El ex secretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, cabeza visible de la llamada "trama de las asesorías", se enriqueció a costa del Ayuntamiento mientras los interventores miraban para otra parte

El ex alcalde socialista, el ex interventor, el ex secretario, el ex alcalde popular y el ex edil y amigo de Sancho, Carlos Julián, en un pleno municipal de Canet. EPDA

El ex secretario del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, cabeza visible de la llamada “trama de las asesorías”, se enriqueció a costa del Ayuntamiento de Canet mientras los interventores de la Corporación miraban para otra parte. Como ya hemos publicado recientemente, Sancho Sempere tejió una espesa tela de araña que envolvió a políticos adictos, empresarios ambiciosos, funcionarios proclives y familiares íntimos, que acabaron beneficiándose de los favores recibidos y que supuso un enriquecimiento personal de Sancho Sempere por valor de más de un millón de euros en efectivo mas otros bienes materiales de diversa naturaleza.

Según las investigaciones llevadas a cabo por la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia a instancia de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, durante el periodo comprendido entre los años 2000 a 2015 Sancho Sempere acumuló un colosal patrimonio compuesto por 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, 82 fincas rusticas, vehículos de alta gama y un yate privado (al que puso como nombre Millena que era una de las asociaciones que controlaba para sus manejos corruptos).

Sancho Sempere como consecuencia de las graves irregularidades observadas fue encausado judicialmente y posteriormente condenado a pena de prisión. La primera de dichas condenas fue acordada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que también condenó a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García Castellar. Ambos fueron condenados por el delito de cohecho.

Esta sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia fue recurrida por vía de recurso de Casación ante el Tribunal Supremo que resolvió de forma definitiva la cuestión en la

Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016, desestimando el recurso de casación interpuesto por Sancho Sempere y ratificando la sentencia de la Audiencia que decía: “Debemos condenar y condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio Sancho Sempere, y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García Castellar; imponiendo a ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas”.

La segunda de dichas condenas la dictada por el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia que en virtud de sentencia de fecha 21 de julio de 2022 condenó a Sancho Sempere por delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro delito también continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y actividades prohibidas.

La sentencia judicial que es firme y fue aceptada por Sancho, dice: “Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo CONDENAR Y CONDENO a José Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función del art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO AL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA, 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular).

Pero lo relevante de esta última sentencia es que Sancho Sempere reconoció de forma expresa que era él el que dirigía, gestionaba y controlaba a la Academia Valenciana de Juristas y así la sentencia dice: “Para ocultar su condición de director de la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado”.

Todo este entramado fue posible porque Sancho Sempere contó con colaboradores situados en sitios estratégicos y porque creó un sistema de saquear fondos públicos que no fue objeto de atención por los interventores municipales, una pata fundamental en un Ayuntamiento para velar que los pagos que se realizan están justificados y se hacen conforme a ley.

Y surgen las siguientes preguntas:

En la trama de las asesorías investigada por la justicia ha quedado probado que el Consistorio estaba en manos de un chiringuito de Sancho, la Academia Valenciana de Juristas, que se quedó con los servicios jurídicos -hasta el 2015- gracias a concursos negociados sin publicidad gestionados por su hija Carmina y su amigo Salvador Vidal y que estaban amañados, al invitar en 2011 y 2013 al propio Sancho a través de su empresa José Antonio Sancho Abogado SLP y a la mujer de éste, Amparo Sancho González, respectivamente. En definitiva, todo un sistema perfectamente organizado para controlar el Consistorio y, de paso, sacar dinero público.

Esto al parecer no importaba nada a los interventores municipales.

Pero conviene recordar que según varias leyes que integran el ordenamiento jurídico español, los ciudadanos estamos obligados a poner en conocimiento de las autoridades correspondientes todos los delitos de lo que tengamos conocimiento.

Este principio tiene mayor relevancia para los funcionarios públicos por razón de sus cargos oficiales y de sus competencias dentro de la administración pública y más en concreto dentro de la administración local.

Pero el principio, por ello, es mucho mayor cuando se trata de interventores municipales que, además de ciudadanos y funcionarios públicos, tienen funciones de control de la contabilidad municipal y de la ordenación de cobros y pagos con dinero de las arcas municipales. Es más, según la gravedad de la inacción, tales interventores pueden haber cometido, presuntamente, un delito de omisión del deber de perseguir delitos, castigado con penas severas en el Código Penal cuyo artículo 408 dice: “La autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables, incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.”

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