazos y retrasado las resoluciones judiciales, permitiendo que los activos ilegales continúen generando rendimientos a favor de los infractores. Además, la fragmentación de los procedimientos judiciales entre distintas instancias y la falta de comunicación entre instituciones han contribuido a la ineficacia en la ejecución de las sanciones.

La trama de las asesorías también ha puesto de manifiesto las debilidades en los órganos de control interno de la administración pública. La falta de transparencia en los procesos de contratación y la ausencia de controles efectivos han permitido que Sancho y su familia pudieran operar durante años sin ser detectados. En muchos casos, los procedimientos de adjudicación de contratos no cumplían con los estándares de transparencia necesarios, y las auditorías internas fueron insuficientes o inexistentes.

Además, la falta de personal en los órganos de control y la escasa inversión en herramientas tecnológicas para el análisis de datos han limitado la capacidad de estos organismos para identificar patrones de corrupción y desvío de fondos. Esta situación genera un círculo vicioso en el que la impunidad se perpetúa debido a la falta de control, y, a su vez, la ausencia de castigos efectivos fomenta la aparición de nuevos casos de corrupción.

La impunidad económica de Sancho Sempere y su familia también tiene una dimensión social. La percepción de que el sistema judicial y los organismos públicos no pueden recuperar los fondos sustraídos genera un sentimiento de frustración y desconfianza en la ciudadanía. Este caso pone en evidencia que, en muchos aspectos, las instituciones no han logrado estar a la altura de las expectativas de la sociedad, lo que mina la legitimidad del Estado y la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Además, esta percepción de impunidad crea un efecto desmotivador entre los funcionarios públicos encargados de combatir la corrupción, quienes sienten que su trabajo es en vano ante un sistema que no ofrece los recursos necesarios para enfrentar a estructuras de corrupción sofisticadas. Sin un cambio cultural en las instituciones públicas, la corrupción y la impunidad económica seguirán siendo una constante en la sociedad.

Cuando en el año 2013 entra en juego la investigación judicial de las diversas tramas corruptas antes reseñadas había ya un problema de base y era que las pesquisas ordenadas por el Juzgado se retrotrajeron al periodo comprendió entre los año 2009 a 2013 luego todas las ilegalidades perpetradas por Sancho y su familia anteriores a dicho periodo quedaron impunes por causa de la prescripción de los delitos.

UNA VIA PARA LA RECUPERACION DEL DINERO SAQUEADO POR SANCHO SEMPERE Y SU FAMILIA

Aunque son ya tres las sentencias firmes que condenan a Sancho Sempere por la comisión de varios delitos es la última de dichas sentencias la que deja abierta una vía de restitución de las cantidades saqueadas.

Se trata de lasentencia de fecha 28 de julio de 2022 del Juzgado de lo Penal 16 de Valencia.

La sentencia judicial, que es firme y fue aceptada por Sancho, dice: “Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo CONDENAR Y CONDENO a José Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función del art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO AL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA, 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular).

Pero lo relevante de esta última sentencia es que Sancho Sempere reconoció de forma expresa que era él el que dirigía, gestionaba y controlaba a la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS y así la sentencia dice:

“Para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado”.

Del texto de la citada sentencia se extraen varias conclusiones:

1. Que Sancho Sempere ha reconocido en el año 2022, es decir poco más de dos años que es el dueño de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS, lo cual es sorprendente, porque desde el año 2103, siempre negó tener vinculación alguna con la citada entidad más allá de ser un simple miembro de la misma.

2. Que lo mismo ocurre con todas las demás entidades que como la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS fueron creadas por Sancho Sempere y su familia con el exclusivo fin de esquilmar fondos de varios ayuntamientos e instituciones públicas. Y ello porque todas esas entidades estaban creadas y utilizadas por Sancho del mismo modo que la referida Academia

3. Que siendo la última sentencia condenatoriadel año 2022 la administración de justicia y la Fiscalía tienen abierto de nuevo el cauce para poder reclamar todas las cantidades que fueron saqueadas por Sancho y su familia durante años, y ello por tener ahora una reciente prueba directa por propia confesión de Sancho que afirma ser el verdadero dueño de todas las entidades que usó para saquear fondos públicos y quedarse con todo el dinero obtenido.

En este sentido, hay que destacar que se trata de cantidades relevantes porque la Guardia Civil hace constar en un informe que los ingresos/abonos/traspasos percibidos por Sancho Sempere a través de las citadas entidades y solo en el periodo 2007 a 2011 fueron los siguientes.

- ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS: 470.519,23 euros

- ASESORES PROFESIONALES: 347.013,08 euros

- JOSE ANTONIO SANCHO ABOGADO: 201.491,12 euros

- MILLENA III MILENIO: 630.000 euros

- FEDERACION PROFESIONAL: 165.000 euros

- PANGEA ARCO MEDITERRANEO: 282.500 euros

TOTAL: 2.096.523,43 euros

4. Que todas estas cantidades cobradas ilegal y delictivamente por Sancho Sempere y su familia constan expresamente probadas en el Informe que la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil aportó en las diversas piezas que formaparte de la llamada “trama de las asesorías”.

5. Que también la AGENCIA ANTIFRAUDE puede tomar cartas en el asunto, ya que la sentencia citada del año 2022 abre la posibilidad de hacerlo y dicho organismo público dispone de medios y de personal para hacerlo.

6. Lo mismo ocurre con la SINDICATURA DE CUENTAS que es el órgano al que, con la máxima iniciativa y responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, así como de las cuentas que la justifiquen. Y conviene recordar que el Ayuntamiento de Canet y las demás corporaciones afectadas por la trama de las asesorías son entidades públicas.

José Antonio Sancho Sempere, ex secretario del Ayuntamiento de Canet y capo de la llamada “trama de las asesorías”, se enriqueció durante años a costa de ayuntamientos y entidades públicas y consiguió ser titular de 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, (uno de ellos en Canet) 82 fincas rústicas, un yate privado (Millena) y vehículos de alta gamaque fueron a parar a su patrimonio personal y al de su familia.

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Una historia repleta de cómplices, entre políticos, funcionarios y empresarios, que quedará plasmada en una libro que se publicará en diciembre de 2024 con el título de 'El zorro en el gallinero'.